DiegoBeleván
Hacia Asia Por Diego Beleván

El 3 de mayo pasado fue el “Día de la Constitución” en Japón (kenpō kinenbi); un día de fiesta en el que se celebra el Japón democrático del post-Segunda Guerra Mundial. En los setenta años transcurridos desde su promulgación, la constitución japonesa no ha sido objeto de una sola modificación.

Sin embargo, el primer ministro Shinzo Abe, en un discurso pronunciado ese mismo día, presentó un plan y un cronograma de modificaciones en el “Foro Público sobre la Constitución de Japón” (kōkai kenpō fōramu), evento co-auspiciado por la Asociación de Ciudadanos para la Creación de una Constitución para un Japón Hermoso (Utsukushii Nihon no Kenpo wo Tsukuru Kokumin no kai) y un grupo de estudio sobre la constitución del sector privado, Minkan Kenpō Rinchō. En esa ocasión, Abe prometió que antes de concluir su mandato, se enmendaría el documento adoptado bajo la ocupación estadounidense, que cambiaría el equilibrio entre el Estado y la sociedad japonesa, así como la trayectoria de las relaciones del Japón con el mundo.

Abe fijó el 2020, el año en que Japón será el anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano, como la fecha en que dichas modificaciones deberían promulgarse. En su intervención, Abe señaló que al igual que lo sucedido con los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, los próximos Juegos Olímpicos permitirán un renacimiento del Japón, siendo necesaria una revisión constitucional que debe incluir al Art. 9º, la “cláusula de no agresión”.

Las declaraciones de Shinzo Abe desencadenaron múltiples reacciones dentro y fuera del Japón. Los partidos políticos de la oposición criticaron el enfoque otorgado a las fuerzas armadas japonesas, mientras que varios miembros de su propio partido señalaron públicamente que no existe consenso al interior de la coalición gubernamental sobre este tema.

Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 96º de la constitución japonesa establece su proceso de revisión: ambas cámaras del parlamento japonés (la Dieta) deben acordar una propuesta y aprobarla con una mayoría de dos tercios, para después convocar un referéndum nacional que las ratifique. El debate promete dividir a los japoneses, quienes mantienen una compleja serie de aspiraciones para su país y creencias profundas sobre la influencia de la constitución en su sociedad. Durante los próximos tres años tendrá lugar una de las conversaciones políticas más significativas de los últimos setenta años, la cual ofrecerá una ventana sin precedentes sobre cómo varias generaciones de japoneses entienden su sociedad, sus logros y limitaciones, así como las necesidades futuras de una sociedad que envejece a un ritmo acelerado.

La misma semana del “Día de la Constitución”, el porta-helicópteros japonés Izumo partió de la base naval de Yokosuka para escoltar a un buque de suministro de los Estados Unidos. El despliegue de “protección de activos” de bajo riesgo en la costa del Pacífico japonés, que sería un evento relativamente banal para cualquier otra Marina de Guerra, es un evento histórico. Es el primer despliegue de este tipo de las Fuerzas de Autodefensa desde que estas operaciones fueron legalizadas bajo un importante paquete de reformas de seguridad aprobadas por la Dieta japonesa en el 2015.

Definidas en las “Guías para la Cooperación de Defensa entre el Japón y los Estados Unidos” del 2015 como “protección mutua de los activos de la otra parte … si participan en actividades que contribuyen a la defensa de Japón”, las nuevas normas permiten misiones de protección en tiempo de paz –por ejemplo, en el marco de ejercicios o entrenamientos conjuntos. Esto hace que un “ataque armado” al Japón deje de ser un prerrequisito para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Autodefensa.

Al defender las controvertidas medidas legislativas de seguridad del 2015, Abe se refirió directamente a su implicancia en la alianza que mantiene su país con los Estados Unidos, afirmando que: “ahora podemos defendernos los unos a los otros”. La señal política del envío del porta-helicópteros es así muy clara. Sin embargo, aún después de una resolución del gabinete de julio de 2014 “reinterpretando” el Art. 9º de la Constitución de 1947, las circunstancias precisas bajo las cuales el Japón podría utilizar la fuerza en defensa de los activos estadounidenses es compleja, no está predeterminada y, en la práctica, dependerá de los vaivenes políticos internos.

