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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Según estadísticas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el mes de diciembre los incendios suelen incrementarse hasta en un 30%. En los últimos cinco años esta cifra ha ido en aumento, y el 2018 ha batido el récord de incendios a nivel nacional. Solo hasta noviembre ocurrieron 12,175 siniestros, que supera la cifra registrada durante todo el 2017. Para diciembre de este año se espera atender aproximadamente 1,500 emergencias de este tipo.

La única manera de disminuir la cantidad de incendios es adoptando medidas de prevención y fiscalización contantes, que creen conciencia respecto de estos riesgos y de la cercanía de los gobiernos locales para supervisar el cumplimiento de las normas orientadas a mitigarlos. No obstante, nuestro país ha optado por un sistema de inspecciones inadecuado, que privilegia la recaudación de tasas y la realización de trámites, por encima de un riguroso control de seguridad.

Desde 1989 las empresas se han visto obligadas a acudir a las municipalidades cada cierto tiempo, para pedirles que inspeccionen sus establecimientos y les emitan un certificado, a cambio del pago de una tasa que les permita continuar funcionando durante toda su vigencia. La temporalidad de estos certificados ha tenido siempre un efecto adverso, porque relaja las inspecciones y controles de seguridad por parte de las autoridades, hasta el tiempo de su renovación. Ello facilita a las empresas burlar las normas, por cuanto saben que no volverán a ver a un inspector hasta que les toque obtener un nuevo certificado.

Por si fuera poco, el trámite es una fuente generadora de corrupción, ya que cada inspector que visita un local suele tener “criterios” distintos al anterior, y no debe sorprender que interprete las normas de una manera diferente. Tras cada inspección las empresas deben incurrir en cuantiosos gastos para satisfacer las exigencias del inspector del momento; o, ceder ante la extorsión para poder conseguir el dichoso papel que, enmarcado en un cuadro barato, les permitirá continuar operando por los siguientes dos años.

En el 2014 la renovación de los certificados fue declarada una barrera burocrática ilegal, y poco tiempo después fue eliminada de nuestro sistema jurídico; obligando a las municipalidades a fiscalizar constantemente a los establecimientos, sin previo aviso. Ello no sólo dejó sin efecto un trámite absurdo y costoso, sino que creó una sensación de alerta permanente que obligaba a las empresas a estar preparadas para cualquier inspección sorpresa. La medida fue saludada por todos los sectores empresariales y significó un importante avance en la desburocratización del país.

No obstante, tras el incendio ocurrido en el centro comercial Larcomar a fines de 2017, diversas autoridades ediles aprovecharon las cámaras para culpar del siniestro a la eliminación del trámite de renovación de certificados; y recuperar de esta manera los recursos económicos que perdieron. Sin mayor análisis, el Congreso de la República aprobó una ley que obligó nuevamente a las empresas a tramitar certificados cada dos años, aduciendo que de esta manera tendríamos menos incendios. Lamentablemente, tal y como lo demuestran las estadísticas, el Congreso una vez más se equivocó.