JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Recuerdo que cuando era niño, algunas noches antes de dormir le preguntaba a mis padres si podía dejar la luz de la habitación prendida. No recuerdo bien a que le temía. Imagino que simplemente a la oscuridad. Nunca me dijeron que no, pero en las mañanas cuando despertaba, la luz siempre estaba apagada.

La única razón que encuentro para ello, es que mantener la luz encendida pudiera haber significado un gasto innecesario de electricidad. Siendo así, no logro entender la razón por la cual la Municipalidad de San Isidro – MSI exige que se le solicite un permiso para dejar encendidas durante la noche las luces de las fachadas de los edificios; si no es ella quien paga las cuentas de luz.

A mediados de año, Inmobiliaria Quetzal S.A. se vio en la necesidad de presentar una denuncia de barreras burocráticas ante el INDECOPI contra la MSI, para que se declare ilegal la exigencia de tener que tramitar un permiso que le permitiera mantener prendidas durante la noche las luces instaladas en la fachada de su edificio.

Según indica en su denuncia, la municipalidad le impuso una multa por no haber obtenido una autorización previamente, y la conminó a apagar sus luces hasta que la consiguiera. Lo más curioso es que este requerimiento tuvo lugar inmediatamente después de que la propia municipalidad emitiera un informe técnico en el que dejaba constancia de que el sistema de iluminación del edificio no generaba impacto negativo alguno.

¿Por qué razón se exigía entonces tramitar este permiso? Si el impacto hubiera sido negativo y se estuvieran vulnerando derechos de terceros, ¿podría acaso mantenerse esta situación con un simple permiso municipal?. La verdad es que no encuentro hasta ahora explicación razonable. Tampoco la encontró el INDECOPI durante el proceso de investigación, y es por ello que emitió la Resolución N° 0524-2018/CEB, declarando ilegal la exigencia y obligando a la MSI a abstenerse de continuar exigiendo dicha medida.

Quizás lo único que explique este actuar municipal tan absurdo, es que existe un afán desmedido por regular hasta el más mínimo detalle, y una falta de conciencia absoluta respecto a la competitividad que pierde nuestro país con cada trámite, cobro o requisito que crean las autoridades. Hemos tocado el fondo de la irracionalidad. El nivel de discrecionalidad que han alcanzado las municipalidades para crear trámites y cobrar por ellos, genera en las personas y empresas tanto o más temor que el que siente un niño a la oscuridad antes de dormir. Si las autoridades comprendieran esto, quizás dejaran de comportarse como monstruos.