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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

No se trata de un resultado estadístico ni de un análisis económico. Se trata de una realidad legal que aplica a todas las personas contratadas en el sector privado de manera formal, con hijos menores de edad. Evidentemente, no aplica para trabajadores contratados de manera informal ni del sector público.

En 1989, el Congreso de la República aprobó una ley mediante la cual dispuso que los trabajadores con uno o más hijos menores de 18 años tengan derecho a percibir el equivalente al 10% del sueldo mínimo por concepto de asignación familiar. Dicho beneficio podía extenderse por seis años adicionales, si alguno de los hijos cursaba estudios superiores o universitarios.

Un año después, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un reglamento determinando que la asignación familiar debía ser considerada como parte de la remuneración, obligando a incluirla como base de cálculo para el cómputo de beneficios sociales, encareciendo así los costos de contratación laboral de las empresas.

Si bien el sueldo mínimo es en la actualidad de S/930 mensuales, la asignación familiar genera que las personas con hijos ganen un mínimo de S/1,023 al mes, que debido al aumento en remuneraciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones, representa un ingreso adicional de hasta S/1,395 al año por trabajador, pese a realizar exactamente las mismas funciones que quienes no tienen hijos.

Independientemente de lo discriminatorio que resulta esta distinción salarial entre trabajadores que realizan una misma función laboral por el hecho de tener hijos o no, lo cierto es que la asignación familiar fue impuesta por el Congreso y solo éste la puede modificar o eliminar. Sin embargo, no es legal ni razonable que el MTPE le haya otorgado carácter remunerativo, encareciendo el costo de la planilla en más de S/1,500 al año por trabajador, debido al sobrecosto de beneficios sociales y contribuciones adicionales a la seguridad social.

La ley y la doctrina son unánimes en señalar que la “remuneración” es la “contraprestación” por los servicios que brinda un trabajador, y no por el número de hijos que tiene. Otorgarle carácter remunerativo a la asignación familiar excede lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso y constituye una barrera burocrática que debe ser eliminada, dado que encarece los costos de contratación hasta en un 2.36% por trabajador, fomentando la informalidad en beneficio de una reducida minoría de trabajadores formales con hijos.

Los principales afectados por esta medida no son solamente los ocho millones de empresas del país que no pueden formalizarse debido a los altos costos laborales, sino los 12 millones de trabajadores que no están en planilla y carecen de beneficios sociales debido justamente a estos sobre costos. Como toda medida populista, el efecto esperado termina siendo mucho más pernicioso que beneficioso para la población. ¿No es ésta una reforma en la que debería pensar el ministro de Trabajo para abaratar sobrecostos y reducir la informalidad laboral?