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El fin del conflicto por los activos de la minera dependerá del interés de sus acreedores laborales por recibir acciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya como parte de pago y de la venta de la mina Cobriza, hoy paralizada.

El estado de emergencia por el Covid-19 gesta potenciales conflictos en el sector minero. Las compañías tendrán que prepararse en dos frentes: el de las comunidades en sus zonas de influencia y el de sus propios trabajadores.

La reactivación de la capacidad productiva del sector minero llegará a inicios del tercer trimestre del año, pero no será suficiente para paliar los menores precios de los metales por la crisis del Covid-19 ni los malos resultados que se registrarán durante el primer semestre del 2020.

La menor producción por el actual estado de emergencia y los bajos precios de los metales hacen que el 2020 sea casi un año perdido para las mineras peruanas. Los proyectos mineros en construcción también se verían impactados: Mina Justa podría retrasar su inicio de producción al 2021.

Las mineras peruanas mantendrán un nivel mínimo de actividad en sus operaciones para evitar mayores riesgos a las poblaciones aledañas y a su personal en mina. Hasta que acabe el estado de emergencia, éste tendrá que hacer la 'cuarentena' en los campamentos.

La decisión del gobierno de presentar una cuestión de confianza posterga la posibilidad de que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional, lo que tendría repercusiones en demandas que involucran a empresas.