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El reciente decreto que modifica la normativa referida a arbitrajes dota de beneficios al Estado sin sustento técnico y genera eventuales costos para el privado.

La medida, que busca reducir el número de conflictos de intereses, será efectiva si las nuevas exigencias se incorporan en los mecanismos de contratación.

Congresistas proponen modificar la Ley de arbitraje y el Código Penal con la finalidad de incluir el delito de prevaricato para árbitros. Lejos de prevenir corrupción, se elevarían los costos del sistema y se desincentivaría el uso de este mecanismo.

Además de la bancarización, la digitalización y la estandarización de los contratos, junto a la regulación de los gestores de intereses, son claves para fomentar la transparencia.

ENTREVISTA. José Ugaz, abogado especialista en lucha anticorrupción y presidente de Transparencia Internacional, critica el paquete de reformas que el nuevo contralor propuso al Congreso.