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CADE 2022. La fiscal de la Nación remarcó que el Congreso es el único responsable de tramitar la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo. A su turno, la presidenta del Poder Judicial, Elva Barrios, solicitó convocar un Consejo de Estado.

La entrada en vigencia de la sanción penal por conductas anticompetitivas exige a las empresas una mayor prevención y estrategias más sofisticadas., sostiene Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz.

La obligación de implementar protocolos de prevención contra el Covid-19 supone un mayor riesgo penal para las empresas, sostiene Augusto Linares Muñoz, socio del estudio Linares Abogados.

Si el Poder Judicial incorpora penalmente a 16 empresas —Obrainsa, Graña y Montero SA y San Martín Contratistas Generales, entre otras constructoras— en el caso, éstas optarían por crear un fideicomiso que garantice la eventual reparación civil y evitar mayores riesgos.