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Riesgo y retorno Por Alfonso Montero

En la última semana regresó el caos financiero que acecha a Argentina cada vez que Racing de Avellaneda sale campeón. Disparada del dólar, default y controles cambiarios son los últimos efectos de las elecciones primarias, conocidas como PASO, del 11 de Agosto. La coalición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Frente de Todos, obtuvo un 47% de los votos, superando ampliamente a la coalición del gobierno, Cambiemos, con 32%. Si bien el propósito de estas elecciones es seleccionar los candidatos de los principales partidos, en la práctica funcionan como un ensayo de las elecciones generales, que se realizarán el 27 de octubre. Sin necesidad de ganar oficialmente las elecciones, la desconfianza que inspira una nueva administración “K” ya ha generado una caída de 70% de la bolsa, el desplome de la deuda soberana y la incapacidad del gobierno de financiarse a corto plazo.

En las últimas semanas se ha escrito mucho sobre los errores del gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que la tarea de normalizar la economía argentina, desmontando un complejísimo sistema de subsidios, un sector público elefantiásico, un tipo de cambio sobrevaluado, en un contexto global volátil, era como desactivar una bomba. El margen de error era ínfimo, y las consecuencias catastróficas. Existe, sin embargo, un actor que pudo hacer algo distinto para darle mayor margen de maniobra al gobierno: el Fondo Monetario Internacional.

El Préstamo Hipocrático

Durante el primer trimestre del 2018 errores en política monetaria causaron una escalada del peso argentino, obligando al Banco Central (BCRA) a intervenir. En junio el gobierno acordó con el FMI un préstamo por USD 57 billones (americanos), el más grande en la historia de la institución, para estabilizar la economía. El acuerdo siguió el libreto clásico del FMI: ajustes fiscales a cambio del rescate. Entre otras cosas, el gobierno debía entregar un déficit fiscal de 0% en el 2019. Forzado a elegir entre el ajuste y el caos financiero inmediato, el gobierno se comprometió a eliminar el déficit y a limitar la capacidad del BCRA para intervenir el mercado cambiario, lo que llevó a la renuncia del presidente del BCRA, Luis Caputo.

No existe en las finanzas un equivalente al juramento hipocrático, “primum non nocere” (antes que nada no hacer daño), de los médicos, pero tal vez debiera haberlo: “No crearé las condiciones para el default de mi propio préstamo.” Como prestamista, el mayor riesgo para la institución no era el déficit fiscal del 2019, sino el retorno de Cristina Fernández a la presidencia. En principio, el Fondo no debe, al menos no públicamente, apoyar ganadores en las elecciones. Pero estaba en su propio interés no ponerle piedras en el camino a una administración que era su mejor opción para recuperar su dinero. En concreto, las metas fiscales pudieron haber sido más laxas para el 2019 y endurecerse recién a partir del 2020. Conseguida la reelección, el gobierno hubiera contado con 4 años por delante para ejecutar el programa de ajuste, con la ayuda de miles de millones de inversión privada para atenuar el golpe.

El resultado es conocido. El gobierno cumplió sus promesas fiscales, pero se ganó el rechazo de una buena parte de la población. Lejos de generarle protección al prestamista, las condiciones de ajuste fiscal que impuso el FMI han eliminado la posibilidad de recuperar su dinero en el plazo y condiciones pactadas.

La última Lona

El problema no es el requerimiento de austeridad per se. Varios gobiernos que acuden al FMI requieren asistencia porque han reemplazado a un régimen incompetente y/o abiertamente cleptocrático (la principal motivación para la candidatura de Cristina Fernández es lograr inmunidad para evadir sus múltiples juicios por corrupción, no ejecutar un determinado plan de gobierno). Conducir estos estados a la viabilidad financiera conlleva un shock social del que toma años recuperarse. El FMI debe extraer de los gobiernos que rescata un compromiso de reforma, pero debe tener en cuenta factores como el calendario electoral. Ya son varios los casos en que las medidas de ajuste acaban matando a la administración que tomó el compromiso, que suele ser reemplazada por extremistas irresponsables. Este resultado es contraproducente para todas las partes. El país “rescatado” acaba con una peor administración, y el FMI ve dañada su credibilidad. En el futuro, es importante que el Fondo tenga en cuenta la viabilidad de corto plazo del gobierno que toma el compromiso de rescate. Si no lo hace, todos sus cálculos de viabilidad de la deuda de largo plazo se convertirán en una anécdota, igual que el famoso déficit fiscal 0% del 2019 del que ya nadie se acuerda.