Qué está pasando

Tras la publicación de la norma, corresponde a la SBS establecer el procedimiento operativo para el retiro en un plazo no mayor a 15 días calendario. 

Señalaron que se ha iniciado acciones de fiscalización para conocer los niveles de exposición de los datos y sancionar a los responsables. 

Según el reporte, la decisión se sustenta en la mejora de los principales indicadores financieros de Open Plaza y de sus subsidiarias.

Por las responsabilidades civiles, la Contraloría demandará a los funcionarios y servidores por el perjuicio económico; por las penales, lo hará por delito contra la administración pública.

Según el gremio, información personal se habría comercializado por redes sociales. El gobierno ratificó que tomo conocimiento de la presunta filtración e informó que ha desactivado las páginas sospechosas.