27 enero 2017

Gasoducto Sur Peruano: consorcio pagó penalidad total al Estado peruano

El MEM cobró los US$262.5 millones de la penalidad impuesta al consorcio por la suspensión del proyecto.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que hoy hizo efectivo del cobro total de las garantías de fiel cumplimiento ejecutadas por el Estado peruano al consorcio Gasoducto Sur Peruano, liderado por Odebrecht, por incumplir con el contrato del proyecto energético del mismo nombre.

“Esta tarde se recibió el pago de US$196.9 millones mediante la entrega de dos cheques de gerencia, correspondiente al saldo de las garantías de fiel cumplimiento. Dicho pago se suma al efectuado el miércoles 25 de enero por US$65.6 millones”, reportó el MEM en un comunicado.

Señaló que la ejecución de las garantías es consecuencia directa de la terminación de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano, luego de que el consorcio operador no lograra concretar el cierre financiero de la obra en el plazo establecido, que venció el último lunes. Tras ello, el gobierno anunció la ejecución de la referida penalidad.

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“El Ministerio de Energía y Minas renueva su compromiso de seguir trabajando activamente para que el gas natural llegue a todas las regiones del sur del país en el menor tiempo posible”, finalizó.

El cierre financiero dependía de la salida de la empresa brasileña Odebrecht del proyecto. Los bancos que iban a financiar el Gasoducto Sur Peruano habían puesto esa condición tras los escándalos de corrupción en los que está envuelto Odebrecht y que llevaron a su ex presidente Marcelo Odebrecht a prisión en el 2015.

La constructora brasileña estaba en conversaciones con el fondo canadiense Brookfield para venderle su participación en el GSP. Sin embargo, la venta se habría complicado luego de que en diciembre Odebrecht confesara ante la justicia de Estados Unidos el esquema de sobornos que utilizó para ganar obras de infraestructura en más de una decena de países. Sólo en el Perú, la empresa reconoció que pagó sobornos por US$29 millones a funcionarios entre el 2005 y el 2014.

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