MauricioOlaya
Directores al Día Por Mauricio Olaya

En los últimos meses se han aprobado diversas normas referidas a ciertas “obligaciones” asignadas a los directores en su condición de máxima instancia de administración y gestión de las empresas.

Estas “obligaciones” buscan convertir a los directores, de una u otra forma, en “aliados” del Estado en la prevención de ciertos actos ilícitos, ilegales o no deseados.

La forma indirecta de hacerlo constituye el hecho de atribuirles responsabilidad de carácter penal o patrimonial en caso no realicen acciones concretas tendientes a velar por que en las empresas no se lleven a cabo las conductas no queridas.

Es decir, ya no basta para un director decir: “a mí no me responsabilicen porque no sabía nada”, ya que justamente por no saber nada no hiciste nada y de esa manera contribuiste a que se produzcan los hechos.

En pocas palabras, siendo el directorio la máxima instancia de gestión de una empresa pudo haber dispuesto la adopción de ciertas políticas o procedimientos internos o, en términos generales, planes de prevención que impidieran que se lleven a cabo las conductas no deseadas.

A la fecha podemos distinguir en el Perú, entre los más recientes, algunos temas que apuntan a sancionar, de una u otra forma, a los directores o representantes legales en general: (i) la corrupción de funcionarios públicos, (ii) la elusión fiscal y (iii) la identificación del beneficiario final.

Siendo así le sugerimos que como director se preocupe de incluir en la agenda de su próximo directorio, como mínimo, los siguientes puntos:

  1. Informe sobre avances relacionados con la implementación del plan de prevención en temas de corrupción de funcionarios públicos.
    Con relación a este punto de agenda, si el plan de prevención hubiese sido trabajado el año pasado, cuando salió la ley, deberá indicarse también el informe sobre la adecuación del plan de prevención en temas de corrupción de funcionarios públicos a las disposiciones del reglamento publicado en enero.
  2. Informe de la gerencia general sobre el levantamiento de las transacciones u operaciones llevadas a cabo por la sociedad desde el 2012, con la finalidad de ratificar que ninguna de ellas constituye un supuesto de elusión fiscal.
    Con relación a este tema deberán preocuparse de que al menos la gerencia general haya dispuesto la realización de un proceso de due diligence de las transacciones y operaciones, y requerido la elaboración de un informe a los funcionarios competentes de la empresa o a algún asesor externo que valide la inexistencia de algún supuesto de elusión fiscal.
  3. Identificación de beneficiarios finales
    Con relación a este punto se deberá solicitar a la gerencia general la presentación de la información sobre la identificación de beneficiario final que a la luz de la reciente regulación deberá tenerse a disposición para evidenciar quiénes son los accionistas con más de 10% del accionariado de una empresa o quienes ejercen el control de la misma.