09 julio 2019

Caso GSP: fiscalía allanó casa de Nadine Heredia, exfuncionarios y tres estudios de abogados

El allanamiento por el caso Gasoducto Sur Peruano se realiza también en los estudios Muñiz, Echecopar y PPU.

La fiscal Geovanna Mori y otros integrantes del Equipo Especial Lava Jato allanó hoy las viviendas de la exprimera dama Nadine Heredia y de exfuncionarios de la administración del expresidente Ollanta Humala en  el marco de la investigación preliminar por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP), informaron medios locales. El operativo, que involucra 25 inmuebles, fue solicitado por la fiscalía y autorizado por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena. Tres de ellos pertenecen a firmas de abogados, entre ellos los estudios Muñiz, Echecopar y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Hace dos semanas, la empresa Odebrecht realizó 17 transferencias de dinero relacionadas al Gasoducto Sur Peruano (GSP) por un monto de US$3 millones y US$70,000, según informó el portal Convoca.pe luego de revisar el sistema Drousys, el cual contiene los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora.

El operativo comenzo a las 6:30 de la mañana. Además de Heredia, entre los investigados también están  los siguientes exfuncionarios de la administración Humala: el expresidente de Petroperú y exviceministro de Energía, Luis Ortigas; el exviceministro de Energía, Dicky Quintanilla; y la exministra de Energía y Minas y exdirectora general de Hidrocarburos, Rosa María Ortiz. Del segundo gobierno del expresidente Alan García aparece el exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero. En la relación de investigados también aparecen funcionarios de Proinversión.

Entre los investigados también aparecen Jorge Danós Ordoñez, Ana Reyna Palacios, Manlio Bassino Pinasco y Ulderico Ossio Seminario, todos socios del Estudio Echecopar. De otro lado, figuran Luis Peschiera Rubini y Mariana Demoro Simoes, ambos actuales socios del PPU al que llegaron en el 2016.  Durante el desarrollo del proyecto del GSP trabajaron en el Estudio Delmar Ugarte.

Entre los inmuebles allanados también están las oficinas del Estudio Echecopar, del Estudio PPU y también las del Estudio Muñiz. Los estudios figuran como terceros afectados, no como investigados. “Con terceros afectados significa que tienen que ir a recoger la prueba donde ellos, pero no significa que estén investigados”, explica a SEMANAeconómica el abogado penalista Carlos Caro, socio de Caro & Asociados.

El Estudio Muñiz señaló en un comunicado que ha otorgado todas las facilidades a la fiscalía y remarcó que ni la firma ni sus miembros están siendo investigados. “Nuestra firma asesoró al fondo de inversión americano Conduit Capital Partners LLC , constituyendo en el año 2007 la empresa Corporación Montería (luego denominada Kuntur Transportadora de Gas) para el proyecto denominado Gasoducto Andino, distinto al de Gasoducto del Sur materia de la investigación fiscal. Kuntur Transportadora de Gas fue adquirida cuatro años después por Odebrecht, cuando nuestra firma ya no asesoraba a Conduit Capital Partners ni a Kuntur Transportadora de Gas”, se lee en el comunicado.

En una línea similar se pronunció el PPU. “El día de hoy, en horas de la mañana, hemos recibido la visita del Ministerio Público, como parte de las investigaciones que realiza por el Caso del Gasoducto del Sur. Tal como lo hemos hecho desde el inicio de las investigaciones estamos brindado todas las facilidades a las autoridades fiscales para el normal desarrollo de su labor”, informó en un comunicado.

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La finalidad del allanamiento es encontrar bienes que sean de utilidad para la investigación, como agendas, anotaciones, correos electrónicos, videos, audios, teléfonos celulares, entre otros, “que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados, tanto funcionarios como interesados”. Tras registrar el inmueble serán incautados los bienes que, de forma directa o indirecta, estén vinculados a los delitos que son investigados por la fiscalía.

Según la hipótesis fiscal, habrían existido presuntos actos de corrupción en el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, concesión otorgada el 30 de junio del 2014 al Consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás). Para la fiscalía, el Comité de Proseguridad Energética de Proinversión habría descalificado al competir, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GDF Suez, Sempra, Techint y TGI) para favorecer al Consorcio Gasoducto Sur Peruano. Para ello se habría valido de informes legales emitidos por los estudios Delmar Ugarte y Echecopar.

“La búsqueda es sobre documentación que guardaría relación con el favorecimiento para descalificar al consorcio opositor en la convocatoria del caso Gasoducto Sur Peruano”, informó la fiscal Mori. “Los estudios jurídicos no son materia de investigación, pero de alguna manera han emitido informes sus funcionarios favoreciendo a la empresa Odebrecht”, añadió.

Danós Ordoñez, Reyna Palacios y Peschiera Rubini, como socios de sus respectivos estudios, fueron contratados para emitir opinión en durante el concurso público para adjudicar el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. Según la orden judicial de allanamiento, los tres abogados opinaron a favor de descalificar al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur sin que exista alguna causal de transgresión de las bases que justifiquen la descalificación. Además, la fiscalía les atribuye emitir informes legales en un proceso en el que sus respectivos estudios jurídicos mantenían vínculos empresariales con Enagás, una de las empresas participantes en el concurso y que se benefició con esos informes.

De otro lado, la orden judicial señala que Ossio Seminario habría acordado con los otros socios del Estudio Echecopar la descalificación del Consorcio Gasoducto Sur Peruano para beneficiar al consorcio competidor, del cual formaba parte Enagás, empresa de la que Ossio también era representante. El abogado representó a esa firma entre el 26 de junio del 2014 y el 13 de abril del 2016, según la orden judicial.

En un comunicado, el Estudio Echecopar advirtió que dichas opiniones legales fueron solicitadas por Proinversión. “El Estudio Echecopar, en su condición de tercero, ha mantenido y mantiene plena disposición para el apoyo a las autoridades peruanas en dicha indagación inicial, en la cual se ha visto vinculado por emitir una opinión legal puntual a solicitud de Proinversión. Para estos fines, hemos cumplido con brindar el acceso a la documentación correspondiente. Seguiremos cooperando con las autoridades del país en caso se nos requiera”, aseguró.

*Ese artículo fue actualizado a las 5:15 pm del martes 9 de julio para consignar mayores detalles sobre la resolución judicial de allanamiento y los comunicados del Estudio Echecopar y Muñiz.

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