RicardoLabó Fossa
La minería en balance Por Ricardo Labó Fossa

Para el sector minero, los resultados de la primera vuelta electoral no deben ser entendidos como una sorpresa o novedad, sino como un recordatorio. Un aviso de la realidad local, que las regiones tiene voz y voto, que en el sector “más descentralizado del país” las decisiones no pueden tomarse de manera centralizada, que el sur del Perú (incluido Arequipa) y Cajamarca merecen especial atención, que el crecer y generar rentas no es lo único que importa y que hay algo que debe cambiar, pero sobretodo que se necesita visión y consensos de largo plazo.

Gregorio Santos recibió la mayor cantidad de votos en Cajamarca, lo cual nuevamente no debe sorprender, pues hace poco más de un año ganó las elecciones para la gobernación regional con alrededor del 44% de los votos. En estas elecciones, junto con Verónika Mendoza habrían recibido alrededor del 51% de los votos (habría que ver, sin embargo, cuál es el mensaje de Cajamarca hacia Marco Arana, cuyo partido sólo recibió 10% de los votos, similar a PPK). Una encuesta de Ipsos APOYO de agosto del 2012 señalaba que el 71% de los cajamarquinos se sentían representados por Santos y que el 67% pensaba que su gestión era beneficiosa para la región. Esto evidentemente indica consistencia de pensamiento y posición en el tiempo y que el sentimiento frente a algunos proyectos mineros no habría cambiado mucho.

Y digo frente a “algunos proyectos mineros”, pues yo sostengo que en Cajamarca y el Perú no hay un rechazo generalizado hacia la inversión y el sector minero; los conflictos son más bien proyecto o empresa-específicos. Una encuesta de Datum de hace un año (mayo del 2015) señalaba que 61% de los peruanos estaba a favor de la inversión minera, mientras que un 30% en contra. Ciertamente, podemos encontrar en una misma región muchas operaciones, proyectos e inversiones avanzando –no libre de problemas, por supuesto– y, a la vez, otras inversiones  mineras que no. Cajamarca y Arequipa son dos ejemplos muy claros de lo que menciono.

Cajamarca concentra casi el 25% de la cartera de proyectos en términos de inversión. Ha recibido más de US$1,000 millones por canon minero desde el 2006, es la principal región productora de oro del país y en un futuro se convertiría en una de las principales de cobre cuando se desarrollen los proyectos como Galeno, La Granja, Michiquillay y Minas Conga. Éstos representan, con estimados conservadores, una inversión conjunta por más de US$10,000 millones. Hay ciertamente mucho “en juego”, no sólo para la región, sino para el país entero. Sin embargo, Cajamarca es a su vez una de las regiones con mayores niveles de pobreza, desnutrición y déficit de infraestructura básica, y número 20 (de 25) en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, entre otros. Evidentemente, una contradicción.

Por su parte, en Arequipa, uno de los mayores productores de cobre del país, PPK “ganó” la región con poco más de 27%, aunque seguido muy de cerca por Mendoza con 25%. Arequipa recibió por concepto de canon minero un monto similar al de Cajamarca en lo últimos 10 años y es la región donde se acaba de culminar una de las mayores inversiones mineras: la ampliación de capacidad de la mina Cerro Verde. A su vez, es la región donde se ha desatado uno de los mayores conflictos en los últimos años, a la par de Minas Conga, por el proyecto Tía María en manos de Southern Copper. Si bien con mucho por desarrollar y niveles importantes de pobreza, Arequipa ocupa en cambio el quinto lugar en el IDH, triplica el ingreso familiar per cápita de Cajamarca y la supera en otros indicadores relevantes.

Un estudio comparativo entre Cajamarca y Arequipa, realizado por Ipsos APOYO hace casi 4 años aunque en mi opinión aún vigente, señala que la sensación de progreso es mayor en Arequipa (42%) que en Cajamarca (16%); que en Arequipa el apoyo a la inversión privada es mayoritario (63% versus 23% en Cajamarca); que en Cajamarca (81%) piden que la empresas paguen mayores impuestos, frente a un 50% en Arequipa; y que en Cajamarca se piensa que los empleos son generados para personas que vienen de fuera de la región (70% frente a 34% en Arequipa). Asimismo, el 74% de cajamarquinos piensa que la minería trae más perjuicios que beneficios, frente a un 44% en Arequipa; y para el 84% en Cajamarca la minería causa graves daños al ambiente, frente al 47% en Arequipa.

Ambas regiones conviven con una mina –una de oro, otra de cobre– “en su patio trasero”. Si “el modelo” es el mismo para todo el país, incluidos Cajamarca y Arequipa, ¿qué ha estado ocurriendo? Yo creo que parte de la explicación está en que la riqueza minera no se ha estado traduciendo en desarrollo de igual manera en todas las regiones por una falta de adecuada gestión pública.

