La modificación del decreto por parte del Congreso dificulta la venta de activos y pone en riesgo inversiones por S/.4,579 millones. El gobierno pide precisiones, pero no eliminar modificatoria.
Los analistas consultados coinciden en que cambios a nivel del accionariado de Graña y Montero ayudarían a separar lo político de lo operativo, comercial y estratégico de la empresa.