A pesar de acusársele a Abe de promover un peligroso revisionismo de la constitución, la realidad es más compleja, puesto que la política de seguridad de Japón ha experimentado reformas progresivas durante las últimas décadas; tanto bajo los gobiernos conservadores como de los moderados del Partido Liberal Democrático (LDP).

En ese sentido, es importante recordar que a pesar de las reiteradas críticas al accionar de Abe y sus aliados, su coalición ha sabido aprovechar una oposición dividida y desorganizada para ganar de manera decisiva cuatro elecciones consecutivas. Asimismo, su gabinete ha sabido utilizar el continuo apoyo popular para realizar “reformas constitucionales a través de la interpretación” (kaishaku kaiken), incluyendo al Art. 9º. Esta alternativa relativamente controversial, pero ampliamente utilizada a lo largo de la historia japonesa de post-guerra, ofrece una solución a la mucho más difícil revisión constitucional. El kaishaku kaiken se ampara en el fallo de la Corte Suprema de 1952 que señaló que “no hay nada [en el Art. 9º] que niegue el derecho de autodefensa inherente a nuestra nación como un poder soberano. El pacifismo defendido en nuestra constitución nunca tuvo la intención de significar indefensión o no resistencia”.

En la realidad, el significado del Art. 9º ha cambiado repetidamente en los últimos setenta años; por ejemplo, en 1954, después de la Guerra de Corea, el gabinete interpretó el “potencial de guerra” (senryoku), prohibido por dicho artículo, a fin de permitir “aquello que no exceda el nivel mínimo necesario para la defensa propia”. Por lo tanto, mientras que el texto del referido artículo permanece sin cambios, su interpretación efectiva ha estado supeditada a las vicisitudes de las amenazas externas, a los avances tecnológicos de los armamentos, así como a los vaivenes de la política interna. Lo que se considera el “nivel mínimo necesario para la autodefensa” nunca ha sido interpretado en un vacío estratégico o político.

Es de acuerdo con esta interpretación que las sucesivas administraciones japonesas, ante un entorno externo cambiante, han realizado una serie de modificaciones de política que consideraban adecuadas al espíritu básico de “autodefensa” enunciado en el Art. 9º. ¿De qué otra manera se podría explicar el establecimiento de las Fuerzas de Autodefensa y la suscripción del tratado de seguridad mutua entre los Estados Unidos y Japón? ¿O los desarrollos desde la década de 1990, incluyendo la participación de las Fuerzas de Autodefensa en operaciones de mantenimiento de la paz, sus operaciones de reabastecimiento en el Océano Índico, el soporte aéreo a la misión Enduring Freedom o las operaciones antipiratería en el Golfo de Adén? Todas estas actividades se llevaron a cabo mucho antes que Abe asumiera como primer ministro del Japón.

Durante los tres años que estuvo en el poder entre el 2009 y el 2012, el antiguo Partido Democrático de Japón (PDJ) impulsó importantes cambios de política. El Partido Socialista, durante décadas el principal partido de oposición y defensor de una “interpretación auténtica” del Art. 9º y de una “neutralidad desarmada”, reconoció en 1994 la “constitucionalidad” de las Fuerzas de Autodefensa y expresó su apoyo al tratado de seguridad con los Estados Unidos; este fue el “precio político” que estuvieron dispuestos a pagar para tener la oportunidad de que su presidente lidere un gobierno de coalición anti-LDP. Más recientemente, el Partido Comunista de Japón ofreció “congelar” sus llamamientos para abolir las Fuerzas de Autodefensa y el tratado de seguridad con los Estados Unidos, a cambio de formar parte de un “gobierno de coalición nacional” (rengo seifu) que se oponga a la legislación de seguridad del 2015. La administración Abe no es la primera, ni será la última, en hacer política a través de interpretaciones constitucionales.

Pero quizás Abe ha movido los postes más allá que sus predecesores. Como él mismo ha argumentado reiteradamente en defensa de la resolución del gabinete de 2014 que permite un “ejercicio limitado” del derecho de autodefensa colectiva, las vicisitudes de las condiciones regionales y mundiales del siglo XXI significan que “ninguna nación puede defenderse por sí misma”. No es necesario apoyar alguno de estos cambios de política o tácticas procesales, y mucho menos juzgarlos constitucionales, para reconocer su naturaleza inherentemente política.