De probarse que Graña y Montero conocía del supuesto pago de coimas de parte de su socia Odebrecht a Alejandro Toledo, la empresa peruana enfrentaría multas, reparaciones civiles y hasta su posible disolución.
La constructora peruana —al igual que ICCGSA— busca dejar los concesionarios de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, obra por la que Odebrecht admitió haber pagado sobornos para obtener su adjudicación.
Ayer, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido US$20 millones de Odebrecht en su gobierno para favorecer a la forma en la licitación de la carretera Interoceánica. ¿Qué otras obras están en la mira?