José CarlosRequena
Riesgo político Por José Carlos Requena

Promulgada la ley que regula (o prohíbe, para mayor precisión) la publicidad estatal en medios de comunicación privados, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El paso no sorprende, ya que había sido anunciado con antelación, pero sí abre la pregunta sobre el rumbo que tomen las relaciones entre el gobierno y el Congreso, que aprobó por amplia mayoría el tema, y el desenlace final de la regulación sobre la publicidad estatal.

Igual que ayer o antes de ayer

Aunque su título pueda resultar engañoso (“Ley que regula el gasto de publicidad de Estado peruano”), lo que en la práctica hace la Ley 30793 es prohibir la publicidad gubernamental en los medios de comunicación de propiedad privada. El paso no sólo convierte al Perú en el único país que tiene una ley de esta naturaleza, sino que priva a los gobiernos subnacionales de publicitar políticas, campañas y decisiones espacios en medios locales y regionales.

El artículo 1 dice, literalmente: “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”.

Si hace casi 30 años un aprista intentó estatizar la banca, hoy otros –el proyecto de ley fue presentado por Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez– parecen haber logrado estatizar la publicidad gubernamental. El intento de estatización de la banca de 1987 adelantó casi tres años el escenario electoral de 1990, con el surgimiento de Mario Vargas Llosa como líder de una coalición opositora. Aún está por verse el impacto político que la dación de la Ley 30793 tenga.

Juegos en la mesa, llega la sorpresa

Para honrar la presunta regulación, el texto de la ley incluye excepciones. El artículo 4 indica que “se exceptúan de la prohibición los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones”.

Los dichosos decretos de urgencia, sin embargo, reposarán sobre la discrecionalidad de uno o varios funcionarios públicos, que tendrán que justificar o sustentar qué es una emergencia nacional (el friaje en el sur, por ejemplo, ¿constituye tal caso de emergencia nacional o se limita a ser regional?) o a qué se considera educación electoral. Y, como se sabe, a mayor discrecionalidad, mayor posibilidad de incurrir en corrupción. Puesta la ley en la mesa, podría llegar la sorpresa de los artilugios administrativos, sobre todo en aquellos lugares donde la labor de los entes de control está menos fortalecida.

Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano

Desde su concepción, la ley reclama preocupaciones presupuestarias (y hasta anti-mercantilistas). Lo irónico es que sus propulsores pertenecen al mismo partido en cuya gestión más reciente se promulgó la Ley 28874, que regula la publicidad estatal. ¿Qué falló con dicho instrumento legal, firmado por el presidente Alan García, en agosto de 2006? El balance ha brillado por su ausencia.

La mayoría parlamentaria que la aprobó, en tanto, no se ha referido a uno de los peores periodos en la historia reciente de control de la prensa por parte del poder político, vía prebendas, chantaje o amenazas: la década de los noventa. Para Fuerza Popular, la historia política parece haberse iniciado con el gobierno de Ollanta Humala.

Lo cierto es que la ley surge en un entorno en que los medios de comunicación, sobre todo los periodistas, tienen un rol de mayor incidencia en el debate político. Rol, dicho sea de paso, que excede las plataformas tradicionales. Lo que se ve hoy, en realidad, es una disputa entre la élite política, de la que periodistas son parte. El esquema planteado por el sociólogo argentino Heriberto Muraro hace varios años resume bien esta disputa.

Con la Ley 30793, el Legislativo —el poder político facultado por mandato electoral— ha ido al grano y ha usado sus atribuciones para impactar en un sector a todas luces incómodo: la prensa. Como lo ha mostrado Rafael Aste, analista senior de Legal & Política de SEMANAeconómica, la publicidad estatal ha representado en años recientes menos del 10% de ingresos publicitarios para los medios de comunicación. Pero seguramente el rol fiscalizador de la prensa ha significado un gran porcentaje de los problemas de la clase política en su conjunto, debido a las denuncias a las que suelen dar espacio.

¿Mezclé el amor con la amistad?

Otro aspecto a considerar es el rol del Ejecutivo en esta disputa. Como puede verse al revisar la línea de tiempo, el proyecto de ley surge a finales de noviembre, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaba próximo a pasar uno de sus peores momentos (el primer pedido de vacancia presidencial). Una vez superado tal trance, con el indulto a Alberto Fujimori consumado, Kuczynski tomó juramento al llamado “Gabinete de la Reconciliación”. Ese mismo día, al proyecto de Ley 2133 se le dispensó de dictamen en la Comisión de Transportes del Congreso, presidida por Roy Ventura (Fuerza Popular, Pasco).

El proyecto fue finalmente aprobado la Comisión Permanente el 28 de febrero de este año, con voto a favor del actual premier César Villanueva. Irónicamente, la observación por parte del Ejecutivo a la ley aprobada se dio el mismo día que Kuczynski renunciaba a la presidencia.

El mismo día que Martín Vizcarra se instalaba en Palacio, el proyecto de ley pasaba a la Comisión de Transportes, donde no había sido debatido antes. Hoy, que el proyecto es ley vía insistencia, Vizcarra y su gabinete se han mostrado tajantemente en contra, al punto que han presentado una acción de inconstitucionalidad. Extraña, por ello, que los también congresistas César Villanueva y Salvador Heresi no hayan participado en la sesión de Pleno en que se aprobó la insistencia, el pasado 14 de junio. ¿No quisieron mezclar el amor al gobierno al que pertenecen con la amistad que parecen tener con la mayoría legislativa?

Tentamos a la suerte

Al margen del rumbo constitucional que tome la disputa en torno a la Ley 30793, es importante estar atento al desenlace político. Por lo pronto, enfrentará al temeroso Ejecutivo con una mayoría congresal que parece poco dispuesta a debatir el tema a profundidad. Los gremios de medios de comunicación y la clase política, en tanto, deberían tomar conciencia del problema planteado y hacer todos los esfuerzos por lograr que la Ley 28874 —con la que casi todos los actores involucrados parecen estar de acuerdo— tenga un reglamento claro y eficiente.

Si de algo sirve el debate actual es para sincerar un tema muchas veces manoseado, pero casi nunca tratado de manera responsable. Es hora de hacerlo. De otro modo, medios y políticos seguirán tentados a la suerte de debates interesados y decisiones sin sustento. A tono con la canción noventera del grupo español Amistades peligrosas, vale decir “pero basta ya de tanta tontería/hoy voy a ir al grano”.

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