DavidTuesta
Mirador Económico Por David Tuesta

La debilidad del sistema tributario es clara. Con una recaudación fiscal aproximada del 16% del PBI en la última década, las dificultades para construir un Estado que funcione son gigantescas. Cualquier pedido o demanda de nuestros políticos por mejorar la educación, la salud, o nuestra seguridad como ciudadanos, choca con esta enorme muralla: no hay recursos fiscales. Esto es frustrante, más aún cuando observamos como de forma absurda se pierden recientemente vidas en un incendio (caso Las Malvinas), donde la inoperancia del Estado queda graficada en todos sus niveles. Sin capacidad recaudatoria, este país no va a llegar a ningún lado. Y algo anda mal, pues mientras las cifras indican que desde hace más de una década la pobreza viene cayendo y las clases medias subiendo, no se entiende por qué esa mayor riqueza no se refleja en mayores puntos del PBI en recaudación. ¿No se habrá quedado rezagado nuestro sistema tributario y debemos subir más los impuestos?

Lo anterior es una pregunta impopular. Pero veamos números. Una comparativa de nuestro sistema tributario con el mundo nos da una respuesta rápida de por qué observamos que las cosas funcionan mejor en otros países. ¿Queremos que nuestro Estado trabaje igual como en el mundo desarrollado? Pues habrá que pagar como país por ello, ¿no creen? Y la verdad es que sólo viendo nuestras capacidades fiscales estructurales, nos damos cuenta que estamos muy lejos de aplacar contundentemente el clamor de una sociedad que pide a gritos que las cosas mejoren en este país.

Solucionar esos problemas básicos que faciliten la vida y convivencia de los peruanos requiere recursos; partamos de ahí. ¿Y cuán mal estamos? Si realizamos una comparativa amplia, observamos que nuestra capacidad fiscal dista enormemente de la de los países de la OCDE; ese grupo de países que congrega a los más desarrollados, y al que Perú tiene la osadía de querer pertenecer. La capacidad tributaria promedio de este grupo de países llega al 35% de su PBI, es decir, casi el doble de lo que recaudamos. Bueno, es cierto. Existen grandes diferencias estructurales entre una realidad desarrollada y la peruana, siendo la más importante los niveles de informalidad. Dicho esto, querer aspirar a elevar la presión fiscal a esos niveles no es realista.

Comparemos entonces nuestras capacidades fiscales con las de aquellas realidades estructurales más similares. El promedio de América Latina de la última década subraya que la recaudación promedio alcanza el 22% de su producto, lo cual nos sigue dejando muy atrás. Algo más allá que la informalidad tiene que estar explicando esta inefectividad de incrementar decididamente nuestros tributos y, al menos, aproximarnos a este promedio. Detrás de ello, es muy probable que existan espacios de acción para mejorar las labores de fiscalización, pero también puede estar el hecho que el diseño de nuestro sistema tributario no sea el más efectivo para captar esos recursos que las nuevas clases medias están generando.

¿Y dónde pueden estar esos espacios fiscales? Un reciente reporte de la OCDE , que hace revisión a las capacidades fiscales, nos da muy buenas pistas. En el caso del Impuesto a la Renta a las personas, se aprecia que existe un cierto margen de incrementarlas. Recaudamos aproximadamente como el 1.5% del PBI cuando el promedio de Latinoamérica ya está encima de los 2 puntos. Claro, aquí estamos muy, pero muy lejos del 8% del PBI recaudado por los países de la OECD. Pero, ciñéndonos sólo al rezago con el promedio latinoamericano, algunas preguntas que valdría la pena hacernos para el sistema tributario peruano son: ¿Habrá algún tipo de exoneraciones, deducciones que ya estén perdiendo sentido y valga la pena revisar? ¿Qué hay del nivel en que se encuentra el mínimo no imponible? ¿No habrá llegado el momento de hacer un serio ajuste? En el caso del impuesto a las empresas, se deja en claro que el Perú viene recaudando prácticamente lo mismo que el promedio de la región, con una presión tributaria alrededor del 4% del PBI en este tributo. Interesante observar en este caso que Latinoamérica en su conjunto descansa más en este impuesto que los países de la OCDE donde el promedio de presión es menor al 3.0% de su producto.

Otro ámbito donde parece existir espacio es en los impuestos a la propiedad, donde el Perú recibe 0.4% del PBI, mientras en el promedio de Latinoamérica es el doble. Donde se observan amplios espacios es en el caso de los impuestos al consumo, en el que el Perú recauda el 1.2% del PBI mientras que la región recauda el 5.2% del PBI. Claro está que este tipo de impuestos suele estar asociados a aspectos de regresividad, ineficiencia y aliento a actividades como el contrabando. No obstante, la gran diferencia recaudatoria anima a estudiar con detenimiento el caso y ver si hay espacio a través de actividades de consumo masivo y de demanda inelástica, que suelen ser los rubros normalmente gravados. El IGV (o IVA) suele ser el otro tipo de impuesto indirecto utilizado como factor de ajuste en los sistemas tributarios. Cabe indicar, sin embargo, que en el caso peruano, éste representa cerca del 7.0% del PBI; es decir, un punto más de lo que recauda en promedio la región. ¿Hay más margen para subir el IGV? Si lo hubiese, ya es muy limitado. Hay claramente mucho más recorrido en los otros impuestos al consumo, los que tradicionalmente hemos llamado selectivos.

Lo que muestra esta nota es sólo una revisión muy agregada de las dificultades para que el Estado cumpla con su contrato social, en un contexto de ingresos fiscales paupérrimos. Complementariamente, he presentado las enormes distancias de nuestras capacidades fiscales respecto a las del mundo, y sobre todo, de nuestros vecinos. De esta comparativa, subrayamos los aparentes espacios fiscales para cerrar esa brecha de aproximadamente 6 puntos porcentuales del PBI de nuestra recaudación versus el promedio latinoamericano. Toca ahora hacer un estudio más detallado que permita ver qué impuestos y cómo debería ser elevado para que el Estado pueda cumplir su contrato social.

Si  como sociedad queremos tener mejor atención de salud, mejor educación, más seguridad, mejores carreteras y que las cosas funcionen en todo sentido, hay que pagar por ello. Y claramente no lo estamos haciendo.