Texto de prueba
MARZO 20, 2014
Realizado por: Matias Cardona

La historia, contada por Antonio Murciano, es más o menos como sigue. Una mujer entró al establo. “Era una mujer seca, harapienta y oscura (…) venía sucia de barro, de polvo de caminos, (…) tenía los cabellos largos, color ceniza, olor de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada y cada paso era tan lento como un siglo”. Su presencia era insólita, las profecías no decían nada de ella, tampoco las tradiciones. Por eso María tuvo miedo cuando la vio acercarse a la cuna, pero ella “… se dobló frente al Niño, lloró infinitamente y le ofreció la cosa que llevaba escondida”.

Cuenta Murciano que entonces María, asombrada, la vio bella, esbelta, luminosa y “al conocerla gritó y la llamó ¡Madre! (…) Eva miró a la Virgen y la llamó ¡Bendita!…”. Como epílogo se dice que, en el pesebre “… al fin, Dios dormido, sonreía teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida”. Hermoso poema que nos devuelve a todos en la escena de la Navidad porque, en todo este tiempo, la hemos mirado de lejos, como espectadores. Allí estaban otros en nuestra representación, primero los humildes pastores, luego los ángeles gloriosos y, a final, los reyes majestuosos. Pero no nosotros, la humanidad entera.

La presencia de Eva en la escena de la Navidad es magistral. Aun más si va para entregar al Niño la manzana prohibida. Desde que Eva le dio una mordida, como ya está grabado en nuestro ADN espiritual, dejamos de ser como ángeles, nos convertimos en pecadores y, cual simples mortales, debemos transitar por esta vida terrenal haciendo sacrificios y méritos para, ya muertos y resucitados, gozar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Jesús, el niño de la Navidad, vino al mundo entre otras cosas para habilitar los sacramentos que nos redimen del pecado. Su sacrificio y muerte fue el precio que debió y quiso pagar para eso.

Para la Semana Santa, es tiempo en el que la cultura del dolor se eleva al máximo con la adoración del Jesús Crucificado, sangrante, sufriente, humillado, vencido. La Navidad es otra cosa. Total, nace un niño y eso es siempre trae alegría. Pero para que nada empañe la fiesta, deliberadamente se omite recordar que ese nacimiento está asociado al tormento de la cruz. Murciano, con su Eva en el establo, construye otra escena: Jesús Niño ya dormido, abrazando la manzana mordida, símbolo del pecado y de su sacrificio por la redención, sonríe. Ése debiera ser el famoso “espíritu de la Navidad”.

El mensaje no es olvidar las desgracias sino tenerlas más presentes que nunca. Pero que todo el sacrificio que demande superarlas no genere fuerza bruta, rabia ni odio sino, paradójicamente, alegría, que es el verdadero alimento del alma. Y no cualquiera, sino esa alegría sublime que contagia la sonrisa de un recién nacido. Entonces, es ahora que debieran estar presentes nuestras desgracias, como la de los niños sirios heridos en Alepo en medio de una guerra que ni quieren ni entienden, o las de nuestros niños alto andinos que ya están sufriendo una sequía brutal más el friaje, desnutridos como siempre.

Enfrentar la desgracia con alegría produce esperanza, que es al fin de cuentas lo que nos mantiene vivos. Porque con ella no morimos a la primera, porque nos hace eternos aún cuando la muerte espera, porque la victoria nos sigue llamando aunque la derrota ya esté encima. Por eso también celebramos la Navidad, porque cada niño que nace, no importa cómo ni dónde, es la renovación de que todo va ir bien. Por eso regalamos a los que tenemos más cerca, como un regalo al Niño Jesús, o como se llame ese otro Dios, o esa fuerza atea interna, porque así le pedimos que, en medio de las desgracias, no nos abandone.

La Eva de Murciano es, también, un homenaje a la belleza de adentro. Eva deja de ser esa mujer sensual, avergonzada de su sexo que lo oculta tras hojas de parra. Murciano la pinta vieja de tiempo y sucia de pecado pero luego de que entrega la manzana al Niño, la despoja de toda esa fealdad y, así, María la ve tan radiante como ella misma. No era necesario que Jesús muriera en la cruz, bastaba que le sonriera. El diálogo entre ellas, “Madre” vs “Bendita”, es un reconocimiento a ese encuentro entre lo humano y lo divino, entre lo profano y lo sagrado. Y así, engendrados en nuestra otra madre Eva, asistimos todos al establo. Eramos el personaje que faltaba.

La alegría que renovamos cada Navidad no debiera ser abstracta, musical, comercial, gastronómica y festiva. Debiera ser una alegría que nos comprometa contra las desgracias propias, pero también contra las universales. Que cada quien elija sus batallas y que las enfrente con la alegría del Jesús Niño que nos regala Murciano. Quizá, ahora sí, se justifica que a los cristianos nos expropien la Navidad para convertirla en una fiesta ecuménica, porque la esperanza para luchar contra las desgracias debiera ser un derecho y una obligación de todos. Quizá así, en este mundo, se pueda vivir mejor, en paz. ¡Feliz Navidad para unos!, ¡Felices Fiestas para los demás! Para todos, un abrazo de alma y corazón.

Otro sí: el poema de Antonio Murciano se titula “La Visitadora”, ver aquí. Lo leí esta mañana, compartido por el alma sensible de Guillermo Tejeiro. Me devolvió el espíritu de la Navidad (¡Gracias Guillermo!).

Si los cinco años de gobierno de PPK fueran los 90 minutos de un partido de fútbol, ahora andaríamos por el 6’. Si a estas alturas el todavía ministro de Educación, Jaime Saavedra, hubiese cometido una falta grave —digamos una obstrucción violenta, o cortar con la mano un avance, o hacer señas obscenas a la tribuna— yo, de árbitro, no lo boto. Le habría llamado la atención, quizá con mucha energía para que la entendiese como una clara advertencia de expulsión a la siguiente, o en silencio y casi con desprecio por su vileza, le habría sacado tarjeta amarilla. Pero la roja de ‘anda vete a camarines’ de ninguna manera. Aún más, diría que cualquier árbitro sensato y con experiencia habría hecho lo mismo.

No es que el árbitro en cuestión quiera evitarse problemas a tan poco de iniciado el partido, ni que le haya sobrevenido una dosis de sabiduría y prudencia ni, mucho menos, que esté ignorando el reglamento. Ocurre que, quizá sin saberlo, ese árbitro está aplicando algunos de los principios más elementales del derecho. El primero de ellos es que las sanciones deben ser establecidas con razonabilidad, esto es, que deben ser proporcionales a la infracción. Entre infracción y sanción debe haber una relación directa. Se empieza con sanciones leves contra infracciones menores, se continúa incrementando sanciones contra infracciones mayores y, como último recurso, se prevén sanciones máximas contra los crímenes graves.

El segundo principio es que las sanciones se deben aplicar con gradualidad, que permite que la sanción establecida contra una misma infracción tenga intensidades diversas, según determinados criterios. Por ejemplo, debe tener sanción menor el que comete por primera vez una infracción versus el reincidente, el que la comete por error involuntario versus el que la realiza a propósito para obtener alguna ventaja y, en un último ejemplo, el que subsana espontáneamente la infracción versus el que se niega y debe ser forzado a corregirla. El derecho no juega como una aplicación irreflexiva de sanciones, sino que está obligado a evaluar la conducta del infractor y su contexto para incrementar o reducir la sanción.

Jaime Saavedra ha sido interpelado por el Congreso de la República por dos infracciones: la de corrupción en la compra de computadoras y la de negligencia en los planes para los Juegos Panamericanos. Advierto que estoy utilizando adrede lo de “infracciones” y no lo de “supuestas infracciones” porque, para hacer simple esta historia, asumiremos que los hechos aludidos en todas las preguntas del pliego de interpelación son ciertos, que quedan demostrados y que, además, constituyen infracciones. Lo que debiera seguir, conforme a derecho, es determinar la responsabilidad del ministro y luego elegir la sanción que corresponde aplicar con razonabilidad y gradualidad.

Hecho ese análisis queda claro que Saavedra no ha cometido directa ni personalmente ninguna de esas infracciones y que tampoco se ha beneficiado de ellas. Éste es un elemento clave porque si hubiese algún indicio probatorio de eso, lo que debería venir a continuación es un juicio político para levantarle su inmunidad y autorizar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que lo procesen como vulgar delincuente. Nada de eso ha sido siquiera insinuado en el debate y, por cierto, tampoco está en la agenda política. Lo que resulta más bien de la interpelación es que el Congreso le imputa responsabilidad política, porque tales infracciones fueron cometidas por los funcionarios bajo su administración.

