JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

En una escena de “El Hombre Araña”, Peter Parker conversa con su tío Ben al interior de su auto sobre una pelea que tuvo en la escuela, en la que derrotó vergonzosamente a su compañero de clases. Durante la conversación, el tío Ben intenta hacer reflexionar a Peter sobre el hecho de que poder vencer a alguien no le da derecho a hacerlo; y es en ese momento en que le transmite una importante enseñanza: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La frase pertenece al ex presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt; y si bien se refería al poderío bélico de los Estados Unidos, podemos extrapolarla e intentar aplicarla a la política peruana.

Muchos de nuestros gobernantes son conscientes del enorme poder que adquieren cuando acceden a un puesto público, pero muy pocos advierten la gran responsabilidad que dicho poder conlleva. Recientemente, más de 1,800 ciudadanos de a pie se han hecho alcaldes de todas las jurisdicciones de nuestro país, adquiriendo con ello un poder que nunca antes habían tenido. De un día para otro, amanecieron con una investidura que los facultó a regular, fiscalizar y sancionar la conducta de todas las personas y empresas que habitan en sus distritos.

La gran mayoría de ellos – sin contar con experiencia previa en un puesto similar – ha hecho extensivo ese poder a un gran número de personas, menos experimentadas aún, que se han hecho cargo de las diferentes gerencias municipales, y que tampoco son conscientes de la responsabilidad que viene aparejada al poder que les ha sido transferido.

La consecuencia de esta abrupta toma de poder por personas con poca experiencia y escasa conciencia de su responsabilidad, no se ha hecho esperar. A pocos días de iniciado el año, hemos presenciado el cierre intempestivo de diversos establecimientos; como centros comerciales, supermercados, restaurantes, tiendas por departamentos, almacenes y centros de distribución; por causas que fueron subsanadas en pocos minutos y que no representaron peligro alguno para la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Todas estas clausuras fueron ejercidas como mecanismos de coacción para forzar el pago inmediato de multas, sin un procedimiento sancionador donde pudiera ejercerse el derecho de defensa, bajo apercibimiento de mantener el establecimiento clausurado. Estas medidas fueron dictadas sin consciencia del enorme daño económico y reputacional que generan a las empresas, sus trabajadores y proveedores; y con un desconocimiento absoluto de la ley.

Una orden de clausura sólo puede ser impuesta como sanción, luego de haberse seguido un procedimiento en donde la empresa afectada haya tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente, presentando sus descargos a las infracciones que se le han sido imputadas, y habiendo sido evaluados mesuradamente por la autoridad.

De manera muy excepcional, la clausura de un establecimiento puede ser impuesta transitoriamente, cuando su funcionamiento está prohibido por ley o constituye un peligro inminente para la seguridad, la propiedad privada, la seguridad o la tranquilidad públicas. Así lo establece el artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades, y una clausura que no se encuentre amparada en él es tan abusiva como ilegal.

No hay nada más condenable y reprochable que el uso abusivo del poder. El accionar irresponsable de un funcionario público puede ocasionar daños irreparables a las personas y empresas sin consecuencias para su opresor. Cuán deseable sería que todos los alcaldes de nuestro país y sus gerentes municipales vieran al menos una vez la película de El Hombre Araña, y prestasen mucha atención a la enseñanza del tío Ben.