Juan Rosales Arenas

El Covid-19 pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas, las cuales evalúan alternativas legales para pactar nuevas condiciones con sus clientes y proveedores.

Las empresas peruanas empiezan a evaluar distintas medidas para sobrevivir al Covid-19, siendo la más extrema la suspensión de labores, que implica no pagar planillas. Pero es poco probable que estos casos obtengan luz verde del Ministerio de Trabajo.

El proyecto de ley de Podemos Perú plantea devolver el fondo al afiliado que no haya aportado por más de tres años. Esto afectaría principalmente a los trabajadores que estarían lejos de la jubilación y les quitaría la posibilidad de tener una pensión.

Las restricciones del estado de emergencia han elevado el riesgo de incumplimiento de obligaciones ante la Sunat, como la declaración de impuesto a la renta del 2019. La autoridad ha dispuesto que no se apliquen multas, pero las empresas deberán pagar intereses si hay demoras.

Las empresas tendrían que otorgar licencias con goce de haber a los trabajadores que no puedan movilizarse a sus centros de labores y cuyas funciones no puedan ser realizadas de forma remota.

La ATU evalúa dictar una norma para que los conductores que trabajan mediante aplicativos cumplan con los mismos requisitos del taxista tradicional, lo que desincentivaría la afiliación de usuarios en esas plataformas y reduciría el número de conductores activos.