JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Finalmente el Congreso consiguió aprobar una ley orientada a acelerar el proceso de desalojo de inquilinos que ocupan inmuebles sin pagar rentas o con contratos vencidos. Fue publicada el 24 de abril de 2019, bajo el nombre de “Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial”, Ley N° 30933; y se espera que permita desalojar a los malos inquilinos en menos de un mes.

No sería justo comenzar a criticarla sin antes reconocer que se trata de un esfuerzo válido para promover la inversión inmobiliaria y fomentar el desarrollo de proyectos de construcción, que facilitarán a sus propietarios generar ingresos, mitigando sus riesgos por eventuales incumplimientos de pago. Se trata también de un intento por reivindicar los derechos de propiedad por sobre los derechos de posesión de los que gozan muchos arrendatarios que se aprovechan ilícitamente de sus arrendadores, y viven a expensas de ellos, ocasionándoles serios daños y perjuicios económicos mientras permanecen en sus propiedades sin cumplir con sus obligaciones contractuales.

Pero a pesar de los efectos positivos de esta norma, que reconocemos y saludamos; existen algunos aspectos que no podemos dejar de criticar, que establecen una serie de restricciones y barreras burocráticas que limitan la libertad contractual y encarecen el arrendamiento de inmuebles, que deben ser vistas como potenciales oportunidades de mejora. En particular, debemos referirnos a la exigencia de incurrir en sobrecostos innecesarios para la celebración de los contratos de arrendamiento, a quienes quieran gozar de los beneficios que otorga la referida ley, por cuanto obliga a las partes a ceñirse a un modelo de contrato aprobado por el gobierno o, en todo caso, a celebrarlo mediante una escritura pública y asumir los gastos que ello implica.

En efecto, los requisitos para acceder los beneficios de la Ley 30933 visten a las partes con una camisa de fuerza que las obliga a utilizar modelos contractuales impuestos por el gobierno, o a canjear su libertad contractual a cambio del pago de honorarios notariales para otorgar escrituras públicas sin necesidad alguna. ¿Qué sentido puede tener obligar a las partes a firmar un contrato conforme a un modelo preestablecido por el Estado; y al mismo tiempo darles libertad para apartarse de ese modelo siempre que lo hagan mediante una escritura pública? ¿Por qué exigir la firma de una escritura pública, que demanda un alto costo por concepto de honorarios notariales, cuando podría bastar la firma de un documento simple, como es el caso del formulario aprobado por el Estado?

Habrá que esperar a ver cómo funciona esta nueva ley en la práctica y ver si resulta atractiva o no. Pero quien quiera ver tendrá que pagar primero por su escritura pública, o adecuarse al formato de contrato que el gobierno ha impuesto. Innecesaria disyuntiva en la que nos ha puesto el Congreso, que podría haberse evitado fácilmente con una ley menos restrictiva y más asequible a la población; en otras palabras, una ley menos burocrática y más libre.