RicardoLabó Fossa
La minería en balance Por Ricardo Labó Fossa

Luego de la suspensión de la autorización de construcción del proyecto minero Tía María por parte del Consejo de Minería (CM), y la difusión de los audios entre las autoridades regionales y locales de Arequipa y el presidente Martín Vizcarra, vale preguntarse qué viene después. Lo único certero hasta ahora es que esta “historia” aún no termina.

El CM aún debe pronunciarse sobre los recursos de revisión presentados, ya sea en 120 días o antes. Así, existirían por lo menos dos posibles escenarios: que el CM se pronuncie a favor de los recursos, con lo cual la autorización quedaría sin efecto; o que se pronuncie señalando que la autorización se mantiene vigente. Cualquiera fuera la respuesta, es claro que no satisfará a alguno de los involucrados y sus impactos económicos, políticos y sociales serán de dimensiones aún desconocidas. Dados los hechos conocidos a través de los audios, quedará por lo menos un sinsabor sobre la objetividad de cualquier decisión que tome el CM.

De dejar sin efecto la autorización, alguien podrá argüir, salvo encuentren una causal administrativa muy fuerte, que el CM se ha basado en los mismos términos por los que decretó la suspensión y la presión política. Ello generaría un precedente, desde mi punto de vista, perjudicial para la industria y la institución, pues debilitaría las bases técnicas y legales sobre las que siempre se han basado los miembros del CM para tomar sus decisiones. A lo largo de los años, muy pocas decisiones del CM han pasado luego al Poder Judicial. Ellas han sido respetadas por los involucrados.

De mantenerse la autorización, el proyecto tampoco procedería a construirse pues Southern Copper ya había anunciado que no avanzaría (y en la práctica tampoco podría bajo estas circunstancias). Así, cualquiera sea el escenario, a corto y mediano plazo, el proyecto no se desarrollaría lamentablemente. Lo que no se descarta, como ya lo ha anunciado la misma empresa, es alguna acción legal, que ciertamente a la luz de la información, podría favorecerla. Ello sí sería uno de los peores escenarios, pues no sólo se perdería la inversión y los recursos económicos del casi un mes de paralización, sino que el Estado (y todos los peruanos que pagamos impuestos) tendría que desembolsar una indemnización.

En el corto plazo, la confianza de los inversionistas frente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) sí se ha visto afectada. Me pregunto, ¿qué inversionista querrá ir a confiar algo frente a la actual administración? Asimismo, se deja la percepción que el CM, una de las entidades hasta ahora más respetadas desde su creación, ha sido de alguna manera, por lo menos, influenciada por temas no-técnico-legales y, por ende, debilitada. Felizmente, y siendo positivo, la confianza frente al Minem se recuperará cuando cambien las personas de la actual administración y la institucionalidad del CM podrá fortalecerse nuevamente, aunque algunos candados adicionales podrían establecerse. Pero lo que sí no regresa es el tiempo y los recursos perdidos.

LinkedIn