JavierDolorier
El efecto laboral Por Javier Dolorier

Con mi hijo de quince años conversamos habitualmente sobre las teorías conspirativas y otras curiosas manifestaciones mentales de los seres humanos. Por ejemplo: la astrología, la cienciología, el creacionismo, y un largo etcétera. Pero son dos los grupos que más nos gusta comentar: los terraplanistas y los antivacunas.

Los primeros no pasan de ser una secta de despistados quienes nos dicen que en realidad la tierra es plana en base a experimentos graciosos y enternecedores. Pero los antivacunas sí que resultan peligrosos, pues rechazan cualquier tipo de vacunas para los niños pues, según ellos, son un invento de los grandes laboratorios para enriquecerse, creencia que ha ocasionado muertes terribles y absurdas y el rebrote de la sarampión en Estados Unidos.

¿Qué tienen en común ambas “teorías”? Primero, que ambas rechazan la evidencia científica y sus aportes y, segundo, que ambas aluden a una confabulación mundial de los poderes empresariales para asegurarse cuantiosas ganancias, teniendo el control de nuestras mentes y nuestra salud.

En este punto, ¿qué tienen que ver estas peregrinas teorías con la estabilidad laboral? Pues los que la defienden (a quienes llamaremos proestabilidad) parten de las mismas premisas: niegan la evidencia científica que ha demostrado que es nociva para la generación de empleo productivo y acusan a los que la rechazan de ser agentes del capitalismo que quieren perpetuar la explotación de los trabajadores.

Pues bien, y antes de avanzar, es bueno recordar que la estabilidad laboral estaba reconocida expresamente en la Constitución de 1979 pero luego fue eliminada en la Constitución de 1993. Sin embargo, en el 2001, el TC la “resucitó” mediante una “interpretación auténtica” con el llamado precedente Llanos Huasco y es el criterio que se mantiene hasta hoy: la estabilidad laboral absoluta en la regla en nuestras relaciones laborales.

¿A qué ha llevado este criterio del TC? Pues a la recurrencia indiscriminada y sin control a la contratación temporal (la cual, desde mi punto de vista, debería simplificarse y reducirse a casos específicos) lo cual ha sido demostrado claramente por el economista Miguel Jaramillo, tesis que ha sido motivo de contradicción pero nunca ha sido refutada en el fondo ni en sus conclusiones.

En resumen, la estabilidad laboral es un lastre que genera ineficiencias, nos hace menos competitivos, impide el crecimiento de las empresas y, por ende, la generación de empleo digno. La estabilidad es una entelequia jurídica que sólo está reconocida en el Perú, Bolivia, Venezuela y Zaire (República Democrática del Congo). La estabilidad laboral premia la ineficiencia y la incompetencia, hace costosísimo el recambio generacional y promueve la informalidad con todas sus perniciosas manifestaciones.

Dicen los proestabilidad que en nuestra legislación el empleador puede despedir a un trabajador fácilmente. Joseph Goebbels estaría orgulloso de esta mentira repetida, pues en el Perú real un empleador que quiera desvincular a un trabajador tendrá que negociar pagando sumas que superan largamente la indemnización y, si lo despide, pues tendrá que reponerlo y pagarle además cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante y daños punitivos (estos últimos, creación heroica de nuestro Poder Judicial).

El debate ahora adquiere actualidad, pues esta semana la congresista Úrsula Letona (con quien discrepo en casi todas sus posiciones políticas, pero ha demostrado tener las cosas claras en materia laboral), ha presentado dos proyectos de ley, uno que plantea una reforma constitucional para limitar la reposición en el empleo sólo para los casos de despido nulo[1] y otro que elimina el tope de doce remuneraciones para el pago de la indemnización por despido arbitrario (es decir, se pagaría un sueldo y medio por año de servicios sin tope alguno)[2] . Estos proyectos me merecen los siguientes comentarios preliminares:

  1. El de reforma constitucional se presenta complicado, pues requiere de una mayoría calificada de más de dos tercios del número de congresistas (es decir, 87 votos) y en dos legislaturas, siendo indispensable un consenso sostenible en el tiempo y con el apoyo del Poder Ejecutivo. Pero considero que, como en el caso de la eliminación de la célula viva, éste es un esfuerzo necesario.
  2. La redacción de la nueva norma constitucional debe ser de tal precisión que cierre por completo que cualquier “interpretación auténtica” del TC amplíe los casos de reposición al despido sin causa y al despido fraudulento. De este modo, la nueva norma constitucional debe ser rigurosamente taxativa respecto de los casos de despido nulo[3] que generan la reposición en el empleo, para así evitar que vía ley se incorporen otros supuestos de reposición (el despido incausado, por ejemplo).
  3. Eliminar el tope de indemnizaciones por despido resultaría contraproducente, pues la indemnización que se paga en el Perú es la más costosa de la Alianza del Pacífico, sin tomar en cuenta que otros países no tienen CTS, la cual supuestamente cubre las contingencias del desempleo. Este tema debería revisarse para que, por ejemplo, se incremente gradualmente según la antigüedad del trabajador.

Aun no se ha iniciado el debate, pero ya anticipo que aparecerán los más recalcitrantes proestabilidad, los agoreros del armagedón, los visionarios de las revueltas, quienes ya auguran violencia y protestas ante cualquier modificación de la legislación laboral que afecte sus intereses ideológicos. Antes de sentarse a debatir democráticamente, ya invocan a la calle como su principal argumento. Será un gran momento para poner en evidencia sus posverdades.

Recomiendo seguir con atención el avance de esta crucial iniciativa, pues la experiencia enseña que la oportunidad de aprobarla no se volverá a presentar en mucho tiempo. Será interesante conocer la respuesta del presidente Martín Vizcarra ante una medida que resultaría impopular en un contexto en el que las encuestas ya no le favorecen.

Estimados señores, estamos ante lo que se conoce como una bala de plata. Y sólo hay una bala.

Seguiremos informando.

[1] Proyecto que modifica la Constitución: “Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, exclusivamente a través de pago de la indemnización por despido arbitrario establecida en la ley. Sólo en casos de despido nulo, previstos taxativamente en la Ley, procede la reposición en el centro de trabajo.”

[2] Proyecto que modifica la Ley de Productividad y Competitividad Laboral: “Artículo 38.- La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria por cada año completo de servicios. Las fracciones de año se abonarán por dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono procede superando el período de prueba.”

[3] Actualmente, según el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es nulo el despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador, la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, el embarazo y la discriminación a portadores del VIH/SIDA.