Ok, la responsabilidad política también se sanciona. La censura que el Congreso propone contra el ministro es una de ellas. Pero no hay sanción más grave que esa y cabe preguntarse si la responsabilidad política de Jaime Saavedra es la infracción mayor que se puede cometer. La respuesta es obvia y clarísima: hay infracciones mucho mayores. Imaginemos, por ejemplo, infracciones similares pero, esta vez, el ministro las realiza directamente, se beneficia de ellas y una vez descubiertas, obstruye la investigación y reacciona con negligencia grave. Si a Saavedra se le censura, ¿qué sanción mayor quedaría por aplicar a ese otro ministro ‘malandrín’? La censura de Saavedra, en consecuencia, no es la sanción ‘razonable’ ni ‘gradual’.

Aquí es donde el problema deja de ser Saavedra y empieza a ser el Congreso. Al aplicar la censura, la violación de los principios mencionados produce la violación de otro más importante: el de la igualdad ante la ley, que exige tratar por igual a los iguales y desigual a los desiguales. En efecto, si se censura a Saavedra, también se tendría que censurar al ministro ‘malandrín’ del ejemplo. Sólo que, llegado el caso, habría sancionado por igual a Saavedra y al ‘malandrín’ cuando su conducta y grado de responsabilidad es diferente. Pero hay más. Como bola de nieve, la violación de estos principios de derecho trae como resultado una violación constitucional mayor: el abuso del derecho.

Una de las manifestaciones más claras de este abuso ocurre cuando un sujeto, pudiendo ejercer su derecho por distintas vías para obtener el mismo propósito, elige aquella que es más onerosa para el deudor. En esta historia, el derecho final del Congreso es exigir que se corrijan las prácticas corruptas en las compras del sector educación y se aceleren los planes para los Juegos Panamericanos. Hay abuso del derecho porque la censura elegida como sanción es la que más duele, porque se elige para hacer daño antes que para cumplir el propósito del derecho. Además esa sanción, en la práctica, es manifiestamente inútil para subsanar las infracciones cometidas.

Por último la censura será nula jurídicamente porque le faltará la ‘causa jurídica’. En derecho, para que los actos sean válidos y eficaces, tienen que ser consecuencia de una voluntad capaz de producir tales efectos jurídicos. Esa voluntad no es la intención con que se celebran los actos jurídicos, porque cada quien tendrá sus propios motivos y, en esas esferas íntimas, el derecho no se mete. La voluntad capaz de generar efectos jurídicos la determina, como no podía ser de otro modo, el derecho mismo. Así, por ejemplo, la ‘causa jurídica’ para comprar algo es adquirir la propiedad, y la de vender algo es recibir el precio. En la compraventa, esas dos voluntades se cruzan y forman el contrato correspondiente.

En nuestra historia, ¿cuál será la ‘causa jurídica’? ¿Qué es lo que, acorde a derecho, puede generar las consecuencias jurídicas de la censura? Pues no es otra que la infracción cometida. Sin embargo, si la sanción no es proporcional, porque no cumple con los principios de razonabilidad ni gradualidad, no hay una ‘causa suficiente’. Dicho en cristiano, el Congreso tiene en abstracto el derecho de aplicar la censura, pero no puede imponerla en el caso concreto de Saavedra, porque carece de una causa jurídica suficiente. Si la aplica, la censura es nula. El asunto es que el Congreso es la única instancia y Saavedra, si fuese censurado, no tendrá recurso de apelación ni instancia superior que revise su caso.

Se dirá que éste es un tema político y no jurídico. ¿Y quién ha dicho que en lo político no son aplicables plenamente los principios del derecho? Para que quede claro, nuestra Constitución divide las funciones políticas para concentrar las legislativas en el Congreso, las administrativas en el Ejecutivo y las judiciales en el Poder Judicial. Pero eso no significa que sean exclusivas. De hecho, cada poder del Estado tiene un poco de las funciones atribuidas a los otros dos. Por ejemplo, el Ejecutivo legisla cuando recibe facultades delegadas, o cuando regula asuntos aduaneros, o cuando celebra convenios internacionales y administra justicia mediante sus tribunales administrativos y los organismos reguladores. A su turno, el Poder Judicial tiene facultades administrativas para ejecutar su pliego presupuestal y legisla mediante acuerdos de la Sala Plena de la Corte Suprema, y establece normas obligatorias para llenar vacíos legales. Bajo ese diseño constitucional, el Congreso también administra justicia cuando resuelve los juicios políticos contra autoridades y, en este caso, cuando impone sanciones, como la censura.

En consecuencia, no es relevante que el Congreso sea una instancia política y que la censura sea un mecanismo constitucional expresamente previsto. Lo relevante es que se está administrando justicia y, en ella, son exigibles todas las garantías del debido proceso y el respeto a todos los principios del derecho.

En resumen, en esta historia el Congreso está ejerciendo una función judicial y, desde mi deformación profesional, veo en ella demasiadas violaciones de principios de derecho y de la Constitución. La censura a Saavedra no es una sanción razonable ni gradual, no respeta la igualdad ante la ley, constituye un abuso del derecho y es nula porque carece de causa jurídica suficiente. Entonces la censura no procede. No escribo esto en defensa de Saavedra, que su buen nombre es suficiente, sino de nuestro propio Congreso, porque lo quiero prestigiado y con autoridad; pero no hay nada que lo dañe más que actos injustos y arbitrarios. Escribo con la esperanza de que sea útil, para que esta vez el Derecho no esté al Revés.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha venido para quedarse. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), estrenando su presidencia, entre lo primero que dijo fue “el Perú entrará a la OCDE en el 2021”. Pero no es un tema de PPK. Lo cierto es que desde 1998, en el segundo de Alberto Fujimori, todos los gobiernos (todos) la han coqueteado. El romance ha surtido efecto. El ingreso del Perú ya tiene plazos fijados. El gobierno está haciendo los últimos ajustes. Pero, en verdad, no es que nosotros entremos a la OCDE, será la OCDE la que entrará en casa, impondrá nuevos criterios y tendremos que adaptarnos.

La OCDE es un club, por ahora muy exclusivo de tan sólo 34 países, pero la mitad del mundo hace cola para entrar. En América Latina sólo han sido aceptados Chile y México. Pero Colombia y Costa Rica ya están con un pie adentro y luego seguirá Perú. Un tercer grupo que ya toca puertas lo integran Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana y Uruguay. ¿Qué hace que la OCDE sea tan atractiva? Lo resumo: políticas públicas que, en una inusual combinación, generan más dinero, por un lado, y un mejor desarrollo, por otro. Algo así como el “crecimiento con inclusión” de Ollanta Humala, pero de a verdad y en serio.

Como suele suceder en este valle de lágrimas, lo mejor nace de las desgracias. El antecedente directo de la OCDE fue el Plan Marshall, esa bolsa de dinero gigantesca que Estados Unidos puso a disposición para reconstruir Europa, luego de su destrucción por la Segunda Guerra Mundial. Entonces se formó en 1948 la OCEE (la Organización para la Cooperación Económica Europea), que, dejando de lado odios y complejos de vencedores y de vencidos, descubrió lo obvio: que las economías están tan conectadas que la paz mundial sólo puede ser garantizada por el desarrollo sostenible de todos.

La reconstrucción marchaba tan bien que los aliados (Estados Unidos y Canadá) quisieron estar dentro, por lo que en 1961 la OCEE pasa a OCDE cambiando la E de Europa por la D de Desarrollo, pero ya veremos que fue mucho más que la sustitución de una letra. No obstante, el miedo a la hecatombe nuclear durante la Guerra Fría hizo de la OCDE fuese un gueto sólo para occidente. En sus primeros treinta años sólo entrarían Australia, Nueva Zelanda, Finlandia y Japón. Tuvo que desmembrarse la Unión Soviética y caer el Muro de Berlín para que la OCDE post 1990 se abriera para incorporar a lo ‘mejorcito’ del mundo.

A diferencia de los bloques políticos o económicos (Comunidad Europea o Andina, Nafta o Mercosur), que son entidades supranacionales con parlamentos para legislar normas transnacionales y tribunales para sancionar, o de las financieras multilaterales (el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF) que rescatan a países en quiebra o financian proyectos de desarrollo, la OCDE no tiene nada de eso, pero tiene un poder mayor porque estudia científicamente los problemas de gobierno, determina por ello soluciones adecuadas y busca consensos para aplicarlas. Es el poder del éxito, que seduce a quienes quieren mejorar.

En efecto, los miembros más aplicados de la OCDE han multiplicado su PBI y elevado los estándares de bienestar. El Perú quiere esas recetas. Seremos el nuevo chico del barrio, bien ‘mezcladito’ porque en temas de política fiscal vamos tan bien que nos citan como ejemplo, pero en casi todo lo demás estamos mal. Nos falta crear confianza en nuestras instituciones para reforzar la democracia, mejorar la educación, construir infraestructura y eliminar la informalidad para mejorar la competitividad de nuestra economía, e innovar para crear nuevas fuentes de crecimiento que lo hagan sostenible en el tiempo.

