JulioVillavicencio
Invirtiendo con estrategia Por Julio Villavicencio

En el Perú la política ha tenido un impacto muy limitado en el mercado de capitales. Si bien la Bolsa de Valores de Lima (BVL), los bonos peruanos y el tipo de cambio han tenido movimientos bruscos ante ciertos ‘choques’ electorales —la vuelta de Alan García en el 2001, Ollanta Humala en el 2005 y el 2010 y el ascenso de Verónika Mendoza en la última elección— o políticos —como el ‘arequipazo’ en el 2002—, el impacto de estos choques ha sido transitorio. La historia de los últimos 15 años muestra que los factores globales como los precios de los commodities son, de lejos, los más importantes en la determinación de los retornos de los activos peruanos.

Sin embargo, esta aparente desconexión entre la política y los mercados no se mantendrá por mucho tiempo. A mediano plazo, las acciones que los políticos vienen siguiendo —sobre todo desde el Congreso— terminarán pasando una alta factura que los activos se encargarán de reflejar antes que la economía. A continuación tres de las conexiones entre las acciones actuales de los políticos y el desempeño futuro del país y sus activos financieros.

Riesgos fiscales

Desde el 2002, el Ejecutivo enfocó sus esfuerzos en independizar el manejo fiscal de la política (alejarlo del Congreso) mediante cambios estructurales y candados que permitieron al Perú lograr el grado de inversión (pasó desde una calificación de BB+ a BBB+, la más alta después de Chile) y reducir el riesgo país de 570 puntos básicos (pbs) a 135 pbs.

No obstante, hay una deuda social contingente que se viene gestando producto de la deuda previsional. Primero, el sistema previsional peruano alberga sólo a 31% de la población mayor de 14 años, por lo que la mayoría de trabajadores peruanos estará desprotegida al jubilarse. Segundo, la ‘ley del 95.5%’ aprobada por el Congreso anterior ha generado que el 95% de los jubilados a una AFP con 65 años efectúe el retiro total de su fondo previsional.

Lo más alarmante es que el 60% de este dinero no ingresa al sistema financiero formal ni a otras alternativas de inversión, como los fondos mutuos, según la Asociación de Administradoras de AFP. De seguir esta tendencia, en algunos años vamos a tener que enfrentar la jubilación de miles de peruanos sin fondos para su retiro, lo que demandará subsidios como Pensión 65. Estos subsidios probablemente serán financiados con aumentos de impuestos a personas y empresas, reduciendo el ingreso disponible de los hogares y aumentando el costo de invertir en el país.

Un pasivo como este puede aumentar las tasas de interés de largo plazo y el tipo de cambio por el mayor riesgo fiscal. A su vez, esto aumentará el costo de capital de las empresas, reduciendo su valor en el mercado de acciones. ¿Cuántos debates hemos tenido en el Congreso sobre la forma de atraer más personas al sistema de pensiones? ¿Cuántas discusiones se han dado para revertir la ley del 95.5% o buscar que los fondos previsionales obtenidos no se destinen a otros fines?

Baja productividad

La productividad es la variable más importante para el crecimiento potencial de las economías y las empresas. Por lo tanto, es el factor más relevante para el retorno de la renta variable en el largo plazo, pues el crecimiento futuro vendrá cada vez menos del aumento poblacional y de capital, como sucedía en el pasado. Esto ha tenido como resultado una carrera global de los países y las empresas por mejorar su capital humano, mejorar sus tecnologías y sus procesos para sobrevivir en este contexto. Esto debería ser bueno en términos políticos, pues empresas más productivas ofrecerán más y mejores puestos de trabajos.

No obstante, en el Perú la productividad es baja. La productividad promedio del sector agrícola es tan baja que es incluso menor al salario mínimo. Esto es particularmente grave, considerando que este sector concentra la mayor parte del empleo nacional (alrededor de 25%). Por el contrario, la minería es el sector más productivo (50 veces la de agricultura), pero emplea a menos del 3% de la población. Si retiramos la minería de la medición, la productividad caería a niveles de países africanos pobres.

Si bien el Congreso se ha mantenido (afortunadamente) lejos de la continuidad de las políticas de diversificación productiva empezadas en el gobierno anterior, sí ha tenido interferencia en la política educativa –clave para el aumento de la productividad—, generando incluso la renuncia de dos ministros de educación y la pérdida de un tiempo valioso para avanzar en esta materia.

Estabilidad jurídica

La división de poderes es clave para el funcionamiento de la democracia y del libre mercado, pues brinda la estabilidad jurídica para invertir en un país y en sus empresas. Uno de los casos más emblemáticos es Estados Unidos, donde un juez de un Estado puede parar una propuesta disparatada del presidente, pues nadie puede estar por encima de la ley. Esta es una de las razones por la que los activos de Estados Unidos son vistos como libres de riesgo. A los países donde no se respeta la división de poderes, o donde las instituciones son débiles, les es más difícil atraer inversionistas. Hoy, representantes del Congreso amenazan instituciones claves como la fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional (TC), además de proponer proyectos para quitar las facultades del Ejecutivo de cerrar el Congreso ante una segunda censura. A diferencia de Congresos anteriores, éste —lejos de ayudar — está llevando al país a una situación de ingobernabilidad. De continuar este contexto hay un riesgo de salida de inversionistas de los activos peruanos, afectando negativamente su valor. La pregunta clave es: ¿qué tipo de inversión iría a un país con estos problemas?

Conforme pase el tiempo, veremos cómo estos costos penalizan los activos financieros peruanos. Quizá en el corto plazo las variables globales, como los precios de los commodities, sean las más importantes al momento de determinar el retorno de los activos locales y por lo tanto las estrategias de inversión. No obstante, en el mediano plazo, los activos terminarán pagando la factura de tener hoy un Congreso que, lejos de evaluar propuestas legislativas para mejorar la productividad y la estabilidad fiscal, pone en riesgo la independencia de poderes y comienza a ser una traba para el Ejecutivo. Los mercados financieros podrían empezar a penalizar esta situación mucho antes que lo veamos en la economía, aunque el momento exacto es incierto.

Ojalá que a futuro el Poder Legislativo tenga una vocación mayor por el desarrollo del país y un nivel técnico óptimo para abordar los temas complejos que el país requiere con urgencia. No obstante, a pesar de que la carga de este artículo descansa sobre el Congreso —por el peso actual de sus acciones—, no es menos importante mencionar la necesidad de que el Poder Ejecutivo empiece a liderar en la política económica y que el Poder Judicial fortalezca sus instituciones.