31 enero 2018

PJ decidirá el 16 de febrero si incorpora a exsocias de Odebrecht en caso Interoceánica

El Poder Judicial también evaluará el 20 de febrero si las exsocias podrían asumir parte de la reparación civil.

El juez Richard Concepción Carhuancho convocó a una audiencia para el próximo 16 de febrero, en la que se evaluará el pedido del Ministerio Público de incorporar a las empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA, exsocias de Odebrecht en la Interoceánica Sur, como personas jurídicas investigadas en el proceso por las coimas que pagó la brasileña al expresidente Alejandro Toledo.

La solicitud fue realizada a fines del año pasado por el Equipo Especial del Ministerio Público, encargado del megacaso Lava Jato, que investiga presunta corrupción en obras adjudicadas a la brasileña Odebrecht. Graña y Montero informó mediante un hecho de importancia que había recibido la citación del juez Concepción Carhuancho. También adelantó que ejercerá su derecho de defensa y rechazará “tajantemente que esa figura aplique para Graña y Montero o GyM S.A.S”.

“Estas empresas [Graña y Montero y  GyM S.A.S] no son organizaciones diseñadas para corromper funcionarios, sino todo lo contrario, somos una organización en la que no caben prácticas irregulares ni fraude alguno”, aseguró la constructora en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), tras reiterar que el grupo no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o exejecutivo haya participado en actos de corrupción.

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Otra audiencia

De otro lado, la procuradora ad hoc adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión, indicó al diario Gestión que el Poder Judicial convocó a una audiencia para el 20 de febrero, en la que se evaluará la solicitud de la Procuraduría para incluir como terceros civiles responsables a las exsocias peruanas de Odebrecht en el proceso de la Carretera Interoceánica.

De aprobarse el pedido de la Procuraduría, las exsocias de Odebrecht podrían asumir el pago de una reparación civil por los daños causados al Estado. Además, de acuerdo a la abogada Carrión, una vez que las empresas peruanas estén incluidas en el proceso, se podrá solicitar medidas cautelares como incautaciones, embargos o congelamientos de cuentas.

En el caso de tres obras —Gasoducto Sur Peruano, Carretera Interoceánica y Chacas-San Luis, el procurador Jorge Ramírez ha solicitado una reparación preliminar de S/.3,468 millones. El monto podría variar según los daños que se identifiquen durante el proceso judicial.

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