16 enero 2018

Consejo de Prensa Peruana pide archivar proyecto que limita la publicidad estatal

La institución afirma que el proyecto apunta a una “censura indirecta” hacia los medios de comunicación.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó este martes al presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, archivar el proyecto de ley que prohíbe colocar publicidad del Estado en medios privados y que califica su incumplimiento como delito de malversación de fondos, penado hasta con cuatro años de cárcel.

“El Consejo solicita se archive el proyecto, por tratarse de un mecanismo de censura indirecta que atenta contra las libertades informativas. El Consejo propone el inicio de un debate que conduzca a la aprobación del Reglamento de la Ley n° 28874 [actual ley sobre publicidad estatal]”, señaló la entidad a través de un comunicado.

La institución afirma que aunque la propuesta presentada por parlamentarios del Apra aparenta perseguir objetivos loables, entre los que está reducir la discrecionalidad en la asignación de publicidad estatal y evitar el uso de dicha publicidad con fines electorales o partidarios, las circunstancias llevarían a concluir que se trata de un supuesto de “censura indirecta”.

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“Considerando la exoneración del mismo del debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se configura un supuesto de censura indirecta que, tendría el propósito de ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial”, señaló el CPP.

El Consejo de la Prensa Peruana recordó también que en el Perú ya existe una ley sobre publicidad estatal. “El país cuenta con un marco legal adecuado que establece criterios objetivos para la distribución de la publicidad estatal y mecanismos para fiscalizar la transparencia en el uso de dichos recursos. Es necesario reglamentar la Ley nº 28874 y velar por su correcta implementación”, sostienen.

De otro lado, calificaron de desproporcionadas e inconstitucionales las medidas propuestas en el proyecto de ley, ya que afirman que la norma no resiste el “test de proporcionalidad” que exige aplicar el Tribunal Constitucional (TC) a las decisiones que afectan derechos fundamentales.

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