Hace algunos años, el Banco Mundial desarrolló la denominada Cadena de Valor de la Industrias Extractivas, la cual creo ayuda a explicar, en parte –pues no hay una sola razón– qué es lo que puede estar ocurriendo y que creo que el nuevo gobierno debe tomar mucha atención, así como el sector empresarial y la población en general.

Este gráfico muestra la cadena mencionada, que inicia con la generación de reglas de juego, luego la regulación y fiscalización de las actividades, pasando por la recaudación de las rentas mineras generadas, para que luego sean distribuidas e invertidas en búsqueda de desarrollo.

Cadena de Valor de IE

En los noventa, el Perú se centró en la primera y tercera parte de esta cadena. Se dieron reglas claras y transparentes para fomentar la inversión privada, pues era lo que se necesitaba en aquel momento para recuperar a un país quebrado. Asimismo, se hizo una gran reforma a lo que es hoy la Sunat, pues el país requería asegurarse de colectar los recursos que generaría la inversión que había promovido para poder financiarse. También se dieron algunas reglas base de regulación y fiscalización laboral y ambiental, entre otras. Por su parte, si bien la Constitución del 1993 ya incluía el concepto de canon, este no se concretó realmente hasta inicios de la década del 2000. Como notarán, el gran ausente en la agenda ha sido la última parte de esta cadena : la buena gestión de las rentas mineras que las transformen en desarrollo.

En los últimos 15 años se han realizado diversos cambios en cada uno de los componentes de esta cadena. Así, a inicios de la década del 2000 se incrementó de 20 a 50 el porcentaje del Impuesto a la Renta a distribuir por concepto de canon minero, como si un mayor porcentaje garantizaría mayor desarrollo a nivel local, y se cambió la tributación minera. Asimismo, ha habido un importante cambio institucional en materia de regulación y fiscalización ambiental, principalmente en este gobierno. Sin embargo, nuevamente el gran olvido se da en la gestión. Mucho foco se ha dado en cómo hacer crecer y repartir “la torta”, lo cual es una condición necesaria, pero muy poco en cómo transformarla en desarrollo. Y esto va más allá del sector minero, es un problema estructural del aparato estatal que carece de una burocracia principalmente a nivel subnacional que permita administrar los grandes flujos de recursos que se han generado los últimos años.

Además de los problemas de gestión, el proceso de descentralización mantuvo las decisiones relativas al sector minero a nivel central, lo cual en parte ha generado controversias a nivel de poder político entre regiones y gobierno central sobre quién toma las decisiones, estando la minería en el medio de la discusión.

Me sorprendió gratamente escuchar las declaraciones del presidente de la Confiep el domingo de las elecciones, cuando reconoció que los empresarios habían estado más preocupados en cómo generaban empleo y crecían, pero que “eso no es suficiente, porque más importante es cómo resolvemos los problemas de salud, educación y seguridad”. Si bien una reacción tardía, pues este es un problema identificado hace por lo menos 15 años cuando la inversiones de los noventas comenzaron a dar mayores frutos, lo importante es que por lo menos está hoy en el discurso del gremio de gremios.

No es sostenible seguir con un modelo que está muy centrado en promover inversiones, regular, recaudar y más o menos repartir, pero no en gestionar ni ser más inclusivos en la toma de decisiones. Por este “descuido” se critica a todo “el modelo”. El resultado de estas elecciones y en parte la razón de los conflictos sociales son una muestra de ello. Así, al nuevo gobierno le toca hacer nuevos ajustes, si bien centrándose en la última parte de esta cadena, pero también balanceando la primera parte, buscando la forma cómo incluir a los gobiernos subnacionales y a “la izquierda” en la toma de decisiones y regulación. Que el Frente Amplio tenga un número importante de congresistas (tal vez se convierta en la segunda fuerza política) debería ser aprovechado para llegar a consensos “en la mesa” antes que el descontento se manifieste “en las calles”.

El contexto ha “cambiado”. Urge tomar en cuenta las lecciones de las dos décadas pasadas y tener una perspectiva integral, cubriendo no sólo vacíos, sino poniendo más énfasis en la fiscalización, promoción interna, participación en decisiones, desarrollo territorial, gestión de recursos y contribución al desarrollo, pasando de contar con políticas de gobierno a establecer políticas de Estado con una visión de largo plazo. Todo esto es responsabilidad en primera instancia del Estado, no de las empresas ni la población, pero sí debe ser de su interés y preocupación, pues de ello depende en gran parte de la generación de condiciones para que la inversiones en cartera se concreten.

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