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Las empresas encaran una mayor inseguridad jurídica tras las recientes directivas en materia de tercerización laboral. El campo es fértil para más controversias administrativas y judiciales.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió una denuncia presentada por Cosapi Minería y dispuso que ya no se le apliquen las disposiciones del MTPE en materia de tercerización laboral. La medida podría ser apelada y los efectos de la resolución quedarían suspendidos.

El protocolo de fiscalización establece que será de carácter “insubsanable” usar la figura de tercerización laboral para desarrollar actividades que forman parte del núcleo del negocio.

También serán multadas compañías que extingan los contratos de trabajadores tercerizados. Las multas serán impuestas a través de Sunafil. 

En caso las denuncias procedan como medidas cautelares, Indecopi “podría disponer la inaplicación temporal de dichas barreras burocráticas”. 

Cientos de empresas han presentado acciones legales para evitar el decreto que limita la tercerización. Ello les permite estar mejor protegidas si el Congreso no lo deroga antes de que venza el plazo para implementarlo.