MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

El año que se inicia estará marcado por tres grandes hechos: estaremos más cerca de las elecciones presidenciales del 2021, se inaugura un nuevo ciclo de gobiernos regionales y se espera que en el segundo semestre comiencen a subir algunas cotizaciones de los metales.

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, ha realizado declaraciones interesantes como el proponer la formación de una “mesa de diálogo” donde participe el gobierno central, a fin de evaluar el destino de los proyectos mineros. Como hemos venido sosteniendo en esta columna, un diálogo político es trascendente teniendo en cuenta las reservas que alberga Cajamarca, que contrasta con su bajo crecimiento económico.

El “cable a tierra” para los nuevos gobernadores vendrá en la primera quincena de enero, cuando la empresa minera más grande del mundo, que ha invertido más de US$800 millones en una exploración de más de 12 años en uno de los yacimientos más grandes del mundo (ubicado en Cajamarca), comunique al gobierno la posibilidad de una devolución.

Esta decisión no es la única. Corani ha anunciado que está en modo “pausa” buscando un financiamiento de US$600 millones, cuando la empresa tiene una capitalización de US$100 millones debido a un mercado bastante cauteloso.

En las carreteras seguimos viendo equipo minero trasladándose y esperemos que en el 2019 se prosiga la construcción  de las nuevas minas Quellaveco y Mina Justa, así como las ampliaciones.

Pero en el Perú hay una realidad: los problemas de la minería peruana no son solo conflictos sociales o tramitología, existen desafíos técnicos, además de leyes bajas (anti económicas) en la cartera de proyectos.

En todo el mundo se observa que los proyectos tienen que construir infraestructura común con proyectos vecinos, por lo tanto decir “este proyecto sale pero su vecino no” implica que lo más probable es que no salgan ninguno de los dos.

Desde hace siete años el BCR pregunta a empresas mineras, consultores y proveedores su percepción particular sobre la materialización de los proyectos en cartera: únicamente siete de los 26 proyectos que se encontraban con estudios ambientales aprobados cuando iniciaron esta encuesta están ahora operativos. La gran mayoría de ellos ha sido retrasada y corre el riesgo de no prosperar.

Lo que debería hacer el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es no distraer esfuerzos, y acopiar toda la información de los proyectos que le están devolviendo, porque puede ser útil dentro de 20-30 años, cuando la innovación los haga posibles.