En esas estamos. Desde el 2008 nos han permitido participar poco a poco, y nos han invitado al Comité de Inversiones de la OCDE porque reconocían los esfuerzos del Perú para atraer inversión extranjera y el respeto a los compromisos internacionales y a los contratos con los inversionistas. En el 2012, presentamos nuestra solicitud de admisión y desde el 2013 se creó el Programa País, que es el eufemismo que utiliza la OCDE para someternos a una auditoría cruda y brutal de nuestra posición inicial. El diagnóstico vendrá con las recomendaciones mínimas que tendremos que cumplir para ser aceptados.

No es que perdamos soberanía por dejar que la OCDE dicte lo que tenemos que hacer. Es que nuestras metas nacionales van en ese camino y, voluntariamente, nos estamos sometiendo a una dieta y a un entrenamiento muy rigurosos para conseguirlas. No será fácil. Estamos muy lejos del promedio OCDE en desarrollo humano (servicios públicos), educación, confianza en las instituciones, igualdad de oportunidades, innovación, respeto a la ley, represión a la corrupción e informalidad. Los especialistas pronostican que el 2021 está muy cerca para alcanzar niveles aceptables para la OCDE.

Mi opinión: igual entraremos no más tarde del 2021. La OCDE no nos va a medir al centímetro. Sabe, por ejemplo, que si la economía peruana sigue creciendo 5% al año, demoraremos entre 20 y 30 años para conseguir el PBI per cápita promedio u 11 años para alcanzar al último de cola. En realidad, lo que se va a medir es la capacidad de construir políticas de Estado en todos esos temas en que andamos mal. Nos quieren de ejemplo: no importa cuán pobre sea un país o cuán lejos esté del desarrollo, se premiará la convicción de alcanzarlo, como un compromiso nacional, más allá de cualquier cambio de gobierno.

Eso se puede lograr en el tiempo que falta, pero requiere de una transformación profunda de nuestra manera de entender lo público. De tan obvio parece ya una estupidez reiterar que no se puede pasar la luz roja, que no se coimea a la autoridad, que no se tira la basura a la calle ni a los ríos o al mar, que no se pueden enrejar las calles, que se debe dar paso a las ambulancias y a los bomberos, que no se puede estacionar en los espacios azules para discapacitados y que se tienen que pagar impuestos. Se trata de un idioma que intelectualmente conocemos, pero que nos negamos a hablar, vaya uno a saber por qué.

No se trata sólo de un curso de educación cívica. Esta vez la letra entrará con sangre: para financiar ese enorme gasto público que supone ser una nación civilizada y los niveles de inversión pública para construir infraestructura y financiar los mejores servicios públicos, la OCDE nos va a exigir que incrementemos la recaudación fiscal desde el 18% actual al 32% del promedio OCDE. El camino ya ha empezado. Forman parte del derecho nacional las reglas OCDE para determinar los precios de transferencia entre empresas vinculadas y para interpretar los convenios para evitar la doble imposición tributaria.

Hay más. Entre las facultades legislativas delegadas que ha recibido el Poder Ejecutivo están las necesarias para reducir la informalidad y para evitar la evasión tributaria. La amnistía para reconocer fortunas ocultas, más que una facilidad para los contribuyentes, es la condición que exige la OCDE para que el Perú tenga data de calidad, para poder intercambiarla con otras administraciones, en una suerte de Sunat mundial. Seguirán la eliminación del secreto bancario y los impuestos al patrimonio y a la herencia. El futuro de nuestra modernidad, como todo en esta vida, vendrá con sus ventajas y sus costos. Nada será gratis.

En estos tiempos, la agricultura es la niña mimada, en cambio, la industria es el pariente pobre del que mejor no hablar. La agricultura moderna ha hecho lo suyo para llegar a ser tan apreciada. Convirtió tierras eriazas en campos de cultivo y, a punta de inversión e innovación, en medio de arenas y piedras, donde antes sólo se cobijaban lagartijas y arañas y no crecía ni la mala hierba, hoy florecen productos que compiten por los primeros lugares en exportación mundial. Mire usted: mangos, uvas, paltas, mandarinas, tangelos, naranjas, aceitunas, espárragos, alcachofas, pimiento y páprika.

Y no crea que allí acaba la cosa. También vienen arándanos, palmitos, quinua (¿o debemos llamarla quinoa?) y la producción orgánica de café y bananos. Los críticos dirán que son productos primarios, con un sonsonete que parece decir que en el Perú no hemos superado la etapa prehistórica de los cazadores y recolectores. Error. Ni la más avanzada innovación ha logrado que, sembrando una semilla o plantando un plantín, al cabo de unos meses tengamos productos para comer. Además, para que florezcan en medio del desierto costeño, se han tenido que implementar las mejores técnicas de regadío.

Suerte seguirán diciendo los críticos porque en el Perú hemos sido bendecidos con climas propicios. Eso es una ventaja, pero todos los países explotan las que tienen. España, por ejemplo, desarrolla su turismo porque tiene al costado alemanes, franceses e ingleses que les resulta tan barato y fácil ir a visitarla, como para nosotros ir de Miraflores a Chosica, sin tráfico. México, en otro ejemplo, desarrolla su capacidad industrial porque tiene al frente a Estados Unidos, el mayor mercado de compra del mundo. El muro que Donald Trump quiere levantar impedirá el tránsito de personas, pero los bienes se seguirán comerciando.

En cambio, nosotros tenemos los mercados lejos. El verdadero éxito de la agricultura es colocar productos frescos a distancias enormes. ¿Saben cuánto demora llevar en barco un racimo de uva cortado en Ica a una mesa en Londres o Hong Kong? Ojo, debe llegar fresco, en sabor, color y apariencia. Y más, no puede llegar cualquier día, sino el día que el supermercado (que es el que manda) quiere que llegue, porque ése es el día que ya tiene programado hace un año que venderá la uva del Perú. Más aún, sabiendo el tiempo exacto, uno no puede cosechar cuando quiera sino cuando la uva está a punto.

Para eso, los agricultores han experimentado y desarrollado técnicas que aceleran o retrasan la producción según el clima que va madurando los cultivos. Han adquirido patentes y licencias para generar productos que soportan ese juego de tiempos para cosechar. Han creado plantas de embalaje y cadenas de frío para almacenar. Se han asociado con empresas de logística para planificar embarques y vigilar técnicas de conservación durante el transporte. Han acreditado la eliminación de plagas para que los productos ya no sufran con fumigaciones o cuarentenas en su destino. Y así por el estilo.

No ha sido cuestión de tirar una semilla y esperar que llegue la cosecha. Se han modernizado las técnicas propias y se han generado cadenas de valor hacia atrás con propiedad intelectual (en un país donde nos miran muy feo por lo de la piratería digital) y hacia delante con lo de la logística y transporte (en un país que reconoce que en infraestructura estamos mal). Entonces, la agricultura ha vencido allí mismo donde el país no anda bien; ése es su mérito. Alcanzado con esfuerzo, riesgo, innovación, profesionalismo, productividad, alianzas de negocios y estrategias comerciales. Algunos lo llaman milagro.

Con esa agricultura ganamos todos. En los últimos 12 años, el valor de las exportaciones se ha cuadruplicado, el número de trabajadores se ha duplicado, sus salarios han crecido a un ritmo de 6.8% anual y la productividad por trabajador se ha incrementado en 60% (ver “La revolución verde” de Luis Carranza en El Comercio del 11 de octubre). En simple: más dólares por export, más soles por impuestos, más trabajadores ocupados formalmente y con mejores salarios. Sin embargo, la agricultura no se desarrolló solita. El Estado la ha venido acompañando en una suerte de política de Estado no declarada.

En efecto, en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los productos agrarios son privilegiados en la negociación para obtener facilidades y así se abren mercados. Se suscriben convenios para proteger la propiedad intelectual que permite contratar patentes y licencias, y los estamos cumpliendo. Al cabo de casi un siglo, el Estado realizó las irrigaciones de Chavimochic, Olmos y Majes para incorporar tierras agrícolas. Se esperan los transvases de los ríos de la sierra a la costa. Como están las cosas, por cada 250,000 hectáreas nuevas se generarán 2.5 millones más de empleos. ¿Maravilloso, verdad? Pero no ha sido todo.

