JavierDolorier
El efecto laboral Por Javier Dolorier

Estimados amigos, les propongo un ejercicio de análisis objetivo en estas horas aciagas donde el futuro de nuestro país depende de la votación del Congreso sobre el pedido de vacancia presidencial que se llevará a cabo este jueves.

Debo precisar que no analizaré el tema de fondo, respecto a si el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe ser vacado a no del cargo. Este es un tema complejo y que requiere de una evaluación detallada y con elementos de juicio que no tengo. Lo que propongo hacer un símil de los procedimientos de despido o inhabilitación de los trabajadores del Estado con el “despido” del presidente y si en este caso se están respetando las garantías del debido proceso. Propongo un análisis formal, no opinaré sobre el fondo del asunto.

En primer lugar, en el caso de los trabajadores del Estado sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728 (al igual que todos los trabajadores de empresas privadas), ellos tienen derecho a no ser despedidos sin la existencia de una causa justa, tipificada en la ley y que sea debidamente demostrada. Para ello existe un procedimiento donde el trabajador recibe por escrito las imputaciones, tiene un plazo mínimo de seis días para hacer sus descargos, puede acceder a documentos y presentar pruebas que refuten las imputaciones. Luego de ello, el empleador analiza el caso por un lapso prudencial y, en base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, decide despedir o no al trabajador.

En segundo lugar, en el caso de un trabajador sujeto al Régimen de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, tiene derecho a no ser despedido por causa legalmente prevista, a que se siga el debido procedimiento con respeto al derecho del defensa y, en caso sea sancionado, pues impugnar las sanciones y llegar hasta el autónomo Tribunal del Servicio Civil.

El tercer lugar, si a un trabajador del Estado se le inicia un procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República, éste tiene derecho a que se le presente un pliego de cargos detallado con las pruebas del auditor. Luego, el trabajador puede, hasta en tres oportunidades, presentar descargos y documentos, además de poder llegar, vía apelación, hasta el también autónomo Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas quien decidirá en última instancia si es sancionado o no hasta con la inhabilitación por cinco años.

Como pueden apreciar, en todos estos ejemplos de despido o inhabilitación de trabajadores del Estado se respetan los principios de presunción de inocencia y el debido proceso. Ahora bien, la pregunta cae de madura: en el caso de la vacancia del presidente de la República, quien según el artículo 110 de nuestra Constitución es el jefe del Estado y personifica a la Nación, ¿se está siguiendo un procedimiento que respete el derecho al debido proceso?

Antes que continuar, ¿qué es esto del debido proceso? Para explicarlo brevemente, es un derecho constitucional de toda persona a tener un juicio justo, a la presunción de la inocencia, a conocer las imputaciones de sus supuestas infracciones (es decir, de qué se me acusa), a defenderse presentando descargos y pruebas y que estás sean analizadas objetivamente, y, al final, ser objeto de una sanción razonable y proporcional. Este derecho lo tenemos todos los peruanos, incluyendo al presidente de la República.

Muy bien, cabe ahora repasar si hasta el martes 19 de diciembre, a dos días del debate en el Congreso, ¿el presidente de la República ha recibido una comunicación formal del pedido de vacancia con los argumentos de hecho y las pruebas que la sustentan? No. ¿Se le ha otorgado un plazo prudencial y razonable para poder organizar su defensa? No. ¿Se ha dispuesto la creación de una comisión especial que analice sus descargos y las pruebas que presente? No.

¿Qué es lo que aconseja el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia? En primer lugar, aceptar que debe llevarse a cabo un procedimiento de vacancia que reconozca este derecho. Que se escuche al presidente de la República, que se reciban y analicen sus pruebas y, al final, reciba un veredicto meditado y sopesado. Para ello debería formarse una comisión investigadora especial o asignar esta función a la misma Comisión Lava Jato, donde se analicen aspectos cruciales de este complejo caso. Por ejemplo, si según la ley americana la delegación de facultades de PPK (no era aún el presidente) a Gerardo Sepúlveda para que gestione Westfield es válida. Si es que la prestación de servicios de consultoría financiera de Westfield a Odebrecht fue real o sirvieron para encubrir pagos de coimas. Si es que PPK intervino de manera directa o indirecta en beneficiar a Odebrecht en los proyectos que se estaban otorgando. En qué lugar se realizaron los servicios y cuál era la norma legal aplicable. Si es que los dividendos que recibió PPK tienen relación por las consultorías de Westfield a Odebrecht y cuál fue la utilidad derivada de esas consultorías. Un largo etcétera. En suma, si hubo un acto ilegal y la cuantificación del beneficio económico que recibió PPK, que él mismo ha reconocido. Finalmente, si hubo intensión dolosa de beneficiarse de los recursos del Estado y de ocultar estos hechos.

Obviamente, todo este análisis no se puede realizar en medio de un debate parlamentario donde priman los agravios, las voces altisonantes y destempladas de uno y otro lado. Para que se llegue a una decisión meditada y ponderada, luego de un informe de comisión, debería hacerse este ejercicio de análisis que llegue a la conclusión de si los actos en que incurrió PPK hace diez años se subsumen en el tipo legal abierto de “permanente incapacidad moral”. Entonces, se ejerce la atribución constitucional del Congreso de decidir o no la vacancia, cuyo resultado podríamos estar en desacuerdo, pero tendrá que ser respetado.

Alguien dirá que el procedimiento fulminante que establece la Constitución y el reglamento del Congreso son las normas vigentes y deben respetarse tal como están previstas. Eso es cierto, pero también es cierto que en el Derecho también existen principios como la razonabilidad, la proporcionalidad y el respeto al debido proceso que no pueden obviarse. También me dirán que estamos ante una decisión política y no deben aplicarse ni la presunción de inocencia ni el debido proceso (como leí de una honorable y prestigiada dama en Twitter). Lamento decirles que el artículo 113 literal 2 de la Constitución no habla de decisión política y nuestra Carta Magna debe aplicarse en su conjunto, reconociendo el derecho de toda persona al debido proceso.

Al sol de hoy nada de esto ocurre y seguramente el jueves presenciaremos todos una fulminante y sumaria decisión de vacancia presidencial que no se habría regido por los criterios más elementales del debido proceso. Espero equivocarme.

Reitero, no estoy justificando o defendiendo los actos del actual presidente de la República (quien deberá responder ante la justicia por ellos) ni aceptando sus mal hilvanadas y endebles explicaciones, sino demostrando que existe una suerte de esquizofrenia en nuestro sistema jurídico, donde el más alto funcionario de nuestro país, el jefe del Estado, puede ser “despedido” sumariamente y vacado de la presidencia, pero cualquier otro trabajador del Estado sí tiene derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a que se demuestre su culpabilidad y que sus descargos y pruebas sean evaluados de manera objetiva.

Superados estos días, urge replantear si es que nuestra Constitución y las normas de inferior jerarquía protegen realmente la investidura presidencial o si vasta un procedimiento sumario para, de manera subjetiva y emocional, llevar a cabo un procedimiento de vacancia sin rigor ni objetividad.

Esperaremos expectantes el jueves para ver si el Congreso actúa con responsabilidad y desapasionamiento, si es que se respeta el debido proceso o si estamos ante un ejercicio más del abuso del poder.