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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Cuando el presidente Sebastián Piñera anunció meses atrás la aprobación de una ley que obligaba a pagar las facturas emitidas por las micro y pequeñas empresas chilenas, en plazos máximos de treinta días; aparecieron fundados temores en el sector empresarial peruano debido a que nuestros congresistas podrían verse tentados a copiar, por razones populistas, una norma similar que sería a todas luces contraproducente para nuestra realidad económica.

Como era de esperarse, diversos proyectos de ley para emular el caso chileno no tardaron en presentarse, y ya existe un pre dictamen que agrupa a cuatro de ellos, que viene siendo revisado por la Comisión de Economía del Congreso General de la República; que es mucho peor de lo que se esperaba. No sólo se trata de un proyecto intervencionista, que atenta contra la libertad de contratación y de empresa reconocidas en nuestra Constitución; sino que lejos de ser una norma que fomente la actividad empresarial, termina desincentivándola.

A diferencia de Chile, en donde las micro y pequeñas empresas – MYPES desempeñan un rol predominante en la economía y contribuyen significativa y formalmente a su Producto Bruto Interno – PBI; en el Perú son en su mayoría informales y tienen una reducida participación de mercado. Por tanto, imponer en el Perú un plazo máximo de treinta días para el pago de sus facturas, haría que la demanda migre a empresas que no se encuentren sujetas a esa restricción; lo cual difícilmente podría ocurrir en el vecino país del sur debido a la alta penetración que tienen las MYPES en ese país.

Para evadir este incentivo perverso y evitar una posible discriminación hacia las MYPES tras la aprobación de la norma, el Congreso estaría buscando que la obligación de pago de facturas a treinta días rija también para las medianas y grandes empresas; interviniendo de esta manera en los términos de contratación entre privados que no requieren de este tipo de proteccionismo del Estado. Adicionalmente el congreso estaría evaluando la creación de un registro a cargo del Ministerio de la Producción, para inscribir en él todos aquellos contratos que contengan condiciones de pago mayores a treinta días, previa evaluación por parte del ministerio, y pese a la enorme burocracia que esto significaría.

Estas exigencias terminarían siendo mucho más gravosas que las contenidas en la propia ley chilena y nos harían perder competitividad, por cuanto sujetarían las condiciones comerciales de contratación a una aprobación gubernamental – que sería claramente inconstitucional – y ralentizarían el ambiente de negocios al obligar a las empresas a adoptar formas de contratación poco prácticas y ajenas a los usos y costumbres comerciales de nuestro país.

La adquisición de bienes y servicios, en su mayoría, no se da firmando documentos o contratos. Las transacciones suelen celebrarse de manera muy simple, mediante el envió de ordenes de compra y la posterior emisión de facturas; para luego ejecutarse con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios y el posterior pago en el plazo establecido en la orden de compra. Si el Congreso pretende que todo pago mayor a treinta días conste en un contrato especial que deba ser inscrito en un registro público sujeto a aprobación de un ministerio; obligará a las empresas a incurrir en cuantiosos gastos de tiempo y dinero para negociar y aprobar cláusulas de contratación que sólo incrementarán los gastos de abogados y dilatarán el cierre de operaciones comerciales, restando dinamismo al mercado y aumentando los costos de transacción.

Nuestro país no necesita normas que hagan más difícil contratar, ni trámites que nos hagan más lentos. Si el Congreso quiere dotar a las micro y pequeñas empresas de liquidez, esta debe darse a través de incentivos para contratar con ellas, y no de desincentivos para contratar en general. De lo contrario el Congreso terminará matando no solo a las MYPES, sino también nuestra libertad de empresa.  Esperemos que el Congreso entienda que las negociaciones entre empresas privadas deben seguir siendo privadas, por el bien de nuestra economía. Como dice el dicho, a veces más ayuda el que no estorba.