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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Determinar las penas con las que deben ser sancionados los delitos es uno de los temas más apasionantes y complejos de la criminología. Medir la intensidad de un castigo para que no sea solamente una sanción, sino un mecanismo de coerción que desincentive la comisión de actos ilícitos es una ciencia que demanda un alto grado de razonabilidad.

La razonabilidad es un principio elemental del derecho sancionador del que se desprenden dos lineamientos rectores. El primero es que todo castigo debe evitar que la comisión de una infracción resulte más ventajosa que la sanción. El segundo, que toda sanción debe ser proporcional a la infracción, considerando la gravedad del daño, el perjuicio causado, el beneficio obtenido, la intencionalidad y la eventual reincidencia del infractor. Ambos lineamientos deben observarse de manera conjunta, para evitar sanciones irracionales.

Pero el principio de razonabilidad no es exclusivo del Derecho Penal. Es extensivo a todo ámbito en el que existe un poder sancionador, impuesto por ley o por consenso. En el ámbito civil, por ejemplo, debe ser aplicado para determinar las penalidades derivadas de un incumplimiento contractual; en el ámbito laboral, para determinar la sanción que impone un empleador a un trabajador por incumplir sus funciones; y en el ámbito administrativo, para determinar las multas que aplican las entidades públicas a los administrados por incurrir en infracciones normativas.

No es razonable resolver el contrato de compraventa de un inmueble por una luz que no prende, tampoco despedir a un trabajador por llegar cinco minutos tarde, ni multar a una persona con más de lo que puede ganar en un mes por pisar el césped. Ninguna de estas conductas es razonable porque a pesar de cumplir con desincentivar las conductas punibles, resultan completamente desproporcionadas a la infracción cometida. Sin embargo, esta falta de razonabilidad es cada vez más usual en el Estado y la imposición de multas que no guardan proporción con la infracción se ha convertido en una regla común.

¿Cuál debiera el castigo por emitir un comprobante de pago con un pequeño error de forma en su contenido, como consignar en la dirección la palabra “calle” en lugar de “jirón”, u omitir consignar la numeración interior de un local ubicado en una galería comercial? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) sanciona esta infracción hasta con cuatro días de cierre del establecimiento, sin importar la envergadura del daño económico que puede sufrir la empresa por dicha medida.

Está claro que este tipo de sanciones desincentivan la comisión de infracciones, pero su desproporción las convierte en actos de abuso. Son este tipo de acciones las que ahuyentan a los empresarios del mundo formal y generan fundados temores ante la irracionalidad a la que pueden llegar las entidades de gobierno. Tan importante como la simplificación administrativa es revisar la racionalidad del poder punitivo del Estado, para fomentar una mayor inclusión empresarial al mundo formal.