JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

He tenido el honor de participar en la CADE 2018 con la esperanza de contribuir al debate para reducir la informalidad de mi país. Soy consciente de que todos los empresarios peruanos conocen mejor que yo lo difícil y oneroso que es mantenerse dentro de la formalidad, y que saben también mejor que nadie lo que hay que hacer para reducir esa dificultad. Es por ello que me he limitado a llamar la atención sobre algunos aspectos que considero importantes.

Reducir la informalidad es como bajar de peso. Todos sabemos lo que hay que hacer. Lo difícil no es encontrar la dieta, sino tener la disciplina y fuerza de voluntad para cumplirla. Para reducir la informalidad nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos demasiada “grasa” en algunos sectores y necesitamos seguir un régimen estricto para eliminarla.

En lo laboral, ocho de cada diez trabajadores no están en planilla, no tributan, no tienen beneficios laborales, seguro social ni fondo previsional. La razón es que los costos asociados a la contratación formal son tan altos que resultan imposibles de cumplir para la mayoría de empresas. Se deben sincerar las normas laborales, ya que se encuentran desasociadas de la realidad económica. ¿De qué sirve tener leyes que generan atractivos beneficios para los trabajadores, si ocho de cada diez no los recibirán nunca?

En lo tributario, ocho millones de empresas no tienen RUC y de los dos millones restantes que sí lo tienen, se desconoce cuántas tributan como es debido. Parafraseando a Sandro Fuentes, esto es tan insostenible como tener un edificio de diez pisos donde solo los dos primeros pagan por el mantenimiento. Se debe simplificar la legislación tributaria y dar incentivos para que los ocho pisos restantes contribuyan también al sostenimiento del Perú.

En lo administrativo, la informalidad está presente en todos los sectores económicos, debido a los trámites absurdos que dificultan el cumplimiento normativo. La solución pasa por fortalecer la simplificación administrativa, pero sobre todo el régimen de eliminación de barreras burocráticas; donde el empresariado debe asumir un rol protagónico.

No podemos esperar que sea el Estado quien acabe con la burocracia. El Estado es una industria generadora de barreras burocráticas y no se convertirá al mismo tiempo en un arma para su destrucción. Es el sector privado quien debe tomar el liderazgo y hacer un llamado a la resistencia empresarial, que empiece por tomar conciencia de nuestra dura realidad. Aquello a lo que Jim Collins llama los “brutal facts” (“Good to great“, 2001).

Uno de los “brutal facts” que no puede pasar desapercibido es que en los últimos cinco años se han eliminado más de 15,000 trámites, exigencias, requisitos, cobros y prohibiciones que han sido encontrados ilegales e irracionales, y que no debieron existir nunca; pero que lo hicieron, y mientras estuvieron vigentes generaron grandes daños a las empresas y a sus negocios. Esto pone en evidencia que nuestras autoridades no analizan adecuadamente la legalidad y razonabilidad de las normas que emiten y que por esa razón nuestra calidad regulatoria es paupérrima.

La resistencia empresarial implica adoptar una estrategia que empiece por cuestionar todo y entender la razonabilidad de las normas que estamos llamados a cumplir. No podemos seguir ordenes por inercia. La “obediencia ciega” que tanto ha criticado Stanley Milgram es el peor de los males de la humanidad (“Obedience to authority“, 1974). Las empresas están llamadas a utilizar los mecanismos legales existentes para denunciar y perseguir la eliminación de todo aquello que encuentren ilegal e irracional.

Esta resistencia empresarial está plenamente acorde con los objetivos del gobierno porque está orientada a mejorar la competitividad y reducir la informalidad. Es por ello que deben facilitarse los mecanismos que permitan a las empresas lograr la eliminación de barreras burocráticas con celeridad, predictibilidad y eficiencia. Para ello se requiere la creación de un organismo autónomo que se dedique en exclusividad y a tiempo completo a eliminar la burocracia. Actualmente esta función recae en Indecopi que hasta la fecha ha realizado un trabajo admirable, pero que está sobrecargado de diferente funciones.

La erradicación de la burocracia es una tarea demasiado importante para ser una más del montón. Eliminar una barrera burocrática tarda en la actualidad más de dos años y es un tiempo demasiado valioso que no podemos perder. El equipo de eliminación de barreras burocráticas es cinco veces más pequeño que el de protección al consumidor, que curiosamente no se dedica a perseguir la informalidad, sino a supervisar y sancionar a las empresas que operan de manera formal. Esta dicotomía no puede tener cabida en la lucha contra la burocracia.

Como diría Philip Howard, no podemos permitir que la burocracia mate al sentido común (“The death of common sense“, 1994). Si queremos reducir la informalidad, todos sabemos lo que se debe hacer. No necesitamos recetas nuevas. Lo único que requerimos es tener la disciplina y fuerza de voluntad necesaria para hacer lo que todos sabemos que hay que hacer.