RicardoLabó Fossa
La minería en balance Por Ricardo Labó Fossa

…continuación de parte I

Desde inicios del siglo XXI, las crisis o conflictos complejos han marcado ciertamente puntos de quiebre en el sector minero peruano y la creación de los “versus” o de los “algún tema” SÍ, mina NO. Así, tenemos que, por ejemplo en el 2000, el accidente de transporte que ocasionó el derrame de mercurio en Cajamarca puso en agenda temas de seguridad vial, transportes de materiales peligrosos y los impactos que podría tener la actividad minera en las comunidades aledañas a las operaciones. De este evento, surgieron la incorporación de nuevos estándares y políticas corporativas, así como cambios normativos. Asimismo, en el 2003, la paralización del proyecto Tambogrande, en Piura, puso en cuestión la convivencia entre agricultura y minería (“agro sí, mina no”), así como el de la consulta o referéndum popular. Por su parte, conflictos alrededor de los proyectos como Quilish y Minas Conga pusieron sobre la mesa la discusión entre agua y minería (“agua sí, mina no”). Y así muchas otras polarizaciones de la minería versus un sector o algún tema ambiental, incluyendo los imposibles como “canon sí, mina no”. Los más recientes proyectos, como Tía María, congregan a todos los slogans anteriores ciertamente.

El conflicto en Las Bambas estaría poniendo nuevamente otros temas en agenda, tales como derechos de servidumbre, derechos de propiedad superficial y del subsuelo, uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y modificaciones de los Estudios de Impacto Ambiental (MEIA), y las compensaciones por uso o compra-venta de tierras, entre otros. Lo mismo ha ocurrido con incidentes en otros países que tienen impactos globales, como por ejemplo las fallas en las presas de relaves en Brasil, las cuales han puesto en cuestión no sólo los estándares ambientales y técnicos, sino la diligencia y ética bajo las cuales actúan las gerencias y directivos de las empresas mineras.

Ante estas situaciones, muchos de estos temas son aprovechados por algunas organizaciones o personas que si bien en la forma buscarían el cuidado del medio ambiente, los derechos comunitarios y humanos y laborales, entre otros, en el fondo algunas de ellas tendrían agendas políticas e ideológicas que más allá de contribuir con mejoras no permitirían el desarrollo del país. Si bien es importante ciertamente corregir lo que deba cambiarse o mejorarse, no debe tomarse decisiones precipitadas por parte del gobierno ni tampoco buscar que las excepciones generen las reglas o cambios normativos. Los impactos de decisiones en cambios legislativos y normativos precipitados pueden tener impactos negativos significativos para todos.

En ese sentido, tanto el gobierno como el gremio deberían responder rápidamente, brindando información oportuna, veraz y adecuada. Si bien en el caso de las fallas de presas de relaves el gremio minero internacional ICMM (International Council on Mining and Metals) ha respondido rápidamente (en los últimos meses he visto directamente presentaciones en eventos en Australia, Canadá y Chile de CEO que inician sus presentaciones informando sobre la proactiva revisión que están realizando a todas sus presas de relaves), en el Perú no se ha aclarado por parte del gobierno (ni MEM, ni Oefa ni Osinergmin) ni por parte del gremio que, por ejemplo, presas como las de Brasil no están permitidas de construir y que en los últimos 40 años sólo ha habido cuatro incidentes en el país y de una magnitud 1,600 veces menor a los ocurridos en otros países y con daños netamente materiales, mas no humanos (y ninguno proveniente de los pasivos ambientales mineros); mientras que algunas ONG sí han salido a comunicar los riesgos y criticar la pasividad del sector frente a este tema. ¿Se ha escuchado algo sobre, por ejemplo, lo útil, pertinentes y confiables que son los ITS si son utilizados para lo que fueron creados? El Ministerio del Ambiente (Minam) estaría por prepublicar una norma que entre otros cambios podría eliminarlos o hacer que pierdan su efectividad o esencia. Las críticas al uso de este instrumento por parte de Las Bambas, para cambiar la forma de transporte del concentrado de mineral, reforzaría el sustento de los que fomentan dichas modificaciones.

Si bien recientemente se ha llegado a un diálogo, aún en evolución, entre el gobierno, las comunidades y la empresa en el caso de Las Bambas, ello no debe distraer la atención de lo que estaría sucediendo dentro del MEM en cuanto a gestión social y que de seguir así podría tener consecuencias al no poder atender oportunamente situaciones similares en otros lugares del país. Desde hace casi seis meses, la institucionalidad en cuanto a gestión social dentro del MEM se habría debilitado. Se habría pasado de tener una Oficina General de Gestión Social (OGGS) cohesionada a una desmembrada y sin mayor rumbo o estrategia. Así, hoy habría hasta tres grupos operando en paralelo dentro del MEM: la “antigua” OGGS (cuyos funcionarios están siendo separados de la institución poco a poco, incluyendo los encargados justamente de la ruta del corredor minero sur), la nueva jefatura de la OGGS (con dos cambios de los directores encargados en menos de cinco meses) y, por otro lado, un grupo de asesores reportando a la Alta Dirección del ministerio que también “cubren” temas sociales.

Una situación como ésta ciertamente restaría estrategia, empoderamiento, capacidad de coordinación, respuesta y prevención ante situaciones sociales alrededor de las operaciones y proyectos mineros. A ello hay que sumarle iniciativas paralelas e inorgánicas que han surgido en los últimos meses, las cuales no tienen una línea clara de reporte ni acción, como son: el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Metalúrgicas (Rimay) y los Comités de Gestión e Información Minero-Energéticas. Dada esta debilidad institucional, sumada a la inestabilidad o falta de continuidad en otras áreas del MEM (posiciones clave como por ejemplo la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministro ha cambiado 5 veces en un lapso de un año), que no nos sorprenda pues la demora o inacción por parte del MEM en los temas como el oleoducto y Las Bambas, y en las que están latentes y por venir. Y pareciera que dentro del Ejecutivo se habría notado ya tal situación, al no incluir al MEM en el decreto supremo que crea la comisión multisectorial para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el área de influencia de la mina Las Bambas.

Para concluir con un tono más alentador, y resaltar que en el país puede seguir haciéndose minería si se cuenta con una estrategia integral clara, los tres proyectos iniciados el 2018 —expansión de Toromocho, Mina Justa y Quellaveco— avanzan sin mayores problemas técnicos, económicos o sociales. Ello permitirá que hacia el 2021 y 2022 el Perú incremente su actual producción de cobre en un 25%, logrando así superar los tres millones de toneladas métricas finas y los consecuentes impactos que ello brinda a la economía macro y micro del país. Esta meta se estableció al inicio del 2017, se trabajó en su implementación casi año y medio con un equipo de profesionales muy comprometidos y bajo una estrategia y plan de acción claras e intensa coordinación multisectorial, las cuales cubrían aspectos administrativos, sociales, normativos y técnicos, entre otros, y que felizmente sus resultados se están observando actualmente y no deben descuidarse.

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