La agricultura tiene una tasa combinada preferencial del Impuesto a la Renta (IR) de 21% contra el 33% general, sus aportaciones sociales son menos de la mitad, puede contratar trabajadores por estación, con vacaciones reducidas a 15 días, gratificaciones y CTS incorporadas en la remuneración y, por último, indemnizaciones a la mitad por despido no justificado. Nadie ha perdido con estas ventajas. Por el contrario, donde antes no había producción alguna, el Estado recauda ahora impuestos y los trabajadores tienen más empleo y mejor remunerado. Si esto ha tenido éxito, ¿por qué no se replica para otras actividades?

La industria, si tuviese ese apoyo, lograría tanto o más. Para eso, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha propuesto treinta medidas concretas (ver el resumen ejecutivo de “Aportes para fortalecer la competitividad, la formalidad y el desarrollo nacional”). Si de pedir se trata, hay que pedir no más. Aplica el refrán “El que pide al cielo y pide poco, es un loco”. Lo que se pide está justificado de sobra, por la experiencia de la agricultura que requirió del impulso fiscal para su despegue y por el hecho de que todos los países ayudan a sus empresas, por lo que ahora ese apoyo es una clave en la productividad.

Reconforta saber que el Estado ya lo sabe y lo quiere hacer. Reconoce, con cierta vergüenza y rabia, que Chile destina a sus empresas, a través de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), más de ochenta veces lo que aquí se destina (ver página 19 de la“Agenda de competitividad 2014-2018” del Consejo Nacional de Competitividad). Así que ganas sobran, lo que falta es plata. Ése es el problema y ése es el detalle (ver mi postQue no hay plata, que no llegamos a fin de mes”).

La cosa es seria. Las cifras fiscales confirman un déficit del 3% del PBI. El mundo anda en recesión y, haciendo todo lo bien que se pueda hacer, al 2021 la meta es reducir el déficit a 1%. Eso ya es un problema, porque la preocupación inmediata es cómo financiarlo, que seguro se cubrirá con parte del ahorro de años anteriores y con deuda. Parece que no hay lugar para mayores gastos públicos y, en verdad, es así. No es solución reducir un gasto de un sector para pasarlo a otro. Aún más, sectores sociales y políticamente más prioritarios andan reclamando mayor presupuesto como salud, educación y justicia.

Entonces, el verdadero debate es cómo financiar el apoyo que requiere la industria. No hay otro de corto plazo que una lucha frontal contra la evasión tributaria. Pensando en lo de las pymes, el problema se aborda con tasas reducidas, simplificación de trámites y amnistías. Pero la plata de la evasión del 35% en el IR y del 50% en el IGV está en otro lado. Hay un dinero de origen criminal (narcotráfico, contrabando, minería y tala ilegal) que inunda el mercado en efectivo, y fuerza una informalidad que nunca podrá formalizarse. No hay reforma tributaria que la enamore.

La lucha contra este tipo de crimen debe tener la mayor prioridad porque provee los recursos para financiar todos los demás, la corrupción el primero de ellos. No es chamba de la administración tributaria, lo es de la Policía, de sus servicios de inteligencia y de sus fuerzas especiales, del apoyo político que deben recibir y de nuestra gratitud por adelantado. Es un asunto moral y ético, también político y fiscal, pero sobre todo de competitividad, porque contra el dinero fácil del crimen ninguna actividad seria puede prosperar. Así que lo que se necesita es una PNP de verdad, como la que venció a Sendero Luminoso.

El caso planteaba el drama de unos mineros sepultados en vida en un socavón. Ya habían sido contactados, pero los víveres que quedaban no eran suficientes para sobrevivir hasta el rescate. La única opción que tenían era sacrificar a unos para que sirvieran de alimento a los otros, sino morirían todos. Puro canibalismo. Hubo consenso: todos los mineros estuvieron de acuerdo en sortear quiénes debían morir. Echadas las suertes, los que perdieron se rebelaron, por instinto de conservación argumentaban la nulidad del sorteo. Los ganadores los mataron, se alimentaron de ellos, sobrevivieron y fueron rescatados.

Fernando de Traszegnies imaginó este caso a inicios de los años 70 para sus clases de Filosofía del Derecho. El caso pretendía ser un shock para que entendiéramos cómo funciona el derecho. Al poco tiempo, la realidad fue tan cruel como la ficción. La tarde del 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en el glaciar Las Lágrimas en los Andes argentinos. Transportaba al equipo de rugby de los Old Christians de Montevideo que debía enfrentarse a los Old Boys de Santiago de Chile. 72 días después se rescataron a 16 personas. Habían sobrevivido alimentándose de las 29 que fallecieron.

Hay una sutil diferencia entre los casos. En el de los mineros se mata para comer. En el de los chicos del rugby, se comen a los que van muriendo por las heridas del accidente. Puestos en debate, la respuesta más recurrente es que los mineros cometieron asesinato, algunos los condenan por eso, otros los absuelven alegando que había un “estado de necesidad” para sobrevivir. En el caso de los chicos de rugby parece no haber delito, se les concede el mérito de ser héroes sobrevivientes. Pero el verdadero análisis no es intelectual. No importa que un caso sea ficción y el otro real, ni que uno venga con crimen y el otro no.

Lo que perturba en los dos casos es que se haya comido carne humana. Este hecho desencadena en el debate miles de argumentos. Los hay desde los fundamentalistas que sostienen que eso está prohibido y punto; pasando por los prácticos que sostienen que de no prohibirse se alentaría el asesinato por hambre; hasta los economicistas que sostienen que se debe medir el costo/beneficio social. El debate se complica, además, por las más variadas posiciones religiosas y morales. Hay tal cantidad de puntos de vista que pareciera que el debate es interminable y que los casos no tienen solución.

Sin embargo, el drama no es sólo el de los mineros o los chicos del rugby. Esas situaciones límite nos contagian, nos hacen vivir la misma tragedia y sacan lo más animal que tenemos. Cuestionamos las conductas extremas porque creemos que no somos iguales, porque no queremos vernos en esa misma posición, porque nos asusta comportarnos igual, porque nos aterra esa parte de nuestra naturaleza primaria. Es el miedo a nuestra propia barbarie el que bloquea el entendimiento. Entonces el miedo se convierte en cólera y, en vez de comprender, prejuzgamos con frases hechas desde el mito y el tabú.

La lección del debate es que las tragedias se perpetúan si seguimos presos de nuestras propias fobias y que para que no se repitan hay que superarlas. Entonces la reconstrucción de la normalidad pasa por comprender las situaciones tal como sucedieron y los tiempos tal como se dieron. Nuestra historia está llena de esos dramas a medio entender. La idealización de las culturas y del imperio inca antes de España, la facilidad de la conquista y la hecatombe demográfica que produjo, la incapacidad de organizar una administración sea virreinal o republicana, la corrupción cortesana como industria nacional y la derrota con Chile.

Aún hoy no tenemos la capacidad de tomar distancia para comprender tragedias que no terminan de sanar. El levantamiento del Apra en Trujillo (1932), las luchas campesinas contra la expansión de las haciendas (1940-1960), las reformas económicas y políticas de Velasco (1968-1975), la guerra con Sendero (1980-1992) y los crímenes que se imputan a Fujimori (1990-2000). Por las heridas de hoy, ése es el resumen de nuestro siglo XX. Y, por lo que se sigue escuchando, nuestra historia reciente se puede resumir en dos sustantivos que ya son adjetivos calificativos: ‘terrorista’ o ‘corrupto’.

Llama la atención que en esa agenda pendiente no esté la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Tragedia hubo, a tal punto que para paliar el hambre se inventaron los comedores populares de entonces. Pero se superó en 1990 al liberar los precios, mitigar su impacto con programas de asistencia social a los grupos más vulnerables, con disciplina fiscal para que el gobierno no gastara más de lo que ingresaba por impuestos. Paralelamente se promovió la inversión privada para generar riqueza pública y se liberó al gobierno de tareas privadas para que privilegie sus tareas públicas.

La independencia que nos falta es liberarnos de nuestros propios miedos, complejos y prejuicios. Entender y comprender nuestra historia para después juzgar. Luego reforzar esas reglas de vida civilizaba para que los ‘nunca más’ no sean simples lemas de marchas a ‘favor de’ o en ‘contra de’ determinados derechos, sino bases constituyentes que no se puedan quebrar, aun en crisis extremas. Tarea de todos. No debiera faltar nadie, ni debiera sobrar nadie. Que seamos libres, a pesar de nosotros mismos. Quizá ése sea el camino de la reconciliación que tanta falta nos hace. Quizá así valga la pena desearnos ¡Feliz 28!

