AlfredoBullard
Prohibido Prohibir Por Alfredo Bullard

En mi último post (La ley del embudo: ¿Por qué que la propaganda política no se sujeta a las reglas que regulan la publicidad comercial?, publicado el 28 de febrero del 2011), sugería lo injusto que era sujetar al sector privado a reglas de publicidad comercial exigentes y con fuertes multas y dejar que los políticos pudieran hacer publicidad con absoluta libertad, incluso permitiendoles mentir. O a los dos se les daba la misma libertad o a los dos se les ponían los mismos límites. Pero darles un tratamiento asimétrico no tenía sentido.

Pocos post de este blog han generado tanto consenso. Más allá de ciertas precisiones conceptuales menores, virtualmente todos los comentaristas estaban de acuerdo con darles el mismo tratamiento.

Mi amigo Andrés Calderón me envió un correo electrónico y con mucho entusiasmo sugirió crear un observatorio ciudadano que se encargara  de (1) registrar las ofertas electorales de los candidatos, (2) monitorear la performance de los que resulten elegidos y (3) publicar aquellos casos en los que se incumplen las promesas.

La idea me parece estupenda. Y creo que podríamos ir un poco más allá.

El Estado asumió que podía controlar lo que hacemos los privados. Puede controlar el discurso comercial casi a su antojo. No importa que sea parte de la libertad de expresión. Ello le ha permitido desarrollar políticas sinceramente populistas y restrictivas de la libertad individual sin más límite que su propia definición de lo que considera bien común.

Para ello creó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y le dio facultades para controlar los actos de comercio e imponer sanciones sobre los particulares y las empresas.

Dado que el Poder Público ha usado sus potestades para fiscalizarnos y controlarnos, sugiero que Poder Privado cree también su mecanismo de control y sanción. Podríamos llamarlo Instituto de Defensa del Votante y del Privado (Indevopri). Así podríamos ponerle límites a lo que los políticos y funcionarios públicos pueden hacer. Solo que como será privado no podrá sancionar usando potestades públicas. Pero peude usar sus facultades privadas. Puede usar su libertad.

Lamentablemente el Indevopri no tendrá la facilidad de obtener recursos de los impuestos, ni podrá imponer cobros para hacer trámites y así obtener el dinero necesario para desarrollar su labor.

Pero la necesidad es madre de la inventiva. Lo que puede hacer, al igual que el Indecopi, es recabar información del mercado político (por ejemplo de la publicidad electoral) y ver si esta cumple  con ciertas reglas básicas, la más obvia: decir la verdad cumpliendo las promesas. Si se sanciona a una pasta de dientes por no darnos cierta protección ¿Por qué no sancionar a un congresista que nos dijo que habrían 2.5 millones de nuevos empleos? Si no es así se puede iniciar una acción (privada) de oficio. Pero el Indevopri podría recibir denuncias del público, de los ciudadanos, que deseen dejar sentada su queja.

Imaginemos que el Sr. López de Aliaga llega al Congreso y no puede cumplir con su promesa de una autopista de La Molina a La Marina simplemente por que no esta dentro de sus competencias. Sea por denuncia o de oficio, el Indevopri le notifica la acusación y le pide que haga sus descargos. Por supuesto que es probable que nunca conteste. Finalmente esta en su derecho. Con las pruebas que obran en el “expediente” el Indevopri puede dictar su decisión y multar al incumplidor hasta con 700 UIT. Por supuesto que nadie va a querer pagar. Pero la graduación de la multa sería una forma de indicar la gravedad de la falta. Podría darse publicidad de las decisiones para que los ciudadanos sepan como se comportan los que fueron elegidos con nuestros votos.

El tema podría ampliarse luego a instituciones públicas de todo tipo. Quien no cumpla con su labor se le puede abrir un procedimiento. Pero quizás comenzar con la Presidencia y el Congreso ya sería bastante trabajo.

Lo que es cierto es que hay que generar algún nivel de accontability aunque sea reputacional.

Por supuesto que no es un tema fácil de implementar y se requerirán recursos, en especial tiempo de quienes quieran colaborar. Abramos los comentarios para recibir propuestas que enriquezcan el esquema e ideas que ayuden a su implementación.

Si creo esencial crear algún nivel de simetría. Si el Estado se siente con autoridad para usar sus herramientas coercitivas para controlar a los ciudadanos, no veo por qué el sector privado no puede organizarse para fiscalizar y controlar lo público. Creo que lo puede hacer incluso, con mayor autoridad. Finalmente para algo pagamos nuestros impuestos.  Y si alguién pretende vivir de los impuestos, por lo menos podemos exigirle que no nos mienta.