JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

El 22 de noviembre el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley presentado por el congresista Miki Torres, destinado a fomentar el mayor uso de bicicletas en el país. Aunque andar por bicicleta en la ciudad me parece una actividad temeraria, por decir lo menos, respeto el coraje de quienes se animan a hacerlo y respeto también la pasión del congresista Miki Torres por andar en bicicleta y sus deseos de que más gente lo haga.

No me molesta que la ley declare el 3 de junio como el “Día Nacional de la Bicicleta”, ni que encargue al Ministerio de Educación el desarrollo de campañas orientadas a impartir conocimientos sobre las normas de tránsito. Tampoco me molesta que se declare de interés nacional y necesidad pública la adecuación progresiva de la infraestructura urbana y de transporte para facilitar la utilización de bicicletas.

Nada de lo anterior me preocupa, por cuanto no afecta los derechos de otras personas ni impide el libre ejercicio de la actividad privada. Sí me inquieta que la ley obligue a las empresas a incentivar el uso de bicicletas por parte de sus trabajadores, principalmente porque no me parece una actividad segura, dada la falta de respeto por las normas de tránsito de los choferes y la total ausencia de una cultura de cuidado con los ciclistas.

Pero lo que me parece inadmisible, bajo cualquier punto de vista, es que la ley obligue a los empleadores privados a otorgar beneficios especiales a los trabajadores que decidan ir a laborar en bicicleta; tales como flexibilizar sus horarios de trabajo, darles días y horas libres, facilitarles duchas y vestuarios al interior de sus centros de labores; sin tener la menor idea del costo que eso significa para las empresas. ¿Por qué una empresa debe fomentar una actividad que no considera segura para su personal?

Igual de grave es que la ley obligue a las empresas a sustituir hasta el 5% de sus estacionamientos vehiculares por estacionamientos para bicicletas en un plazo de 3 años, sin dimensionar la realidad de cada empresa y de cada distrito; obligando a las municipalidades a que exijan este requerimiento para toda construcción nueva, a quienes los costos de inversión en infraestructura privada no importan en lo absoluto.

¿Se ha estimado cuánto costará al sector privado hacer estas adecuaciones y mejoras en beneficios laborales? ¿Qué criterio de razonabilidad ha seguido el Congreso para establecer el límite de hasta el 5% de conversión de estacionamientos para vehículos por bicicletas? ¿Se ha reparado en que son los municipios quienes exigen el número de estacionamientos para cada obra nueva, y que esto ya representa una de las principales barreras burocráticas que frenan el desarrollo de la infraestructura comercial del país?

Si el Congreso todavía no se ha hecho estas preguntas, aún no es tarde. Pero la pregunta más importante que debe hacerse es: ¿Contribuye esta ley con el objetivo de Estado de reducir la informalidad, o está imponiendo requisitos y obligaciones a las empresas que sólo aumentarán más la brecha, debido a la imposición de mayores sobre costos laborales y empresariales?