Se habían perforado túneles en los Andes para que los camiones trajeran al Pacífico la riqueza de la Amazonía, más rápido, más barato. El primer camión los cruzaría antes de la inauguración. Lo manejaba Jacinto Taira, y, al pasar, dijo que había un arroyo al inicio del túnel 2. Mientras se celebraba ese primer cruce, Soto lamentó haber sido tan sumiso con Echecopar, el jefe de la obra. Soto le había advertido que el nivel de la laguna Collacocha había descendido, y que eso sólo podía significar que el agua se estaba filtrando. “¿Te imaginas si la laguna se viniera por el túnel?, ¿puedes imaginarte qué pasaría?”.

En ocasiones parecidas la obra se había paralizado y no ocurrió nada. Por eso, esta vez, Echecopar había ordenado que continuaran los trabajos. Cuando Soto le advierte que “la muerte ronda en Collacocha”, zanja el tema con una ironía fatal: “pues anda y acuéstate con ella”. Pero ahora, con lo del arroyo, la tragedia es inminente. Echecopar decide dinamitar los túneles para detener el aluvión. Soto y otros tres ingenieros mueren en el empeño, esperando que pasaran los últimos trabajadores. Los túneles se destruyen, pero se salvan los pueblos. De esa y otras tragedias trata Collacocha, pieza de teatro de Enrique Solari Swayne.

Solari la escribe en 1955, conmovido por el aluvión de Huaraz de 1954, pero antes del de Ranrahirca de 1962 y del de Yungay de 1970. La estrena en 1956, cuando aquí se había vivido a salvo de la sangre y del hambre de la segunda guerra. Antes de la televisión. Antes del encanto de Kennedy, del drama del Muro de Berlín y de la aventura guerrillera del Che. Antes de Belaunde, de Velasco y de Alan. Antes de la Reforma Agraria, de la expropiación de la prensa y de la hiperinflación. Cuando aún había tranvías y el aeropuerto quedaba en medio de las chacras de lo que ahora es San Borja. Mucho antes de Sendero Luminoso.

En el teatro, Echecopar es un provocador. Desprecia a Lima por falsa y frívola: “creen que la situación del mundo se va a arreglar organizando fiestas para dar a los pobres por caridad lo que merecen por derecho”. Se identifica con los campesinos: “a veces se emborracha con los indios y se queda a dormir en sus chozas. ¡No comprendo cómo puede soportar tanta pestilencia! Pero él dice que el único hedor que no resiste es el de la adulación y la maledicencia”. No le importan las ideologías, sino las obras (“Hechos y no palabras” era el lema político de entonces) y se burlará de la democracia y los derechos humanos por ineficaces.

La obra también tiene el mérito de poner en la agenda política que el desarrollo pasa por dominar la geografía. Por eso Solari la dedica “a todos aquellos que están empeñados en la habilitación de nuestro suelo como morada del hombre porque […] estamos combatiendo la miseria humana y estamos construyendo la felicidad de los hombres del futuro”. Por eso, luego de que Echecopar sufriera por las muertes de sus amigos y se redimiera a sí mismo, dirá de él como epílogo de la obra: “no es el hombre al que un aluvión puede destruir. Todavía hay en él la fuerza para agarrarse a patadas con los Andes durante mucho tiempo”.

Ahora, 60 años después, el objetivo del desarrollo es el mismo. El Perú debe integrarse y, para eso, hacen falta carreteras, puertos, aeropuertos y sus almacenes. La política de inversión en infraestructura es la que más atención demanda y la que más capitales consume. Pero los medios son ahora bien distintos. Ya no se concibe dominar la naturaleza a la bruta. Ahora, con lo del medio ambiente y lo del cambio climático, no se plantea una lucha contra la naturaleza, sino su incorporación amigable. El Echecopar original, dispuesto a pelearse con los Andes a patadas, no es actual. Pero Echecopar tendrá otra dimensión.

La pieza transcurre en los túneles, en las entrañas mismas de la tierra. El escenario es la oscuridad total, el silencio y el frío. En esa locación, el rudo de Echecopar se humaniza en un detalle: cultivará una mata de flores en medio del socavón. Pero es un alivio pequeño, porque los demás personajes sólo sirven de excusa para dar voz a los verdaderos actores principales: los temblores, los derrumbes, el aluvión y las muertes. Echecopar dialoga con ellos, los tutea, los enfrenta y, en esa lucha titánica, lo derrotan. Por eso Echecopar se autoflagela y, en penitencia, repetirá: “Yo soy el asesino de Collacocha […] yo asesiné a mis obreros”.

Ocurrida la tragedia, más que la culpa, es la amistad hacia Soto y sus demás compañeros la que lo lleva a vivir cerca del cementerio para limpiar sus tumbas y ponerles flores. Luego se redime y plantea una batalla bien distinta. La causa de las muertes ya no será la naturaleza, sino la desidia del hombre mismo y lanza un mensaje final: “¿Y no eran inocentes las vidas que devoraba la tuberculosis y el paludismo y la fiebre amarilla y la miseria? El destino también asesina… y el que no hace nada contra el destino es cómplice de sus crímenes… porque para dejar morir se necesita tanta crueldad como para matar”.

Echecopar es como los personajes de las tragedias griegas, con epopeyas que trascienden los tiempos. Eso lo hace universal. La crítica social a una Lima falsa y frívola, desgraciadamente, es tan actual como hace 60 años. En eso no hemos avanzado casi nada. Sin embargo, la batalla contra la naturaleza por el desarrollo se convierte ahora en una lucha contra nuestra propia maldad. El escenario oscuro de los túneles es un set propicio para buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos. En estos días, Collacocha se repone en el teatro La Plaza de Larcomar. Debiéramos verla, para resucitar el Echecopar que llevamos dentro.

Nos hemos distraído más de la cuenta. Primero fue el proceso electoral, con sus medias verdades, sus mentiras completas y sus insultos tan creativos como humillantes. Luego, la fiesta de los que ganaron y el duelo de los que perdieron. Luego, si lo primero era el perdón por tanto improperio lanzado durante la campaña o si Keiko Fujimori debía visitar antes a Pedro Pablo Kuczynski, como lo manda la tradición republicana. Sin embargo, para unos PPK ya se disculpó, para otros “que se disculpen los enanos”, para otros qué tanta vaina si en campañas anteriores se dijeron cosas peores y nadie se resintió, entonces ¿por qué tanta sensibilidad y engreimiento?

Me recuerda a esas mentadas de madre que se cruzan gratuitamente los chicos en el recreo, sin medir lo que pueden herir. Pero al agravio fácil le debiera seguir el reparo rápido, porque el pleito quedaría zanjado con el retiro de las fases ofensivas. “¡Oye, retírala, retírala!”, “¡Retírala tú primero!”. La ofensa ya no duele tanto, lo que vale ahora es el orgullo de que sea el otro quien ceda primero. El recreo ya terminó, pero la violencia verbal se perpetúa, inútil como siempre. Mientras tanto el país está en serios problemas financieros. Nos vamos a hundir, sin darnos cuenta, porque seguimos distraídos en estos pleitos infantiles.

Para decirlo en simple, no hay plata. Se acabaron los años de vacas gordas, aquellos en que sobraba no sólo porque había mucha, sino porque ni siquiera sabíamos gastarla. Ahora la que hay ya no alcanza para comer. Si queremos llegar a fin de mes, hay que vender las joyas de la abuela o pedir prestado. Para decirlo en difícil, los ingresos fiscales, que dependen casi exclusivamente de la recaudación tributaria, son como 20% del PBI; en tanto que los egresos fiscales, esto es, el presupuesto de la República, son como 23.1% del PBI. O sea nos falta 3.1% del PBI, que es el famoso déficit fiscal. Ése es el problema.

¿Qué hacer? O comemos menos o ganamos más. No podemos comer menos. Lo que ya comemos, el gasto corriente para mantener la burocracia y los programas sociales no se puede reducir. Otro tema es que la burocracia debe ser más eficiente y que los programas sociales deben ser menos asistencialistas, pero eso nos lleva a gastar mejor, no menos. Peor aún, la eficiencia en estos casos quizá pase por gastar más. De hecho, las mejoras en educación, salud y seguridad pasa por contratar mejores profesores, médicos, enfermeras y policías, y eso significa pagarles más y equiparlos mejor.

José Carlos Saavedra, de Apoyo Consultoría, estima que las mejoras en estos tres campos demandarán anualmente 4% del PBI adicionales (“No hay lonche gratis”, en El Comercio, junio 26), que es lo que cuesta mayores remuneraciones, capacitación e infraestructura (escuelas, hospitales, centros médicos, comisarías, cárceles, redes de interconexión y similares). Por estas mejoras votaron a favor el 100% de los peruanos, de todo color, de todos lados, y no habrá político que se oponga. Con razón, porque ese gasto nos aleja de la pobreza. Pero 4% adicionales eleva el déficit fiscal a 7.1% del PBI. ¿De dónde?

