La decisión se sustenta en que la Ley del Impuesto a la Renta presume que las sucursales son personas jurídicas domiciliadas en el país y, por lo tanto, están sujetas al pago por distribución de dividendos.

La medida podría modificar la estructura de ingresos del sector, que se apoya en el overbooking para mantener costos bajos y ofrecer tarifas más competitivas.

El proceso iniciado por Rutas de Lima podría llevar a la Municipalidad Metropolitana a asumir una concesión cuya deuda, paradójicamente, la obligaría a mantener el cobro de peajes.