José CarlosRequena
Riesgo político Por José Carlos Requena

Las desgracias de Las Malvinas y el Cerro San Cristóbal han mostrado no sólo el comportamiento criminal de personas inescrupulosas, lucrando hasta sacrificar vidas ajenas, sino también lo lejos que están las agencias gubernamentales —en sus distintos niveles— de la salvaguarda de la integridad y las necesidades del ciudadano. Desde distintos sectores se clama por más regulación, mientras otros culpan más bien a ésta de la rampante informalidad que propicia espacios opacos a la acción del Estado.

Para pensar en la acción estatal, es necesario pensar en que ésta depende del trabajo de un conglomerado humano, del que se conoce poco y se ignora mucho.

Mil más, mil menos

Se sabe poco, por ejemplo, de cuántas personas constituyen el servicio civil peruano. Se suele culpar al gobierno previo de incrementos insensatos de la burocracia estatal. En una reciente entrevista, el presidente Pedro Pablo Kuczynski arroja una cifra gruesa e impactante. “Hemos calculado que entre 80,000 y 250,000 funcionarios fueron añadidos en el gobierno central durante los anteriores cinco años”, dijo el mandatario a El Comercio hace unos días.

Según Servir, cerca del 40% de trabajadores del Estado corresponde al gobierno central. Siendo conservadores —y tomando la cifra de 80,000, el extremo inferior dado por PPK—, se puede decir que, en el último lustro, se crearon 16,000 nuevos puestos en el gobierno central por año, cerca de 44 por día calendario. Como si el eslogan que utilizó Alejandro Toledo para ganar la elección de 2001 (“Toledo, más trabajo”) alcanzara una tardía implementación.

Cuánto Estado es mucho o poco

Se estima que, al 2014, eran algo más de 1.4 millones los empleados del Estado, en sus distintos niveles, lo que representa el 9% de la PEA. Desde el 2004, se ha incrementado en casi 400,000 personas, aunque se mantiene una cifra similar de la PEA (7.9% en 2004). Si la población peruana bordea los 30 millones, puede colegirse que existen casi 22 personas por cada servidor público.

ServidoresPublicosBSV

Como se dijo antes, 4 de cada 10 trabajadores del Estado corresponden al gobierno central: al 2014, cerca de 480,000 trabajadores. El incremento del que se queja el presidente (“entre 80,000 y 250,000 funcionarios adicionales”) podría parecer desmesurado. Hace falta extender la data hasta el 2016 e identificar el nivel del origen de los reclutamientos: nacional, regional o local.

La OCDE opina

Pero la cantidad es quizás el menor de los problemas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan influyente en círculos tecnocráticos, hizo un informe sobre gobernanza pública en el 2016, en que toca —entre otros— al servicio civil. Identifica una serie de factores que tienen que ver más con eficiencia que con escasez o sobrepoblación.

Según la publicación Peru: Public Governance Reform: Highlights de la OCDE (2016), “una compleja multitud de regulaciones sobre el empleo público, una gestión de recursos humanos atomizada, el limitado uso de datos precisos y un significativo abandono de puestos clave de administración pública a nivel gerencial limitan la capacidad del gobierno para implementar la exitosa modernización de sector público”.

El desarrollo esquivo

El diagnóstico preparado por los expertos Juan José Martínez y José Luis Bonifaz en el estudio Reforma del servicio civil: Momento de implementación (CIES-CIUP-PUCP) presenta información complementaria a la opinión de la OCDE. Ellos identifican cinco características primordiales, complementarias entre sí, que no deben perderse de vista:

1) La multiplicidad de regímenes, reglas y fuentes normativas (existen 15 formas distintas de vinculación laboral).

2) La coexistencia de servidores con diferentes condiciones en cuanto a ingreso al servicio, estabilidad en el empleo, despido y disciplina.

3) La coexistencia de servidores con derechos y obligaciones diferentes, inclusive dentro de una misma entidad, lo que “ha afectado el clima organizacional”.

4) A pesar de la existencia de reglas formales para el ingreso al servicio civil y el ascenso, se aprecia que el mérito y el desempeño no han sido factores presentes en el Estado. Ello “ha conllevado que no se reclute ni se mantenga en el servicio a los más calificados, a los más motivados ni a los de mejor desempeño”.

5) La coexistencia de servidores con sistemas remunerativos diferentes.

Un Estado eficiente y sensible a las necesidades del ciudadano es primordial para alcanzar el ansiado desarrollo, que trascienda las cifras vacías de crecimiento económico y los enrarecidos debates sobre los orígenes de la informalidad.

Martínez y Bonifaz resaltan que “los países que han logrado el desarrollo lo han hecho sobre la base de un Estado profesionalizado, capaz de atraer a los mejores talentos del país para brindar servicios de alta calidad y generar las condiciones para que el desarrollo ocurra. No existe una sola experiencia en el mundo donde el desarrollo se haya producido al margen del Estado o con un Estado disminuido o ineficiente”.

Sin embargo, estos temas no despiertan gran preocupación de las élites políticas, empresariales y hasta mediáticas, que solo recuerdan la existencia de un Estado frágil cuando su precariedad grita. Desde los sectores cercanos a los trabajadores y los sindicatos, las demandas se limitan a derechos o beneficios, dejando de lado el desempeño o el servicio que se brinda al ciudadano. No está de más recordarlo: servicios para los que el Estado tiene el monopolio.

Distintos senderos

El presidente no debería quejarse sólo del eventual exceso de personas en el Estado. Más transcendental sería abocarse a esfuerzos intensivos por mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado. Procurar despejar aquella relación distante que ha caracterizado al Estado y los ciudadanos en el Perú contemporáneo, que podría parafrasear con precisión el bolero de Roberto Ledesma: “Tú tan alto, yo tan bajo / que alcanzarte así no puedo… Todo un mundo nos separa/ por dos distintos senderos”.

El Mensaje a la Nación de 28 de julio brinda una gran ventana para ello. De otra manera, la recurrente precariedad, que ata al país al subdesarrollo, terminará explotando en la cara de un ya frágil gobierno. Y la “revolución social” que prometió PPK en su mensaje del 2016 no será más que una remota aspiración.

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