Es verdad que hay un ahorro de lo que no gastamos como de 17% del PBI, pero mucho de eso ya está comprometido para inversiones públicas. Lo que queda es un ‘saldito’ de 4%, el Fondo de Estabilización Fiscal, pero es para emergencias y algo se puede usar para cubrir déficit fiscal, pero no todo ni al mismo tiempo. Siempre queda el recurso de pedir prestado. El problema es que el nivel de deuda que andaba por el 20% del PBI, a los cinco años en esta danza llegaría a 32%, que ya no es soportable para nuestra economía, según lo analiza Elmer Cuba, de Macroconsult (“Humala y las cuentas en azul”, en Gestión, junio 22).

El ministro de Economía, Alonso Segura, lo ha advertido y, para que no quede duda, lo ha publicado: “el próximo gobierno encontrará (…) un déficit fiscal que requiere una reducción gradual”, reconoce que “las grandes reformas que nuestro país necesita, como las de educación, salud y seguridad, son intensivas en gasto corriente” y concluye aconsejando, como quien conoce al monstruo desde dentro, que hay que “internalizar que los avances son progresivos y que deben estar condicionados a los espacios fiscales que se vayan generando” (“Retos y dilemas del próximo gobierno”, en El Comercio, junio 26).

Hay que reconocer que el ministro deja la casa arreglada. Pero el déficit no ha desaparecido, sólo está financiado, un poco por aquí, otro poco por allá. Pura deuda. Y, con responsabilidad política, que también hay que destacar, advierte que “el primer gran dilema es determinar (…) el resultado fiscal (el tamaño del déficit / superávit) que servirá de guía para formular los presupuestos nacionales durante el próximo quinquenio”. O sea, controlar el déficit, no gastar más de lo que se obtiene por recaudación fiscal. O sea, comeremos menos. Siendo consecuente está dejando a PPK un presupuesto ajustado.

No es solución, porque ese gasto es necesario, porque si no gastamos, la pradera se incendiará, porque el reclamo popular vendrá solito, sin agitadores profesionales que lo promuevan. Porque a un pueblo harto de estar desesperado y desesperanzado por mejoras, no le puedes pedir paciencia y que siga esperando a que los técnicos arreglen eso del déficit fiscal. Lo paradójico es que el problema, siendo complejo, convoca unanimidad. En efecto, ¿quién no quiere aumentar el gasto en educación, salud y seguridad?, ¿quién no quiere que los evasores y los informales paguen los impuestos que deben?

Varios temas en agenda. En primer lugar, en este escenario, no van las promesas electorales de PPK de reducir los impuestos. El SAE de Apoyo Consultoría estima que cuestan como 0.6% del PBI y que no es seguro que incrementen la recaudación. Aún más, no reactivarían la economía, porque en el indicador de la confianza para la inversión privada de junio, la reducción de impuestos apenas roza el 4% de las preferencias. PPK debe salir a explicar, con la facultad didáctica que tiene, que por ahora no se puede, que para otra vez será. No puede quedar de rehén de esa promesa y la oposición debe facilitar esa tarea.

Segundo tema, incrementar la recaudación ampliando la base de contribuyentes o, lo que es lo mismo, formalizando a los informales. Durante la campaña, por unos votos más, cada quien ha establecido alianzas con grupos objetivamente informales, esto es, que funcionan al margen del Estado y, para lo que nos importa, sin pagar impuestos. Transporte, tala, minería y mypes. Aquí el tema pasa por hacer públicos los compromisos, hacer pactos políticos y promulgar las leyes que se requieren. Algo de amnistía, porque si no nadie se formaliza; algo de beneficios temporales, hasta que asimilen el costo fiscal total.

Tercer tema, ampliar la recaudación luchando contra la evasión. Aquí el tema es más complicado. A diferencia del informal que sencillamente no paga impuestos, el evasor hace como que los paga, pero ya ve cómo paga de menos, con astucia o a la bruta. No lo aparenta pero, simplemente, es un criminal. Hasta ahora hay mucha impunidad, en parte porque las leyes tributarias son una telaraña y siempre dejan un huequito para escaparse; en parte porque los casos demoran tanto en resolverse, que vale la pena apostar a ver si me descubren o si a la larga quiebro, no sin antes haber mudado los activos a otro RUC.

Aquí el asunto es de otro nivel. Es verdad que se requieren leyes para simplificar la telaraña, para agilizar los procesos y quizá alguna amnistía que sólo cubra el aspecto fiscal, para que no se laven fortunas del narcotráfico. Pero se requiere sobre todo coraje político, porque habrá que meter a la cárcel a la gente que parece que es como uno. También liderazgo, porque la calle, que se indigna contra la dictadura y la corrupción, debiera también indignarse contra el fraude fiscal. A fin de cuentas, vale tanto que me roben derechos democráticos como la plata de los tributos destinados a gasto social, a eliminar la pobreza.

Por último, eliminar tanto beneficio tributario inútil. Aquí también se requiere coraje político porque se deben eliminar privilegios de unos pocos, que hacen creer a muchos que son beneficios de todos. No es así, hace una punta de años que beneficios a la Amazonía y a la Zona de Frontera sólo sirven para facilitar el contrabando o subsidiar una que otra actividad. Deben ser sustituidos por transferencias fiscales para inversión pública en la zona. Lo hizo, muy eficiente y eficazmente, la región de San Martín con César Villanueva a la cabeza. Hay que sembrar esa misma experiencia en otras regiones.

Todo eso suma. Si bien lo prudente es no gastar más, lo políticamente necesario es incrementar la recaudación fiscal. Al fin de cuentas, ella es el ingreso que tenemos como país. En la región, el Perú es el que menos gana, apenas recauda el 20% del PBI: Chile obtiene 24%, Colombia 27% y México 33%. Mientras tanto, aquí estamos, recordando quién insultó antes, más o peor; o reclamando o dejando de reclamar protocolos y besamanos. Lo que se requiere es grandeza humana y responsabilidad política para empezar a resolver este tema fiscal. Todo lo demás puede ser importante, pero sin plata no llegamos a fin de mes.

Sin quererlo, la idea fue de Garganta Profunda II. Susan Boreman (Linda Lovelace) fue la primera garganta, se le llamó así por el título de la película porno que la hizo famosa. Mark Felt fue el segundo, lo utilizó como seudónimo para filtrar información a Bob Woodward y a Carl Bernstein, los periodistas del Washington Post que denunciaron el espionaje a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. La metodología que siguió Mark Felt para llegar hasta los verdaderos responsables es la que ahora, casi cincuenta años después, están resucitando las administraciones tributarias de todo el mundo.

Fue en la madrugada del 14 de junio de 1972. Cinco ex-CIA fueron detenidos en Watergate. Habían robado pruebas sobre donaciones irregulares para la campaña de reelección del presidente Nixon e instalado micrófonos para espiar. ¿Quién había dado la orden? Obvio, el Partido Republicano. OK. ¿Pero quién, con nombre y apellido? ¿Fue una autoridad local menor o comprometía a los más altos niveles? Ése fue el trabajo de Woodward y Bernstein. Garganta Profunda II confirmaba la data que conseguían, pero cuando ya no hubo más, enseñó un criterio que revolucionaría toda investigación.

El final ya se conoce: el jefe de la Casa Blanca, H. R. Haldeman; el consejero presidencial John Ehrlichman, y otros hombres de confianza de Nixon fueron encontrados culpables. Para protegerlos Nixon trató de influir indebidamente en las investigaciones. Por obstruir a la justicia fue procesado políticamente y tuvo que renunciar cuando era inminente un proceso criminal. Gerald Ford, su sucesor, lo amnistió. Woodward y Bernstein ganaron un premio Pulitzer por su trabajo, escribieron Todos los hombres del Presidente, que se llevó al cine con Robert Redford y Dustin Hoffman. Ganó cuatro premios Óscar.

La identidad de Garganta Profunda II fue un misterio hasta que, poco antes de morir, el mismo Mark Felt se identificó. Era el número 2 del FBI y, a la muerte del legendario J. Edgar Hoover, debía sucederle. Pero Nixon lo postergó para designar a Patrick Gray. Mark Felt siguió como número 2, en posición de conocer demasiado. Cuando se presentó la ocasión, el despecho pudo más y se la cobró a Nixon. Pero ¿cómo llevó de la mano a los periodistas para comprometer a la Casa Blanca? ¿Cómo probar que las órdenes para robar y espiar habían venido de los más altos niveles de la política americana?

