CésarLuna Victoria
El Derecho al Revés Por César Luna Victoria

Como ve, la opción es más una sutileza de semántica lingüística que real. O somos clásicos y nos quedamos ‘desnudos’ o preferimos el hablar cotidiano y nos quedamos ‘calatos’. Pero lo cierto es que, de una u otra manera, todas nuestras bellezas y fealdades, fortalezas y debilidades, virtudes y miserias, fortunas y pobrezas quedarán al descubierto. Eso hasta hace poco era ciencia ficción. Las películas mostraban cómo los hackers llegaban a saber casi todo de nosotros, dónde estábamos, haciendo qué y con quiénes. Antes de eso, la información secreta sólo se obtenía de espías y de delatores.

Pero ya es una realidad. La Sunat sabrá todo sobre nosotros: qué dinero tuvimos, por qué lo recibimos, quién nos lo pagó, en qué gastamos, a quién le pagamos, cómo lo pagamos, cuánto queda y dónde está. Así sabrá si pagamos todos los impuestos que debíamos. En realidad, nada ha cambiado en teoría. Los impuestos que debamos pagar a futuro serán razonablemente similares a los que debíamos pagar en el pasado. Pero hasta ahora se declaraba y se pagaba menos porque ¿cómo se iba a enterar la Sunat? Esa posibilidad de especular a pagar menos con algo de éxito desaparecerá muy pronto.

¿Cómo así? El origen es la internacionalización de los negocios. A cada Estado se le hacía muy difícil fiscalizar las fortunas que sus nacionales obtenían en el exterior. Para facilitar esa tarea empezaron a celebrar compromisos en los que un Estado se obligaba a compartir con otro Estado la data que tenía sobre los nacionales de ese Estado. Eran cláusulas de ‘cajón’ en los llamados ‘convenios para evitar la doble imposición tributaria’ (CDI). Pero no fue suficiente. Muchas fortunas permanecían ocultas protegidas por el secreto bancario o el anonimato de los ‘trust‘ o de las compañías offshore en los ‘paraísos fiscales.

Los Estados empezaron a sospechar, con mucha razón, que había fortunas que no pagaban impuestos y se propusieron eliminar esos refugios de evasión tributaria. Primero presionan internacionalmente a los Estados protectores del ‘secreto bancario’. Tuvieron un éxito total, porque actualmente son pocos los países que conservan ese privilegio y, aun en ellos, los tribunales de justicia han establecido que ese derecho es privado y que no puede prevalecer cuando entra en conflicto con el derecho público de cobrar tributos. Así ha ocurrido en Suiza, la catedral del secreto bancario, y así viene ocurriendo en el Perú.

Luego atacaron a los paraísos fiscales, a quienes los consideraron una ‘competencia desleal’ y, para equilibrar los perjuicios de esa deslealtad, tomaron medidas correctivas. La más importante fue ‘penalizar’ las operaciones con paraísos fiscales, desconociéndolas como ‘gastos’ deducibles o exigiendo se justifique el valor de las operaciones con ‘estudios de precios de transferencia’. Los paraísos dejaron de serlo, porque ya no salía tan barato hacer negocios con ellos. Reducidos a la condición de ‘parias’ internacionales, los ‘paraísos fiscales’ tuvieron que reciclarse y reaccionaron alineándose con la tendencia antievasión.

Actualmente, en los antiguos paraísos fiscales ya no es posible tener vehículos legales anónimos (con títulos ‘al portador’) porque las leyes de esos territorios (algunos no llegan a ser países) lo prohíben o exigen a los administradores conocer y revelar quién es el último beneficiario detrás de esos vehículos. Aún más, para curarse en salud, esos territorios empezaron a celebrar muy agresivamente los convenios para el ‘intercambio de información’. En la definición moderna del término, ‘paraíso fiscal‘ ya no es el que no cobra impuestos a los no residentes, sino simplemente el que no intercambia información.

La batalla mayor fue contra los bancos. Estados Unidos fue muy práctico, les pidió que identificaran a los dueños de las cuentas secretas o que pagaran una multa de 30% del saldo de esas cuentas, lo que equivalía a suponer que el total de los depósitos eran renta no declarada. En simple, los bancos fueron obligados a pedir a sus clientes autorización para compartir data bancaria con el IRS (la Sunat americana) o a pedirles, con mucha cortesía, que se fueran a otro lado, porque ya no era tema sólo de pagar la multa, sino que si no compartían información pasaban a la ‘lista negra’ como protector de evasores.

La ley americana tiene un nombre ‘Foreing Account Tax Compliance Act’, cuya sigla FATCA ya suena en el Perú. En ese escenario, Estados Unidos empieza a celebrar masivamente convenios de intercambio, pero exige a los otros Estados data equivalente, esto es data bancaria. Así empieza la metástasis que sepulta el secreto bancario, porque los otros Estados replican la ley FATCA en sus propios territorios. Los europeos, tras la OCDE, no se quedan atrás y arman su propio círculo de intercambio, el ‘Common Reporting Standard’, de cuya sigla CRS también se viene oyendo en el Perú.

¿El Perú dónde está? Pues muy atrás en la lista de países que se van a incorporar a la red FATCA americana o a la red CRS europea. En parte porque somos de los pocos países que aún conservan el derecho al secreto bancario en la Constitución y en parte porque nos falta ‘institucionalidad’. Se dice en el cotilleo internacional, por ejemplo, que si se entrega data al Perú, llegará antes a la prensa amarilla que al juez. Lamentablemente es verdad. Por eso este gobierno, o cualquier otro que se respete, acelerará los procesos y las auditorías para dejar de ser mal vistos y para incorporarnos a esas redes contra la evasión fiscal.

Indicios de que es inminente: los bancos peruanos se están preparando para entregar información con mayor detalle que la data por el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), pregunten no más; la ley peruana ya ha adaptado la regla CFC (Controlled Foreign Corporation) de los Estados Unidos, que obliga a los residentes a declarar en el Perú las ganancias de las offshores y de los trust que controlan; el Tribunal Constitucional ya ha declarado que el secreto bancario no prevalece frente a la obligación de pagar tributos; y en la ley del impuesto a la renta cualquier patrimonio no justificado es una renta no declarada.

De modo tal que las últimas normas que otorgan más facultades a la Sunat no son maniobras malditas para ver cómo se cobran más impuestos internos. Forma parte de una tendencia internacional y son parte de las condiciones que nos exigen para ser aceptados en círculos privilegiados, como la OCDE. La meta del gobierno es lograrlo no más tarde del 2021. Cuando llegue ese momento, la Sunat podrá acceder a la data bancaria que han venido almacenando otros Estados. Será cuestión de tener un software apropiado para cruzar ‘big data’ para que quedemos totalmente desnudos, o calatos, frente a la Sunat.

En ese contexto, ¿qué hacer? Hay una suerte de amnistía que permite regularizar las rentas no declaradas contra el pago de un impuesto de 10%, que se puede reducir a 7% si el dinero se invierte en el Perú. Si no hubiese la amnistía, la regularización costaría una base de 35% más cinco puntos porcentuales de intereses por año. Financieramente conviene. La regularización estará vigente hasta el 29 de diciembre, ya viene el reglamento para despejar dudas. Si tiene rentas no declaradas, mejor regularizarlas ahora que cuesta poco. Después será inevitable que las descubran y el costo tributario será mucho mayor. Advertidos estamos.