CésarLuna Victoria
El Derecho al Revés Por César Luna Victoria

Si los cinco años de gobierno de PPK fueran los 90 minutos de un partido de fútbol, ahora andaríamos por el 6’. Si a estas alturas el todavía ministro de Educación, Jaime Saavedra, hubiese cometido una falta grave —digamos una obstrucción violenta, o cortar con la mano un avance, o hacer señas obscenas a la tribuna— yo, de árbitro, no lo boto. Le habría llamado la atención, quizá con mucha energía para que la entendiese como una clara advertencia de expulsión a la siguiente, o en silencio y casi con desprecio por su vileza, le habría sacado tarjeta amarilla. Pero la roja de ‘anda vete a camarines’ de ninguna manera. Aún más, diría que cualquier árbitro sensato y con experiencia habría hecho lo mismo.

No es que el árbitro en cuestión quiera evitarse problemas a tan poco de iniciado el partido, ni que le haya sobrevenido una dosis de sabiduría y prudencia ni, mucho menos, que esté ignorando el reglamento. Ocurre que, quizá sin saberlo, ese árbitro está aplicando algunos de los principios más elementales del derecho. El primero de ellos es que las sanciones deben ser establecidas con razonabilidad, esto es, que deben ser proporcionales a la infracción. Entre infracción y sanción debe haber una relación directa. Se empieza con sanciones leves contra infracciones menores, se continúa incrementando sanciones contra infracciones mayores y, como último recurso, se prevén sanciones máximas contra los crímenes graves.

El segundo principio es que las sanciones se deben aplicar con gradualidad, que permite que la sanción establecida contra una misma infracción tenga intensidades diversas, según determinados criterios. Por ejemplo, debe tener sanción menor el que comete por primera vez una infracción versus el reincidente, el que la comete por error involuntario versus el que la realiza a propósito para obtener alguna ventaja y, en un último ejemplo, el que subsana espontáneamente la infracción versus el que se niega y debe ser forzado a corregirla. El derecho no juega como una aplicación irreflexiva de sanciones, sino que está obligado a evaluar la conducta del infractor y su contexto para incrementar o reducir la sanción.

Jaime Saavedra ha sido interpelado por el Congreso de la República por dos infracciones: la de corrupción en la compra de computadoras y la de negligencia en los planes para los Juegos Panamericanos. Advierto que estoy utilizando adrede lo de “infracciones” y no lo de “supuestas infracciones” porque, para hacer simple esta historia, asumiremos que los hechos aludidos en todas las preguntas del pliego de interpelación son ciertos, que quedan demostrados y que, además, constituyen infracciones. Lo que debiera seguir, conforme a derecho, es determinar la responsabilidad del ministro y luego elegir la sanción que corresponde aplicar con razonabilidad y gradualidad.

Hecho ese análisis queda claro que Saavedra no ha cometido directa ni personalmente ninguna de esas infracciones y que tampoco se ha beneficiado de ellas. Éste es un elemento clave porque si hubiese algún indicio probatorio de eso, lo que debería venir a continuación es un juicio político para levantarle su inmunidad y autorizar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que lo procesen como vulgar delincuente. Nada de eso ha sido siquiera insinuado en el debate y, por cierto, tampoco está en la agenda política. Lo que resulta más bien de la interpelación es que el Congreso le imputa responsabilidad política, porque tales infracciones fueron cometidas por los funcionarios bajo su administración.

Ok, la responsabilidad política también se sanciona. La censura que el Congreso propone contra el ministro es una de ellas. Pero no hay sanción más grave que esa y cabe preguntarse si la responsabilidad política de Jaime Saavedra es la infracción mayor que se puede cometer. La respuesta es obvia y clarísima: hay infracciones mucho mayores. Imaginemos, por ejemplo, infracciones similares pero, esta vez, el ministro las realiza directamente, se beneficia de ellas y una vez descubiertas, obstruye la investigación y reacciona con negligencia grave. Si a Saavedra se le censura, ¿qué sanción mayor quedaría por aplicar a ese otro ministro ‘malandrín’? La censura de Saavedra, en consecuencia, no es la sanción ‘razonable’ ni ‘gradual’.

