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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Éste es el principio constitucional sobre el que descansa nuestra libertad, y demarca los límites de lo que pueden hacer las personas y empresas en nuestro país. Sin embargo, su aplicación está circunscrita al sector privado, y no es extensiva a las entidades del Estado.

El sector público no goza de las prerrogativas de las que goza el sector privado, sino que cuenta con menos libertades y se rige por un principio de legalidad mucho más restrictivo, según el cual la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades“. 

En otras palabras, mientras los privados pueden hacer todo aquello que no está prohibido; las entidades públicas pueden hacer sólo aquello que les está expresamente permitido por ley. Lamentablemente muchas autoridades son ajenas a este principio elemental de la administración pública; y se aventuran a emitir normas y dictar disposiciones excediendo sus facultades.

Es común encontrarnos con este tipo de excesos, sobre todo en el ámbito municipal, donde la mayoría de peruanos desconocen sus derechos frente al Estado. Algunos de los excesos más recurrentes que generan gastos de tiempo y dinero a las empresas de manera ilegal son los siguientes:

Exigencias de carnés de sanidad.- Esta es una práctica ilegal en la que incurren muchas municipalidades, y que está prohibida por el artículo 13° de la Ley General de Salud. Ha sido declarada barrera burocrática en múltiples ocasiones y nadie está obligado a cumplirla. Si eres víctima de esta exigencia puedes denunciarla ante el Indecopi.

Renovaciones de licencias y permisos.- La imposición de plazos de vigencia a licencias y permisos municipales está prohibida por el artículo 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo que determina que exigir la renovación de licencias de funcionamiento, autorizaciones de anuncios de publicidad, entre otros; sea una práctica contraria a la ley, que puede ser denunciada.

Instalación de sistemas de vídeo vigilancia.- Otra exigencia que cuesta mucho dinero a los emprendedores, es la instalación en locales comerciales de sistemas de vídeo vigilancia, con calidad de alta resolución y capacidad de almacenamiento de varios días. Ninguna municipalidad está facultada a realizar esta exigencia por lo que también puede denunciarse.

Certificados de sanidad ambiental.- También es común enfrentarse a requerimientos de certificados de sanidad o salubridad ambiental renovables cada seis meses, que acrediten una inspección municipal del establecimiento comercial. Esta práctica carece de un sustento legal que le otorgue validez, y puede ser denunciada.

Número mínimo de estacionamientos.- Otro requerimiento común es el de tener que arrendar espacios para estacionar en playas de estacionamiento cercanas, o contar con servicio de valet parking, para cumplir con las normas impuestas por la municipalidad. Estas exigencias son ilegales, y también pueden ser denunciadas.

Lo más grave es que en la mayoría de casos, la ilegalidad de estas exigencias es desconocida por la población; quien cumple con estos mandatos ilegales e irracionales sin saber que tienen derecho a no hacerlo. ¿Cómo poner fin a estos excesos? Requerimos que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tomen cartas en este asunto para hacer respetar los derechos de la población y denunciar a las autoridades que excedan sus funciones.