Como era previsible, las órdenes fueron verbales y desde la Casa Blanca fueron descendiendo, hasta los niveles más operativos. Ni un acta ni un memo ni un contrato, nada de nada. No había evidencia alguna para juzgar a los responsables. Las cintas que el presidente Nixon autograbó de sus conversaciones en su despacho, la Oficina Oval, sólo confirmarían después que sus hombres de confianza estaban involucrados. Pero para cuando esas cintas fueron reveladas, Haldeman y Ehrlichman ya estaban jaqueados. ¿Cómo supieron llegar hasta ellos? ¿Cuáles fueron las evidencias de su participación?

Dicen que Garganta Profunda II dijo “… following the money” (“… sigan el dinero”). Y eso fue lo que los periodistas hicieron. Descubrieron que a los detenidos en Watergate se les había pagado desde una cuenta del Comité de Reelección del Presidente, administrada por Howard Hunt y Gordon Liddy. Ellos y los cinco detenidos en Watergate fueron los primeros condenados. Pero también se descubrió que desde otra cuenta en México se les había pagado para que no incriminaran a nadie más. Era la plata negra de la campaña de reelección de Nixon. Las cintas revelarían que Haldeman y Ehrlichman la controlaban.

Desde entonces la regla “sigan el dinero” es una regla básica de toda investigación. La fiscalización tributaria la ha adoptado. Primero Estados Unidos con su ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) obliga a los bancos a reportar transacciones financieras y depósitos y a identificar el “último beneficiario” de ellos. Luego la OCDE elevó la evasión tributaria a nivel de crimen internacional y lanzó su programa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) o cómo luchar contra la reducción de la base gravada con impuestos y contra la transferencia de utilidades a territorios con menor imposición.

La OCDE ha logrado que Suiza elimine el secreto bancario y será efectivo a partir del próximo año. También ha promovido un convenio multilateral entre noventa países con objetivos similares a los de la ley Facta, pero mejorado porque compartirán automáticamente toda la información bancaria que obtengan (Automatic Exchange of Finantial Information). Para ello cada país colgará en una plataforma virtual la información uniformada (CRS, Common Reporting Standard), sin tanto papeleo burocrático. Una verdadera metástasis de data bancaria mundial en poder de las administraciones tributarias.

Los paraísos fiscales ya no existirán. En la lista de noventa países están, entre otros, Andorra, Bahamas, Bermudas, las islas Vírgenes, Caimán, Curacao, Chipre, isla de Malta, Lichtenstein, Luxemburgo, Panamá y Suiza. En adelante el país que no recaude información financiera y no la comparta será un paria internacional. El Perú aún no ha firmado el convenio y ya nos miran con mala cara. Sin embargo hay data acumulada con lo del impuesto a las transacciones financieras (ITF) y la protección constitucional al ‘secreto bancario’ tiene los días contados. Los bancos también se están preparando. Pregúnteles.

A fin de cuentas, lo que realmente es útil es la data sobre los movimientos bancarios. Será cuestión de tiempo para que nuestra Sunat acceda a esa data internacional, cruce datos y decida fiscalizar y cobrar deudas. Ya no es sólo un tema de política interna. El Perú quiere pertenecer a la OCDE para el 2021, como quien entra al tercer centenario de independencia siendo socio del club de las economías más serias del planeta. Como parte de la cuota de entrada, nos van a exigir que participemos en esa danza de intercambio de data bancaria y de mayor fiscalización tributaria.

Por eso lo de Panama Papers es data del siglo pasado. Ha servido para curiosear sobre las empresas creadas por algunos personajes públicos, pero no da para nada más. Lo serio va por el análisis de la data bancaria. ¿Van a “seguir el dinero”? ¿Cómo se generó? ¿En qué cuenta se depositó? ¿A qué cuenta se transfirió y por qué? ¿ Quiénes controlan las cuentas, de quién es el dinero? De nada servirán las telarañas corporativas ni los artificios contables ni las maniobras legales. Papelito ya no manda en temas tributarios. La ruta del dinero desnuda las verdaderas intenciones y a los verdaderos responsables.

¿Qué hacer? Muy poco. Quizá sea útil hacer nuestras propias auditorías, evaluar contingencias y hacer provisiones para pagar las culpas cuando llegue el momento de la verdad. Mi opinión: antes debiera haber una amnistía que permita regularizar fortunas a cambio de un impuesto extraordinario. El MEF y la Sunat no la quieren, pero en los países OCDE han adoptado amnistías como parte del programa y, ya se sabe, aquí hacemos lo que se hace allá. No servirá para limpiar delitos, pero tampoco será el Apocalipsis. Costará algo, dolerá un poco más. La vida cambiará, todos pagaremos impuestos.

En la sala VII del Tribunal Superior de Londres (Queen’s Bench VII – QB VII) se procesó al periodista Abraham Cady por haber difamado al médico Adam Kelno. El periodista había escrito sobre el Holocausto y contaba que el médico había colaborado en los atroces experimentos de los nazis en el campo de Jadwiga. En concreto mencionaba que el médico había realizado como 15,000 cirugías sin anestesia, aun cuando la tenía disponible, sólo para medir la resistencia al dolor. El periodista había investigado mucho la historia, pero la presentaba como una novela y no como una denuncia.

El trabajo de Cady sólo pretendía, hacia 1970, mantener viva la memoria sobre cómo el odio de unos puede hacer sufrir a los otros. Kelno pudo quedarse callado y no hubiese pasado nada. Total, sólo se le mencionaba en una página perdida de la novela. Aun más, pudo haber dicho que él también fue una víctima de los campos de exterminio. Por último, si por ahí salía algún testigo, podría haberlo minimizado argumentando que fue forzado a colaborar o, cínicamente, mentir diciendo que lo hizo para intentar, en medio de la barbarie, mitigar el dolor de sus paisanos, judíos y polacos como él.

Pero Kelno no era un cualquiera. Había sobrevivido, se había insertado en la sociedad británica, era un médico famoso, promotor de obras de beneficencia y, por eso, caballero de la reina. Era, pues, sir Kelno, y no podía permitir que se mancillara su honor. Como el honor era el de un grande, la indemnización que se pedía era millonaria. Como el periodista podía no tener suficiente dinero, se demandó también a su editorial. Parecía sencillo. De pronto, en apoyo del periodista, aparecieron testigos por todos lados. Kelno había sido un sádico. Sus víctimas se desangraron, por segunda vez, para contar su sufrimiento.

Sin embargo, el tribunal declaró culpable al periodista y lo obligó a pagar un penique de indemnización, la moneda de más baja denominación en el Reino Unido. ¿Qué pasó? ¿Cómo entender la sentencia? Fácil. Lo que se mide en la difamación no es, necesariamente, la verdad de unas frases mal dichas, sino el daño que producen al honor del agraviado. La verdad importa en contados casos. Algo de eso debió ser considerado por el tribunal porque sólo se llegaron a probar 1,000 de las 15,000 operaciones que mencionaba la novela. Quizá el periodista fue sentenciado culpable por exagerar el número de operaciones.

¿Pero lo del penique de indemnización? Quizá el tribunal consideró que esas 1,000 operaciones eran más que suficiente para hacer de sir Kelno un hombre sin honor, y, carente de tal, no había verdad o mentira capaz de producir daño a algo que no existe. Quizá el tribunal consideró que todo hombre tiene un honor, pero evaluó que el de sir Kelno era tan pequeño que la indemnización por el agravio también debía ser mínima, a lo más un penique, casi como nuestro céntimo de sol. Y digo tanto ‘quizá’ porque el caso Kelno vs. Cady es otra novela, de León Uris, precisamente llamada QB VII y no hay expediente que consultar.

En nuestra Lima real tenemos otro caso de difamación: Martha Meier versus Rafael León. Meier había publicado el artículo El síndrome de Susy en el diario El Comercio, cuestionando con sarcasmo a la alcaldesa Susana Villarán. León replicó con otro artículo ¿Qué hacemos con la primita? en la revista Caretas, con opiniones también sarcásticas sobre Meier, que ella consideró difamatorias. La jueza encuentra que León es culpable de agraviar a Meier, pero, por una opción de la ley, “se reserva el derecho de sentenciar”, lo somete a un año de buena conducta y lo obliga al pago de una indemnización de S/.6,000.

Sobre esa decisión judicial se ha dicho mucho. Lo más político: que viola el derecho de libre expresión de León. Lo más sensato: que los agravios contra el honor no deben ser delitos. Lo más técnico: que en el proceso no se probó nada. Todo eso es cierto. Es muy difícil probar el delito. Por eso las corrientes modernas eliminan los delitos de opinión contra el honor, porque no hay manera objetiva para determinar un honor antes y después del agravio para, por diferencia, establecer el daño ocasionado. Pero aun cuando eso fuese posible, ¿cómo medir el valor de ese daño para fijar una indemnización?