Aquí es donde el problema deja de ser Saavedra y empieza a ser el Congreso. Al aplicar la censura, la violación de los principios mencionados produce la violación de otro más importante: el de la igualdad ante la ley, que exige tratar por igual a los iguales y desigual a los desiguales. En efecto, si se censura a Saavedra, también se tendría que censurar al ministro ‘malandrín’ del ejemplo. Sólo que, llegado el caso, habría sancionado por igual a Saavedra y al ‘malandrín’ cuando su conducta y grado de responsabilidad es diferente. Pero hay más. Como bola de nieve, la violación de estos principios de derecho trae como resultado una violación constitucional mayor: el abuso del derecho.

Una de las manifestaciones más claras de este abuso ocurre cuando un sujeto, pudiendo ejercer su derecho por distintas vías para obtener el mismo propósito, elige aquella que es más onerosa para el deudor. En esta historia, el derecho final del Congreso es exigir que se corrijan las prácticas corruptas en las compras del sector educación y se aceleren los planes para los Juegos Panamericanos. Hay abuso del derecho porque la censura elegida como sanción es la que más duele, porque se elige para hacer daño antes que para cumplir el propósito del derecho. Además esa sanción, en la práctica, es manifiestamente inútil para subsanar las infracciones cometidas.

Por último la censura será nula jurídicamente porque le faltará la ‘causa jurídica’. En derecho, para que los actos sean válidos y eficaces, tienen que ser consecuencia de una voluntad capaz de producir tales efectos jurídicos. Esa voluntad no es la intención con que se celebran los actos jurídicos, porque cada quien tendrá sus propios motivos y, en esas esferas íntimas, el derecho no se mete. La voluntad capaz de generar efectos jurídicos la determina, como no podía ser de otro modo, el derecho mismo. Así, por ejemplo, la ‘causa jurídica’ para comprar algo es adquirir la propiedad, y la de vender algo es recibir el precio. En la compraventa, esas dos voluntades se cruzan y forman el contrato correspondiente.

En nuestra historia, ¿cuál será la ‘causa jurídica’? ¿Qué es lo que, acorde a derecho, puede generar las consecuencias jurídicas de la censura? Pues no es otra que la infracción cometida. Sin embargo, si la sanción no es proporcional, porque no cumple con los principios de razonabilidad ni gradualidad, no hay una ‘causa suficiente’. Dicho en cristiano, el Congreso tiene en abstracto el derecho de aplicar la censura, pero no puede imponerla en el caso concreto de Saavedra, porque carece de una causa jurídica suficiente. Si la aplica, la censura es nula. El asunto es que el Congreso es la única instancia y Saavedra, si fuese censurado, no tendrá recurso de apelación ni instancia superior que revise su caso.

Se dirá que éste es un tema político y no jurídico. ¿Y quién ha dicho que en lo político no son aplicables plenamente los principios del derecho? Para que quede claro, nuestra Constitución divide las funciones políticas para concentrar las legislativas en el Congreso, las administrativas en el Ejecutivo y las judiciales en el Poder Judicial. Pero eso no significa que sean exclusivas. De hecho, cada poder del Estado tiene un poco de las funciones atribuidas a los otros dos. Por ejemplo, el Ejecutivo legisla cuando recibe facultades delegadas, o cuando regula asuntos aduaneros, o cuando celebra convenios internacionales y administra justicia mediante sus tribunales administrativos y los organismos reguladores. A su turno, el Poder Judicial tiene facultades administrativas para ejecutar su pliego presupuestal y legisla mediante acuerdos de la Sala Plena de la Corte Suprema, y establece normas obligatorias para llenar vacíos legales. Bajo ese diseño constitucional, el Congreso también administra justicia cuando resuelve los juicios políticos contra autoridades y, en este caso, cuando impone sanciones, como la censura.

En consecuencia, no es relevante que el Congreso sea una instancia política y que la censura sea un mecanismo constitucional expresamente previsto. Lo relevante es que se está administrando justicia y, en ella, son exigibles todas las garantías del debido proceso y el respeto a todos los principios del derecho.

En resumen, en esta historia el Congreso está ejerciendo una función judicial y, desde mi deformación profesional, veo en ella demasiadas violaciones de principios de derecho y de la Constitución. La censura a Saavedra no es una sanción razonable ni gradual, no respeta la igualdad ante la ley, constituye un abuso del derecho y es nula porque carece de causa jurídica suficiente. Entonces la censura no procede. No escribo esto en defensa de Saavedra, que su buen nombre es suficiente, sino de nuestro propio Congreso, porque lo quiero prestigiado y con autoridad; pero no hay nada que lo dañe más que actos injustos y arbitrarios. Escribo con la esperanza de que sea útil, para que esta vez el Derecho no esté al Revés.