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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

¿Permitiría que sus trabajadores acudan a laborar estando enfermos? Aunque le cueste aceptarlo, la respuesta es sí. Estar sano nunca ha sido un requisito para trabajar ¿Por qué exigir entonces carnés de sanidad que acrediten el estado de salud de las personas?

Una persona sana es aquella que goza de perfecto estado de salud. En un sentido técnico, cualquier alteración fisiológica, leve o grave, califica como una enfermedad. La diabetes, el asma y la hipertensión son ejemplos de enfermedades; pero sin duda no le negaría el trabajo a alguien por ser diabético, asmático o hipertenso. La gripe, la conjuntivitis o el sarampión; en cambio, son enfermedades pasajeras que nadie quiere en su centro de trabajo.

¿Qué diferencia hay entre uno y otro tipo de enfermedades que hace a unas más tolerables que a otras? La respuesta es la indisposición física y la capacidad de contagio. Si los trabajadores afectados con una enfermedad pueden transmitirla a terceros, sin duda preferirá que se queden en casa hasta que la enfermedad pase. Los propios trabajadores preferirán no acudir a laborar por sentirse indispuestos y usted preferirá que descansen hasta recuperarse por completo.

Siendo así, no es difícil entender por qué la exigencia de carnés de sanidad carece de sentido. La certificación del estado de salud de una persona en un determinado momento, no evita que pueda adquirir una enfermedad contagiosa al día siguiente de haber sido certificado ¿De qué le sirve a alguien un carné de salud que indica que se encuentra apto para trabajar si es que a la semana siguiente contrae varicela?

La certificación del estado de salud de las personas y el requerimiento de carnés de sanidad es un despropósito. Es por ello que el artículo 13° de la Ley General de Salud prohíbe a las autoridades su exigencia. Sin embargo, muchas municipalidades del país requieren que todos los trabajadores que atienden al público obtengan y renueven cada seis meses un carné de sanidad, bajo apercibimiento de ser multados.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, exige para la emisión de dichos carnés un pago aproximado de S/ 20 y la realización de una serie de evaluaciones consistentes en “un examen médico, muestra de sangre y examen para descartar enfermedades de transmisión sexual”; para de esta manera certificar que una persona se encuentra “en condiciones óptimas para desarrollar sus actividades”. Como si la preocupación fuera que las personas que atienden al público fueran a tener sexo entre ellas o con sus clientes.

Estas exigencias han sido declaradas ilegales en múltiples oportunidades por el Indecopi, pero aun así continúan siendo exigidas por los municipios que se aprovechan del desconocimiento de la ciudadanía. Lo más grave de esta situación es que un grupo de congresistas de Nuevo Perú ha cedido ante el lobby de los alcaldes y ha presentado el Proyecto de Ley N° 3700-2018-CR, para modificar la Ley General de Salud y permitir que las municipalidades continúen exigiendo dichos carnés y cobrando por ello.

De aprobarse este proyecto de ley no solo retrocederíamos todo lo avanzado en la desburocratización de estas actividades; sino que legalizaríamos una exigencia totalmente absurda en perjuicio de toda la población laboral que atiende al público; y que no otorga garantía alguna a los consumidores. Nadie quiere personas con enfermedades contagiosas atendiendo al público, pero los carnés de salud no son la solución. Digámoslo claro: los carnés de salud solo sirven para cobrar por un trámite que permite a los municipios captar más recursos económicos a costa de los trabajadores.