CésarLuna Victoria
El Derecho al Revés Por César Luna Victoria

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha venido para quedarse. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), estrenando su presidencia, entre lo primero que dijo fue “el Perú entrará a la OCDE en el 2021”. Pero no es un tema de PPK. Lo cierto es que desde 1998, en el segundo de Alberto Fujimori, todos los gobiernos (todos) la han coqueteado. El romance ha surtido efecto. El ingreso del Perú ya tiene plazos fijados. El gobierno está haciendo los últimos ajustes. Pero, en verdad, no es que nosotros entremos a la OCDE, será la OCDE la que entrará en casa, impondrá nuevos criterios y tendremos que adaptarnos.

La OCDE es un club, por ahora muy exclusivo de tan sólo 34 países, pero la mitad del mundo hace cola para entrar. En América Latina sólo han sido aceptados Chile y México. Pero Colombia y Costa Rica ya están con un pie adentro y luego seguirá Perú. Un tercer grupo que ya toca puertas lo integran Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana y Uruguay. ¿Qué hace que la OCDE sea tan atractiva? Lo resumo: políticas públicas que, en una inusual combinación, generan más dinero, por un lado, y un mejor desarrollo, por otro. Algo así como el “crecimiento con inclusión” de Ollanta Humala, pero de a verdad y en serio.

Como suele suceder en este valle de lágrimas, lo mejor nace de las desgracias. El antecedente directo de la OCDE fue el Plan Marshall, esa bolsa de dinero gigantesca que Estados Unidos puso a disposición para reconstruir Europa, luego de su destrucción por la Segunda Guerra Mundial. Entonces se formó en 1948 la OCEE (la Organización para la Cooperación Económica Europea), que, dejando de lado odios y complejos de vencedores y de vencidos, descubrió lo obvio: que las economías están tan conectadas que la paz mundial sólo puede ser garantizada por el desarrollo sostenible de todos.

La reconstrucción marchaba tan bien que los aliados (Estados Unidos y Canadá) quisieron estar dentro, por lo que en 1961 la OCEE pasa a OCDE cambiando la E de Europa por la D de Desarrollo, pero ya veremos que fue mucho más que la sustitución de una letra. No obstante, el miedo a la hecatombe nuclear durante la Guerra Fría hizo de la OCDE fuese un gueto sólo para occidente. En sus primeros treinta años sólo entrarían Australia, Nueva Zelanda, Finlandia y Japón. Tuvo que desmembrarse la Unión Soviética y caer el Muro de Berlín para que la OCDE post 1990 se abriera para incorporar a lo ‘mejorcito’ del mundo.

A diferencia de los bloques políticos o económicos (Comunidad Europea o Andina, Nafta o Mercosur), que son entidades supranacionales con parlamentos para legislar normas transnacionales y tribunales para sancionar, o de las financieras multilaterales (el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF) que rescatan a países en quiebra o financian proyectos de desarrollo, la OCDE no tiene nada de eso, pero tiene un poder mayor porque estudia científicamente los problemas de gobierno, determina por ello soluciones adecuadas y busca consensos para aplicarlas. Es el poder del éxito, que seduce a quienes quieren mejorar.

En efecto, los miembros más aplicados de la OCDE han multiplicado su PBI y elevado los estándares de bienestar. El Perú quiere esas recetas. Seremos el nuevo chico del barrio, bien ‘mezcladito’ porque en temas de política fiscal vamos tan bien que nos citan como ejemplo, pero en casi todo lo demás estamos mal. Nos falta crear confianza en nuestras instituciones para reforzar la democracia, mejorar la educación, construir infraestructura y eliminar la informalidad para mejorar la competitividad de nuestra economía, e innovar para crear nuevas fuentes de crecimiento que lo hagan sostenible en el tiempo.

En esas estamos. Desde el 2008 nos han permitido participar poco a poco, y nos han invitado al Comité de Inversiones de la OCDE porque reconocían los esfuerzos del Perú para atraer inversión extranjera y el respeto a los compromisos internacionales y a los contratos con los inversionistas. En el 2012, presentamos nuestra solicitud de admisión y desde el 2013 se creó el Programa País, que es el eufemismo que utiliza la OCDE para someternos a una auditoría cruda y brutal de nuestra posición inicial. El diagnóstico vendrá con las recomendaciones mínimas que tendremos que cumplir para ser aceptados.

No es que perdamos soberanía por dejar que la OCDE dicte lo que tenemos que hacer. Es que nuestras metas nacionales van en ese camino y, voluntariamente, nos estamos sometiendo a una dieta y a un entrenamiento muy rigurosos para conseguirlas. No será fácil. Estamos muy lejos del promedio OCDE en desarrollo humano (servicios públicos), educación, confianza en las instituciones, igualdad de oportunidades, innovación, respeto a la ley, represión a la corrupción e informalidad. Los especialistas pronostican que el 2021 está muy cerca para alcanzar niveles aceptables para la OCDE.

Mi opinión: igual entraremos no más tarde del 2021. La OCDE no nos va a medir al centímetro. Sabe, por ejemplo, que si la economía peruana sigue creciendo 5% al año, demoraremos entre 20 y 30 años para conseguir el PBI per cápita promedio u 11 años para alcanzar al último de cola. En realidad, lo que se va a medir es la capacidad de construir políticas de Estado en todos esos temas en que andamos mal. Nos quieren de ejemplo: no importa cuán pobre sea un país o cuán lejos esté del desarrollo, se premiará la convicción de alcanzarlo, como un compromiso nacional, más allá de cualquier cambio de gobierno.

Eso se puede lograr en el tiempo que falta, pero requiere de una transformación profunda de nuestra manera de entender lo público. De tan obvio parece ya una estupidez reiterar que no se puede pasar la luz roja, que no se coimea a la autoridad, que no se tira la basura a la calle ni a los ríos o al mar, que no se pueden enrejar las calles, que se debe dar paso a las ambulancias y a los bomberos, que no se puede estacionar en los espacios azules para discapacitados y que se tienen que pagar impuestos. Se trata de un idioma que intelectualmente conocemos, pero que nos negamos a hablar, vaya uno a saber por qué.

No se trata sólo de un curso de educación cívica. Esta vez la letra entrará con sangre: para financiar ese enorme gasto público que supone ser una nación civilizada y los niveles de inversión pública para construir infraestructura y financiar los mejores servicios públicos, la OCDE nos va a exigir que incrementemos la recaudación fiscal desde el 18% actual al 32% del promedio OCDE. El camino ya ha empezado. Forman parte del derecho nacional las reglas OCDE para determinar los precios de transferencia entre empresas vinculadas y para interpretar los convenios para evitar la doble imposición tributaria.

Hay más. Entre las facultades legislativas delegadas que ha recibido el Poder Ejecutivo están las necesarias para reducir la informalidad y para evitar la evasión tributaria. La amnistía para reconocer fortunas ocultas, más que una facilidad para los contribuyentes, es la condición que exige la OCDE para que el Perú tenga data de calidad, para poder intercambiarla con otras administraciones, en una suerte de Sunat mundial. Seguirán la eliminación del secreto bancario y los impuestos al patrimonio y a la herencia. El futuro de nuestra modernidad, como todo en esta vida, vendrá con sus ventajas y sus costos. Nada será gratis.

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