José CarlosRequena
Riesgo político Por José Carlos Requena

La tarde del jueves 15 de noviembre, mientras el país se aprestaba a ver el partido que definiría la clasificación al mundial de Rusia 2018, se aprobaron en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso las propuestas de Daniel Salaverry (Fuerza Popular, La Libertad) y Yeni Vilcatoma (no agrupada, Lima) contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El hecho ha encendido las alarmas de vastos sectores de la ciudadanía, que la euforia mundialista no ha podido acallar. ¿Hay razón para tal aprensión?

¿Huele a peligro?

Un enterado espectador de la política peruana, en conversación reservada, decía que el ambiente se tornaba muy similar al del 5 de abril de 1992. Según esta observación, igual que entonces, todo pasaba lentamente: movimientos imperceptibles se tornaban pronto en realidades concretas. Imposible no recordar también lo que narra Javier Cercas en Anatomía de un instante, su libro sobre el fallido golpe de febrero de 1981 en la España posfranquista.

La situación actual, sin embargo, parece algo más compleja. El fujimorismo ostenta un poder inédito, pero carece, por ahora, de un soporte político mayor que lo invite a una aventura sin retorno. Si bien esto no despeja los nubarrones, al menos disuade.

Cuenta y exagera

Por lo demás, la “dictadura parlamentaria” que se describe desde organizaciones de la sociedad civil parece algo exagerada. Es que a pesar de su endeblez, las acusaciones aprobadas por el fujimorismo se ciñen al respeto de los procedimientos legislativos y constitucionales. Además, no debe olvidarse que, guste o no, Fuerza Popular ostenta el poder que el voto ciudadano le dio, y no responde a un capricho de un autócrata.

Extraña, además, que no se activen las mismas reservas ante la irregular revisión de un fallo del Tribunal Constitucional por parte los propios magistrados. “Subsanación”, le dicen. Pero, como bien señala José Luis Sardón, uno de los tres magistrados que se opuso al ingenioso recurso, “no cabía ni cabe, de ninguna manera, “subsanar” el voto de Vergara Gotelli en este caso, puesto que él firmó las 24 páginas que contiene dicha sentencia. Así, resulta indudable que estaba de acuerdo con el fallo o conclusión de la misma” (El Comercio, 12/11/2017).

Poder y prestigio

Desde que cayera accidentadamente el gobierno de Alberto Fujimori, en noviembre de 2000, el fujimorismo parecía haber luchado por lograr una ciudadanía democrática plena. Elección tras elección, su poder crecía, mientras se hacía parte del elenco estable de la política peruana. El proceso electoral de 2016 abrigó en algunos sectores las esperanzas de que dicho esfuerzo se plasmaría en la consolidación de un proyecto político que trascendiera personas.

El impresionante desempeño de Keiko Fujimori en la primera vuelta de 2016, y una regulación electoral demostradamente fallida, brindó a Fuerza Popular una mayoría arrolladora, que hoy ejerce quizás con algo de impericia.

Pero vale preguntarse si cualquier otra fuerza política no hubiera tenido una conducta similar. De hecho, basta recordar el comportamiento exhibido por el congresista Marco Arana con sus propios correligionarios cuando fue vocero del Frente Amplio. Es que, aunque cause mucho pesar, parece ser cierto el dicho “poder que no se ejerce se desprestigia”.

Monopolio en cuestión

Contra lo que suele pensarse, y a pesar del amplio espacio que se le brinda, Keiko Fujimori no es la única líderesa política presuntamente mencionada por Marcelo Odebrecht o sus colaboradores. Como se sabe, en los días recientes han visto desfilar los nombres no solo del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su exministro de Defensa, Mariano González, sino a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

El fujimorismo, pues, no tiene más el monopolio de la sospecha.

¿La mejor defensa es el ataque?

Si no es el único actor político vulnerable, entonces ¿qué interés tendría Fuerza Popular en propiciar una ruptura de los plazos constitucionales? Aparentemente, ninguno. Algunos enterados observadores dicen que, tras la acusación constitucional al fiscal Sánchez, existe más un fin político que uno jurídico. En esta teoría, el interés real del fujimorismo no sería deshacerse de Sánchez, sino evidenciar las falencias de la Fiscalía. Además, el fujimorismo parlamentario, acusado de reiteradamente torpe, puede ver en su peso numérico un recurso para defenderse de los embates judiciales, como aquel que le endilga a Fuerza Popular ser una “organización criminal”.

Cuarenta y veintes

Otros, en cambio, creen que el fujimorismo podría querer acortar el mandato para asegurarse la elección, dada su casi inamovible aprobación. En esta teoría, no sería Fuerza Popular la organización de daría los pasos sino la que crearía las condiciones para debilitar al gobierno.

Como puede verse, casi cuatro de cada diez encuestados aprueban la labor de Keiko Fujimori. Honrando su edad cronológica, la aprobación de Fujimori es cuarentona: se mantiene en torno al 40%, muy por encima del actual mandatario, cuya popularidad se ubica en 27%, según la última medición de Ipsos.

Aprobación de la labor de Keiko Fujimori, agosto 2016-noviembre 2017

Los límites

Pero, por muy sólida que pueda ser su aprobación, resulta insuficiente si se proyecta a voluntad de voto. Como se sabe, para ganar la presidencia se requiere del 50% más uno de los votos válidamente emitidos, cifra aún lejana al fujimorismo. El límite que tuvo en junio de 2016, cuando alcanzó el 49.9% de los votos válidos (46.6% de los emitidos) no parece haberse movido.

Con o sin acortamiento de los plazos, los pasos parecen aspaventosos. Así, las acciones de Fuerza Popular por querer golpear la mesa, arropadas de la institucionalidad que le brindan los procedimientos parlamentarios, no terminan de ser más que un notorio disfuerzo.

LinkedIn