EnriqueCastellanos
Financieramente Por Enrique Castellanos

A raíz de la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kucynski (PPK), recuerdo que hace poco mas de un año, estando fuera del país, buscar ávidamente sintonizar un canal peruano para escuchar la conferencia de prensa de PPK a raíz del destape de Westfield y First Capital.

Literalmente, casi me caigo de la cama, cuando escuché al expresidente defenderse diciendo que había una Muralla China entre él y su gerente general Gerardo Sepúlveda y que él era “sólo el (único) accionista de Westfield”. Que PPK, un banquero de vastísima experiencia, usará como su mejor defensa estos argumentos hizo que inmediatamente le baje el dedo al presidente por el cual había votado.

La Muralla China es un mecanismo inventado por los bancos para hacer negocios –en forma simultánea— con empresas competidoras entre sí (ejemplo, Coca Cola versus Pepsi). El argumento es que existen compartimentos estancos dentro del banco y solo un grupo de banqueros accede a la información confidencial de cada cliente, “pues existe una muralla china entre cada equipo del banco”. Pero, ¡ojo! El concepto se aplica solo a relaciones entre áreas paralelas, nunca para relaciones verticales. Es decir, puede haber una muralla entre colegas, pero no con el jefe. Esto sería un “techo chino” y eso no existe. Este argumento es un “cuentazo”.

La realidad es que esta famosa muralla raras veces funciona y solo la utilizan bancos globales, que tienen detalladas políticas al respecto y una brigada de funcionarios en las áreas de control interno y cumplimiento. Así y con todo, las corporaciones evitan contratar bancos que trabajen con su competencia, pues siempre hay riesgos de que la información se filtre. Para el caso de empresas pequeñas, manejar murallas chinas internamente es casi imposible y, como dije, el concepto es inaplicable en una relación jefe-subordinado.

Relacionado al punto anterior están los conceptos de beneficiario final y personas de control. En la banca se consideran beneficiarios finales de una empresa a todos sus apoderados, directores y accionistas. Paralelamente, la persona de control se define como aquella con capacidad de influenciar en la gestión de una empresa o que posee más del 10% o 15%, varía según cada país, del accionariado de la misma. Dicho esto, que el único dueño de una empresa se beneficie de ella, pero no sepa nada de sus quehaceres, es un argumento indefendible en el mundo de los negocios, pues cae en ambas categorías: beneficiario final y persona de control.

La verdad es que Westfield y First Capital cobraron comisiones por casi US$5 millones por concepto de asesoría financiera en los proyectos de las IRSA y Olmos cuando PPK era un alto funcionario del gobierno o justo había dejado de serlo. El conflicto de intereses sería –por decir lo menos– grosero. Además, las comisiones cobradas estarían muy por encima de mercado; máxime considerando que, una cosa es lo que cobra un banco internacional y otra, la tarifa de una pequeña empresa, por más pergaminos que tuviera el socio de PPK, Gerardo Sepúlveda (que en ese entonces era solo un joven banquero). Sin embargo, el justiprecio de las comisiones por las asesorías siempre será un punto debatible, pues es difícil saber cuánto en verdad valían los servicios profesionales del señor Sepúlveda y cuánto era el efecto PPK.

No soy abogado y no tengo incumbencia para afirmar si el expresidente es culpable o no (aunque como ciudadano considero su detención innecesaria y abusiva). Sin embargo, desde el punto de vista financiero y bancario, los argumentos esgrimido en su defensa son incorrectos o poco creíbles.

Sea como fuere, a poco más de un año de estos eventos, lo más rescatable de éste y otros escándalos son los avances del país en términos de institucionalidad y lucha contra la corrupción. Se vacó a un presidente, otros tres expresidentes y políticos vienen siendo investigados, y hay varios jueces y alcaldes en la cárcel.

Soy un optimista empedernido. A pesar de lo deprimente que son las noticias sobre corrupción, creo que el país está en la dirección correcta. La lucha por la institucionalidad es un camino largo y difícil. Y si bien lo más probable es que nosotros no veamos los frutos de esta lucha, tengo la esperanza que nuestros hijos y nietos si lo harán.