De probarse que Graña y Montero conocía del supuesto pago de coimas de parte de su socia Odebrecht a Alejandro Toledo, la empresa peruana enfrentaría multas, reparaciones civiles y hasta su posible disolución.
La constructora peruana —al igual que ICCGSA— busca dejar los concesionarios de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, obra por la que Odebrecht admitió haber pagado sobornos para obtener su adjudicación.
Mientras no se esclarezcan las investigaciones relacionadas a Odebrecht, será difícil para Graña y Monero recuperar la confianza del mercado y retomar mayores tasas de crecimiento en el mediano plazo.