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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

¿Pueden las normas municipales limitar la inversión privada? ¿Es posible que soluciones inadecuadas a problemas distritales colisionen con la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Tienen las municipalidades incidencia en la generación de riqueza y en la recaudación fiscal? A veces no llegamos dimensionar el verdadero impacto que llegan a tener algunas disposiciones en la economía y subestimamos los grandes problemas que pueden llegar a ocasionar para el desarrollo del Perú.

Los gobiernos locales hacen un uso indiscriminado de ordenanzas municipales y decretos de alcaldía para regular de la manera más variopinta situaciones que debieran ser reguladas por el gobierno nacional de manera estandarizada. Este poder en mano de funcionarios inexpertos y poco profesionales, como los que ocupan cargos en varios distritos, representa una verdadera barrera a la inversión y entorpece el ambiente de negocios.

Hemos visto autoridades municipales prohibir a empresas que asfalten las vías al frente de sus propiedades y las mantengan como trochas afirmadas para no alterar la “armonía vial” del distrito; exigirles construir áreas de estacionamiento mayores a las áreas comerciales de determinados proyectos, sin ningún sustento técnico y sobrepasando con creces las necesidades de sus negocios; o impedirles cobrar por la prestación de determinados servicios y exigirles que sean prestados de manera gratuita, como estacionamiento vehicular, valet parking, servicios higiénicos, entre otros.

La irrazonabilidad y falta de un análisis adecuado está presente en una gran cantidad de normas municipales y es la causa de que muchos proyectos comerciales no sean económicamente viables y estén “congelados”. El gobierno nacional debe dictar normas homogéneas que sean acatadas por los gobiernos locales para estandarizar estas exigencias y destrabar proyectos e inversiones que pueden contribuir a dinamizar la economía, crear nuevos puestos de trabajo formal, generar mayor riqueza y aumentar la recaudación fiscal.

¿Son conscientes el Poder Ejecutivo y el Congreso de las trabas que generan los gobiernos locales al desarrollo de negocios? ¿Existe alguna agenda política para resolver este problema? ¿Se ha pensado en alguna solución para limitar la discrecionalidad municipal? La capacidad normativa de los municipios debe limitarse al máximo para que estos sean exclusivamente órganos de ejecución y gestión. La exigencia de normas diferentes en distritos vecinos genera inseguridad jurídica, limita y distorsiona la competencia y colisiona con los objetivos del país.

Mientras las municipalidades cuenten con cheques en blanco para dictar normas a su antojo, mayores restricciones tendremos a la inversión privada. La solución a los problemas empieza por identificarlos. ¿Ya estamos en eso?