EnriqueCastellanos
Financieramente Por Enrique Castellanos

En el Perú ser accionista de una empresa offshore es sinónimo de evasión de impuestos, lavado de dinero y otros crímenes de cuello blanco. Y aunque la afirmación anterior es inexacta, pues tener una de estas empresas no es un delito en sí, la verdad es que encontrar una offshore de un peruano que no haya sido diseñada para –legal o ilegalmente– ahorrar impuestos equivale casi a encontrar un unicornio.

Primeramente vayamos al concepto mismo. Una offshore es una persona jurídica constituida en un país cuya regulación tiene dos características principales: no hay impuesto a la renta para los extranjeros y los requerimientos de divulgación de información corporativa son muy escasos. La Organización de Países Desarrollados, la famosa OCDE, califica como jurisdicciones offshore en nuestro hemisferio a Panamá, Uruguay, Bahamas, las islas Caimán, y otras islas caribeñas.

Ahora bien, en la práctica, no todas las empresas offshore son iguales, existen varios tipos según el propósito por el cual fueron creadas. El primer tipo es un Personal Investment Company (PIC) que sirve de vehículo legal para las inversiones financieras (depósitos bancarios, bonos, acciones) en lugar de mantenerlas a título personal. La principal ventaja de la PIC es el llamado velo corporativo, es decir, evitar que el nombre del accionista quede expuesto. Con ello, se reduce el riesgo de que un gobierno socialistoide (tipo Velazco) trate de repatriar o confiscar estos activos o, incluso, que el titular sea víctima de extorsión o secuestro por la delincuencia local. Adicionalmente, una PIC es muy eficiente y flexible para fines de herencia en caso de fallecimiento del titular.

Un segundo tipo de offshore es la usada como un vehículo legal para inversiones reales: inmuebles, embarcaciones u otras empresas. El ejemplo típico es un peruano comprando una casa en Miami. En este caso, usar una offshore como titular del inmueble es lo más aconsejable en términos de limitar diferentes contingencias legales y también para fines de herencia o sucesión patrimonial.

El tercer tipo sería una empresa con operaciones reales y que genera una utilidad operativa. Un caso emblemático son las comercializadoras o trading companies localizadas en Panamá las cuales buscan ahorros o economías de escala centralizando algunas de las funciones de un grupo de empresas. Este tipo de empresas –dependiendo del rubro que se trate– pueden brindar ventajas económicas significativas a sus dueños en el manejo del negocio.

Pero “la neta”, como diría un mexicano, es que todas estas compañías tienen en su ADN el tema impositivo. Así, la gran ventaja de tener una empresa operativa en un paraíso fiscal era poder ‘sifonear’ las utilidades de la empresa peruana hacia la jurisdicción donde el impuesto a la renta es cero. Análogamente, el mayor atractivo de una PIC era la elusión o diferimiento del pago del impuesto a la renta sobre los intereses, dividendos o ganancias de capital.

Pero los tiempos cambian y a partir de este siglo, los acuerdos internacionales de intercambio de información, el Internet y la sofisticación de las autoridades tributarias han hecho muy difícil que una offshore pase por debajo de los radares. Actualmente este tipo de empresas son un animal en extinción y han sido reemplazadas por estructuras más “elegantes”: fideicomisos (trusts) irrevocables, fideicomisos segregados (split trusts), pólizas de seguros con ahorro incorporado, fondos de inversión privados, entre otros. Todas estas estructuras buscan evitar que sus beneficiarios finales, las personas de carne y hueso detrás de estos mecanismos, tributen en su país de origen. Más allá, la última tecnología en materia de planificación tributaria incluye la adopción de una nueva residencia fiscal. Por ejemplo, puedo –sin necesidad de mudarme– convertirme en residente de Panamá o Bahamas (países sin impuesto a la renta) siempre que haga una módica inversión en el país.

Que una persona haya fundado una offshore no es el mayor de los pecados. A nadie nos gusta pagar más impuestos y hace 25 años este mecanismo para tributar menos no tenía las connotaciones de hoy. Pero la gran mayoría de offshore con fines de elusión fiscal ya han sido desmanteladas y solo quedan aquellas que tienen una racionalidad económica real para sus accionistas. Por ello, la Sunat en su lucha contra la evasión debería centrar sus esfuerzos en los actuales mecanismos en boga y no en las ya archiconocidas offshore.