De probarse que Graña y Montero conocía del supuesto pago de coimas de parte de su socia Odebrecht a Alejandro Toledo, la empresa peruana enfrentaría multas, reparaciones civiles y hasta su posible disolución.
Los accionistas ven la renuncia de la plana mayor de Graña y Montero como un buen paso para recuperar la confianza, pero aún existe un sentimiento de cautela. Recomponer el directorio será clave.