DavidTuesta
Mirador Económico Por David Tuesta

Con la explosión del caso Odebrecht, y los hechos de corrupción que han cruzado transversalmente a toda América Latina, muchos de los esquemas de inversión en infraestructuras bajo los modelos de asosciación público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés) han entrado bajo sospecha. No obstante, más peligroso y dañino aún es que esto puede colocar una enorme sombra de duda sobre el futuro desarrollo de los proyectos que tanto necesita la región para dar soporte a su crecimiento.

Un reciente reporte del Fondo Monetario Internacional resume de forma muy sucinta los problemas de fondo que lastran a la región: limitaciones en la calidad de la educación, poca diversificación de las exportaciones, precio y dependencia en los commodities y la inadecuada infraestructura de sus países. De estos cuatro factores explicativos, quizá la inversión en infraestructura sea la variable que puede tener un efecto más inmediato. No obstante es mucho más fácil decirlo que realizarlo, como los propios hechos de escándalo surgidos recientemente nos lo han demostrado.

En estos ‘tiempos del cólera’ es sumamente importante reponerse del golpe y poner en marcha procesos muy bien institucionalizados que permitan retomar el curso adecuado para que las necesarias inversiones se pongan en marcha. Las brechas de infraestructuras de la región son inmensas. En una reciente presentación realizada en el Banco Mundial, donde citaba los datos de un estudio que haremos públicos próximamente, mostrábamos que la brecha de infraestructuras en Latinoamérica sumaba más de US$200,000 millones, y sólo en el caso del Perú esta brecha superaba los US$10,000 millones.

Esta brecha actual, si bien preocupante, brinda también una oportunidad y potencial para que la región reconduzca su senda de crecimiento. De acuerdo a las estimaciones del mismo estudio, encontrábamos que la elasticidad del crecimiento económico a las infraestructuras es de 0.14 para los países en condiciones de emergentes. Esto implica que si el Perú, por ejemplo, incrementa la inversión en infraestructuras en 7%, el crecimiento del PBI lo haría en 1.0%. El Fondo Monetario encuentra resultados similares para cinco países, donde las elasticidades fluctúan de 0.08 en el menor de los casos, y de 0.18 en el caso de mayor efecto.  Evidentemente mientras los rendimientos marginales decrecientes sean mayores (que van de la mano con el mayor rezago en las condiciones de infraestructura), mayor es el potencial, las elasticidades y el efecto positivo sobre el PBI.

Lograr que todos estos efectos positivos sobre el crecimiento económico se den requiere el desarrollo de marcos institucionales que funcionen. En el caso de las PPP se requiere que los contratos y sus procesos sean predecibles y transparentes tanto para el Estado (y sus ciudadanos) como para la contraparte privada. El diseño de un buen marco institucional para las PPP debería permitir la identificación de los cuellos de botella de los procesos, el mapeo de las necesidades de proyectos de los países (banco de proyectos) con los costos-beneficios respectivos (para que no nos vendan gato por liebre), la identificación de los riesgos de los proyectos, así como los mecanismos de mitigación para cada uno.

Las implicancias del concepto PPP y su implementación transparente requieren tener en cuenta la alineación de los intereses de sus varios actores (accionistas, instituciones financieras, reguladores, ofertantes de materias primas, constructores, operadores, aseguradoras y usuarios finales de la obra), así como la gestión/anticipación de los riesgos que su participación envuelve (de construcción, operacionales, mercados, ambientales, financieros, políticos, etc.). Experiencia y gran conocimiento es un factor necesario, aunque no suficiente, para lograr buenas PPP. Se requerirá también un marco institucionalizado y transparente que reduzca eventos futuros de corrupción.