En el caso de Meier vs. León, por ejemplo, la jueza ha considerado la “ansiedad y depresión” que sufrió Meier por el artículo de León y que “afectó su vida familiar y su estabilidad económica”. Sin embargo, aun cuando esos daños fuesen ciertos, no son daños en el honor. El honor es otra cosa, es un reconocimiento social y, en lo más íntimo, es una autoestima. Y, hasta donde se conoce del expediente, la agraviada “dice” que tal frase afecta su reputación profesional y que esta otra frase cuestiona su condición personal y sus creencias religiosas. Pero los dichos no son pruebas.

Si, en el desarrollo de la sentencia, la jueza sólo recoge como fundamento que Meier “dice” que ha sido agraviada estamos mal. Debió exigir que acredite esa reputación pública y privada previa, y debió analizar en qué medida ese honor era agraviado y si esa afectación era producida por el artículo de León. Nada de eso se hizo. Y debió requerirse así porque en la difamación, a diferencia de otros delitos, la prueba corre a cargo de la víctima, no del juez o del fiscal o de la policía. Esto hace que la sentencia sea nula, porque le falta lo esencial: la prueba del delito.

En efecto, si no hay cadáver no hay homicidio, si no hay honor agraviado, no hay difamación. Cuando no hay delito, tampoco hay inocentes, porque tampoco habrá culpables. De ahí que no corresponda decir que León es inocente, porque no hay forma de que llegue a ser culpable. Creo que la jueza lo sabe. Por eso ha elaborado una sentencia con mucha doctrina y jurisprudencia, aunque sin citar fuentes, para que después no se le acuse de no saber derecho. Y, sobre la base de esa coartada intelectual, decreta un empate, para no pelearse con nadie, como si esa fuera la forma de administrar justicia.

A Meier le ha dado gusto haciendo saber que León es culpable y le concede una indemnización por el daño sufrido, aunque relativamente pequeña para sus aspiraciones. A cambio, a León le ha evitado una sanción condenatoria y le ha sembrado, es un decir, una sentencia sin fundamento ni prueba. ¿Cómo debiera terminar esto? En mi opinión, la nulidad de la sentencia es muy grosera y el tribunal, al resolver la apelación, debiera reconocerlo así. ¿Es posible que Meier pruebe el agravio a su honor? Es su derecho, pero tan difícil como subjetivo. Si sufrió daños fue por otras razones, distintas a una difamación.

Debatir en un proceso judicial el honor de uno es bien complicado. Generalmente el honor bien puesto es indestructible. Ya murieron con el siglo XIX los duelos a muerte por cualquier agravio insignificante. Con el siglo XX también debieran haber muerto los delitos contra el honor, porque terminan siendo un instrumento que limita ideas y opiniones. Lo que debiera proceder, en cualquier caso, son las reparaciones por daños producidos por mentiras. Todo lo demás son percepciones subjetivas. Además se corre el riesgo de luchar por solo un céntimo o, peor aún, que le digan a uno que eso es lo que vale su honor.

En realidad no tengo mucho más que agregar a lo que ya dijo Antonio Cisneros: “…para hacer el amor los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía (…) es difícil hacer el amor, pero se aprende…. Lo que no hemos aprendido del todo es a amarnos los unos a los otros. Ese mandamiento nuevo del Señor vino sin manual de instrucciones. Quizá entonces la vida era más de cofradía y más simple. Pero dos mil años después se nos presenta muy complicada. Ahora los intereses son tan diversos, tan inmediatos, tan excluyentes, que hay sitio para uno, pero no para los demás.

El tema podría ser derivado a los sermones de cada domingo a las doce y a los mensajes pastorales. Acontece, sin embargo, que el precepto ése no es sólo una cita bíblica (Juan: 15, 17), sino la base constitucional sobre la que se debiera construir nuestra república. Lo que en el lenguaje de los evangelios es caridad cristiana y en el lenguaje social es amistad y solidaridad, en el lenguaje político es democracia. Así de simple. Y la democracia no es otra cosa que un continuo pacto social, una conciliación permanente de intereses, un hacer las cosas de tal manera que lo que la mayoría mande, respete a las minorías.

Por la polarización en estas elecciones está visto que no nos amamos. Diré más: todavía no hemos aprendido a entendernos. Peor aún, ni siquiera hemos aprendido a escucharnos. A cualquiera que diga algo, se le salta a la yugular para matarlo, no importa lo que haya dicho o cómo lo hubiese dicho, o con qué intención lo habría dicho. Entonces se saca de contexto lo dicho hasta que parezca una idiotez o, simplemente, se contesta con una mentira tan consistente y marquetera que avergüenza la verdad o, como recurso final, se desacredita al personaje sin más razón que la de decirle que es un hijo de la guayaba.

Extraña convivencia la nuestra que estorba el argumento. Uno tiene todo el derecho a opinar, con tal que nadie lo escuche. Y no se escucha no sólo cuando no se quiere oír, sino cuando oyendo se distorsiona lo oído de tal manera que el diálogo es imposible. Siendo así, no habrá entendimiento alguno ni mucho menos pacto social. Marisa Glave, por ejemplo, cometió la ingenuidad de decir maravillas de la reforma agraria y fue sepultada con todos los argumentos ciertos sobre la destrucción de nuestra agricultura, la inconstitucionalidad de las expropiaciones y la falta de pago de los bonos agrarios.

Si hubiésemos visto el tema como ella lo ve, habríamos entendido que para ella la distribución de tierras agrarias fue un acto de justicia, que compensaba siglos de explotación a los campesinos y restituía propiedad comunal robada con argucias legales por las grandes haciendas serranas. Si el diálogo hubiese prosperado, habríamos coincidido en que la reforma agraria, pese a todo, fortaleció derechos de propiedad sobre la tierra, que fue el gran aliciente que tuvieron las rondas campesinas para su victoria, ideológica y militar, contra Sendero Luminoso. Ya que, como propietarios, el lenguaje maoísta carecía de sentido.

Siguiendo con la dialéctica, se habrían planteado problemas sobre cómo fortalecer la agricultura en la sierra y se habrían identificado acuerdos políticos para construir carreteras de penetración, llevar electricidad y promover cadenas de almacenes de frío, sistemas de comercialización y logística, desarrollos tecnológicos en riego y fertilizantes, propiedad intelectual sobre semillas y plantines, y canales de financiamiento. Promoción de la inversión privada, racionalidad del gasto publico y, si se quiere, hasta subsidios. Habríamos de este modo desarrollado mejores políticas públicas agrarias.

Tendríamos por fin una estrategia de seguridad alimentaria, porque lo que produce la sierra son básicamente alimentos, como la tienen las sociedades europeas que entendieron, desde el hambre que hubo durante las dos guerras mundiales, que primero se come y luego se puede hacer todo lo demás. La pobreza desaparecería solita porque con el trabajo vendrían la salud, la nutrición, la educación y una sociedad mejor. Pero para qué dialogar con una “roja de siete suelas”, que como la Verónika “tampoco hizo nada en su perra vida”. Y así nos la pasamos, creativos sólo para los adjetivos que hieren.

Ocultar deliberadamente la verdad es otro ardid. Se santifica la Constitución de 1979 porque la vigente, la de 1993, es hija del golpe de Estado del 5 de abril y hada madrina de la corrupción. Impactan los títulos puestos así para acobardar cualquier defensa. No se dice nada que la Constitución de 1979 es también hija de otra dictadura, la militar de entonces, que exigió se incluyeran los logros de ese gobierno, denominado de la revolución peruana. Obedientes los constituyentes. Bien si el dictador es Juan Velasco o Morales Bermúdez, mal si es Alberto Fujimori. Nos quedamos en las formas más superficiales, sin pensamiento profundo.

Cuánta falta nos hace un debate sereno. No cabe duda de que los postulados económicos de la Constitución de 1993 han tenido éxito porque en menos de veinticinco años han generado crecimiento económico, a tal punto que, el año pasado, las entidades mundiales hicieron su reunión anual en Lima como un reconocimiento al Perú por su manejo prudente de las finanzas públicas. Pero hay cosas que aún no funcionan del todo: justicia, partidos políticos, educación, salud y derechos civiles para las minorías. Hacer los ajustes requiere de un acuerdo político que, para empezar, requiere que nos escuchemos unos a otros.

Quizás ése debe ser el mandamiento nuevo, porque para amar al otro hay que entenderlo, para entenderlo hay que escucharlo y comprender lo que siente, tanto como lo que dice. Sabe a catecismo, pero es un regla básica de convivencia. Para esa tarea reivindico a Ramiro Prialé, que fue un líder aprista que supo dialogar con sus enemigos, que dejó de lado años de prisión y destierro, y hasta el dolor por los asesinatos de compañeros de partido para superar una de las etapas más negras de la política peruana. La carretera a Chosica lleva su nombre como un homenaje, pero no está concluida, como la construcción de la república que queremos ser.

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