DavidTuesta
Mirador Económico Por David Tuesta

El sistema de pensiones peruano está al borde del precipicio. No es una exageración. La falta de legitimidad puede terminar con su existencia.

Esta situación resulta de una inconsistencia que ha sido explotada exitosamente por buena parte de nuestros políticos desde hace varios años, basada en aspectos que una gran parte de la población percibe como injustos:

(i) un sistema de pensiones obligatorio donde participa menos del 40% de la PEA
(ii) percepción de que las pensiones son malas
(iii) las rentabilidades que reciben los fondos menores no son las mejores
(iv) elevadas ganancias de las AFP a costa de las comisiones que se cobran a los afiliados.

Astutamente, los que están en contra del sistema han achacado la culpa de todo ello únicamente a las AFP, cuando la verdad es que el sistema de pensiones descansa también en un componente público de reparto gestionado por la ONP que rara vez es protagonista de titulares en prensa.

Somos testigos de una dinámica de acciones por parte de nuestros políticos que han gozado de aplausos. Sin embargo, en el largo plazo, las decisiones han sido irresponsables. Por mencionar algunas, podemos recordar la Ley 30304 que en el 2015 exoneró permanentemente de la base de contribución para las pensiones las gratificaciones de julio y diciembre. También en el 2015, por presiones políticas se suspendió la aplicación de una nueva tabla de mortalidad. Finalmente, en el 2016 el Congreso aprobó la Ley 30425 que ha permitido al afiliado retirar el 95.5% del total de su fondo al llegar a la edad de jubilación, y el uso del 25% de éste para la adquisición de una vivienda. Todas estas medidas han dañado terriblemente el sistema de pensiones al restarle a éste la capacidad de acumulación y capitalización a lo largo de la etapa laboral. Más aun, la normativa que permite el retiro de la casi totalidad del fondo eleva enormemente la probabilidad de caer en pobreza durante la vejez y/o de afectar fuertemente la capacidad de acumulación de riqueza intergeneracional. Hoy la esperanza de vida luego de llegar a los 65 años es de 18 años adicionales, y la probabilidad de que un dinero mal administrado se esfume en ese periodo es muy alta.

Después de la ‘Ley del 95.5’ que prácticamente elimina el concepto de pensión, lo único que falta es que el Congreso elimine en cualquier momento la obligatoriedad de contribuir al sistema de pensiones. Y ello lo veo políticamente factible: convertir la contribución a pensiones en voluntaria sería de desbordante popularidad. Esta medida terminaría de liquidar a las AFP, lo cual sería una razón de alegría para varios políticos y para un porcentaje amplio del país. Dicho de otra manera, “la mecha ya está puesta y sólo falta alguien que la encienda”.

Dentro del objetivo ‘no más cuerdas separadas’ que propone esta CADE, es necesario avanzar hacia un pacto político que evite que el sistema de pensiones muera. Si hemos llegado a esta situación es porque los gobiernos han estado de espaldas a esta problemática. Por tanto, es el momento de implementar ya una reforma de pensiones que permita avanzar decididamente hacia un verdadero contrato social.

El primer paso

Este gobierno ha tomado el primer paso con la convocatoria de un grupo de expertos independientes para conformar la Comisión de Protección Social —en la cual participé—, la misma que propuso una reforma integral al sistema de pensiones. Las propuestas incluyen establecer una pensión mínima con subsidio público para afiliados de bajos ingresos, comisiones en promedio menores al 0.6% del saldo, aportes a través de facturas de gasto, un aumento de la tasa de reemplazo (proporción de la pensión mensual en la etapa de jubilación y el ingreso en la etapa laboral) del 34% a alrededor del 70%, entre otras.

Le toca al gobierno ahora dar la partida a un debate amplio entre todos los actores sociales con el fin de poner coto a la dinámica política que ha llevado al sistema de pensiones al borde del abismo. En una situación óptima, este debate nacional debiera derivar en un acuerdo institucional que permita que la reforma de pensiones se vaya implementando y que todo ajuste relacionado a ella se lleve en el futuro en un marco ordenado, fuera del aprovechamiento de intereses individuales o partidarios.

Para alcanzar este pacto político, un primer punto de debate que debe abordarse urgentemente es la fragmentación del sistema. Hoy contamos con un sistema de pensiones con tres componentes que no se comunican (Sistema Privado de Pensiones, ONP y Pensión 65), lo que acarrea una serie de ineficiencias al momento de atender a la población. Por ejemplo, como resultado de salvaguardar la sostenibilidad financiera del componente de reparto de la ONP —la pensión que paga a sus afiliados—, se limita el acceso a pensión a aquellos que tengan un registro de al menos veinte años de aporte, con lo que casi dos tercios de los que aportaron a este sistema no tienen derecho a recibir pensión ni a recuperar el dinero que les retuvieron durante su carrera.

El segundo tema a abordar es la forma cómo el Estado debe brindar subsidiaridad a la población que tiene dificultades para ahorrar, con el fin de elevar el nivel de cobertura y mejorar las pensiones que están afectadas por la informalidad. Para ello, una combinación entre el uso de recursos públicos focalizados e incentivos basados en la economía del comportamiento podrían dar buenos resultados.

El tercer ámbito de debate debe pasar necesariamente por afrontar la ‘Ley del 95.5’ y plantear un camino para retornar a la obligatoriedad de recibir una pensión mensual. Es clave para ello buscar que la adquisición de estas rentas sea asequible, y que éstas reciban algún tipo de subsidiaridad para el tramo de la ultra-longevidad (post 85 años), que es la más compleja de asegurar.

En cuarto lugar, es fundamental incorporar al debate los problemas de organización industrial del componente de ahorro privado. La organización industrial que funciona actualmente, y que replica el ‘modelo chileno’, genera una elevada concentración y poder de mercado. Esto se refleja en altas utilidades de las AFP, a través de los ratios de ROE de dos dígitos, que descansan en las comisiones que se cobran en el mercado, gracias al poder de mercado existente. El ratio de ingresos de comisiones de las AFP respecto al saldo administrado es de aproximadamente de 1.0%, ratio muy superior al que se podría obtener en otros mercados competitivos que difieren del modelo chileno.

Un síntoma de que algunas AFP (no todas) han entendido esta dinámica de la economía política son las recientes reacciones de algunas. Hace algunos meses, Prima AFP ofreció una propuesta para ampliar la competencia en el mercado de AFP, permitiendo que nuevos actores pudieran ofrecer productos pensionarios, como los bancos y las compañías de seguros. De manera más reciente, AFP Integra propuso un modelo de comisión por desempeño donde, según ellos, la misma podría bajar hasta 0.7%, versus el 1.0% promedio del mercado.

Es necesario plantear urgentemente un debate en busca del acuerdo político que permita avanzar en el plano de las pensiones. La inacción, bajo el pretexto de que hay otras decisiones más urgentes, es hoy un argumento que sólo se puede catalogar de irresponsable.